Las 'mordidas' del caso Koldo ponen el foco sobre empresas andaluzas

La investigación del caso Koldo ha puesto el foco en Andalucía como una de las comunidades autónomas más afectadas por la presunta trama de corrupción en obra pública. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se hizo público la semana pasada, cinco de las ocho provincias andaluzas registran adjudicaciones bajo sospecha.

Sevilla, Granada, Jaén, Almería y Málaga aparecen como escenarios de presuntas adjudicaciones irregulares orquestadas desde el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, con la intermediación de su asesor Koldo García y el apoyo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

Las presuntas adjudicaciones fraudulentas y las comisiones ilegales habrían alcanzado, según fuentes próximas al caso, más de un millón de euros solo en territorio andaluz. La cifra exacta podría ser mayor, ya que la investigación sigue abierta y abarca numerosas obras públicas en varias provincias andaluzas.

Solo en la ampliación de los carriles del Puente del Centenario en Sevilla la UCO estima que Ábalos y Cerdán, con la ayuda de Koldo García, podrían haber cobrado hasta 550.000 euros en comisiones.

Existen otras obras bajo sospecha en Andalucía, como la ampliación de la carretera N-IV (Sevilla-Cádiz), el Club de Natación Sevilla, el Corredor del Mediterráneo de Alta Velocidad entre Pulpí y Vera (Almería), la autovía A-32 y la carretera N-322 en Jaén.

El informe de la UCO recoge pagos en especie, contratos a familiares y entregas de dinero en efectivo a través de intermediarios, aunque no se detalla la cifra total que podría afectar a obras, compañías y empresarios de Andalucía.

Granada, epicentro de la trama empresarial

La UCO establece en la provincia de Granada el epicentro andaluz de la red empresarial investigada. Cuatro empresas granadinas ocupan un papel central en la trama: Áridos Anfersa SL, con sede en Baza; Obras Públicas y Regadíos (OPR) en Peligros; Mer Construcciones, en Huétor Vega; y Construcciones Pérez Jiménez SL.

Áridos Anfersa SL, propiedad de Francisco Coca Sánchez, experimentó un crecimiento exponencial entre 2021 y 2023. La compañía multiplicó por cinco el número de contratos adjudicados, pasando de 18 a 103 licitaciones en solo dos años. En términos económicos, sus ingresos por adjudicaciones públicas se dispararon de 1,94 millones a 7,26 millones de euros. La empresa, especializada en áridos y obras civiles, se convirtió en el principal vehículo para canalizar pagos que otras empresas de la trama no se atrevían a realizar directamente.

El informe de la UCO destaca que Áridos Anfersa participó en adjudicaciones mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE) que no estaban constituidas en el momento de la licitación, una práctica que facilitaba la manipulación de concursos. Entre sus contratos más significativos figura la adjudicación de ADIF del 25 de mayo de 2022 por aproximadamente 600.000 euros, obtenida a través de una UTE con OPR que aún no había sido formalizada.

Este crecimiento coincide temporalmente con la contratación de Patricia Uriz, ex pareja de Koldo García, por un salario de 1.300 euros mensuales sin funciones laborales reales documentadas. Los investigadores no detectaron actividad laboral presencial por parte de Uriz, cuyas rutinas diarias se centraban en Polop de la Marina (Alicante). Los pagos reales a Uriz ascendieron a 13.796,77 euros netos, superiores a los 7.791,55 euros declarados oficialmente.

Obras Públicas y Regadíos (OPR), dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Martínez, también registró un incremento significativo de adjudicaciones con ADIF y la Dirección General de Carreteras. La empresa, con sede en Peligros, se especializó en construcción y obras públicas, estableciendo una estrategia coordinada con Áridos Anfersa para maximizar adjudicaciones a través de la UTE Motril Sur, constituida el 22 de julio de 2022.

Mer Construcciones, con sede en Huétor Vega, aparece vinculada a Fernando Merino, ex directivo de Acciona en Granada. Esta empresa sirvió como nexo de unión entre la multinacional y las empresas locales granadinas, facilitando el intercambio de información sobre concursos públicos.

Construcciones Pérez Jiménez SL completa el entramado empresarial granadino bajo investigación. Antonio Fernández Martínez ejercía como director gerente de esta compañía, además de sus responsabilidades en OPR, lo que evidencia la interconexión entre las diferentes empresas de la trama.

Registros en Granada

La Guardia Civil ha realizado hasta la fecha (los últimos, la semana pasada), registros en tres localidades granadinas: Huétor Vega (domicilio de Fernando Merino), Baza (domicilio de Antonio Fernández) y Peligros (sede de OPR).

Los investigadores también solicitaron información a la Caja Rural de Granada sobre cuentas y movimientos bancarios de las empresas investigadas.

Acciona y las grandes adjudicaciones

La multinacional Acciona aparece como la gran beneficiaria de la trama a nivel nacional. Entre 2019 y 2021, la empresa obtuvo al menos cinco grandes adjudicaciones por valor superior a 500 millones de euros, según documenta la UCO. En Andalucía, Acciona se adjudicó obras significativas como la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla y participó en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad entre Pulpí y Vera (Almería).

La investigación revela que Acciona habría participado en la manipulación de concursos públicos mediante el pago de comisiones ilegales, beneficiándose de información privilegiada proporcionada por la red de contactos de Koldo García. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, mantuvo reuniones directas con el ex ministro Ábalos, según documenta la UCO.

Otras empresas investigadas

Además de las firmas andaluzas, en el informe aparecen mencionadas otras en esta red de empresas beneficiarias de adjudicaciones bajo sospecha. Es el caso de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), que se adjudicó trabajos en la carretera N-322 en Úbeda (Jaén). La empresa está vinculada a José Ruz Martínez, que recibía pagos regulares de 1.100 euros mensuales hasta noviembre de 2023.

El entramado empresarial investigado incluye también compañías navarras como Noran Coop y Servinabar, vinculadas a Joseba Antxón Alonso Egurrola, quien gestionó movimientos económicos de 360.165,62 euros entre 2016 y 2023.

Red de empresarios bajo investigación

La UCO ha identificado una red de empresarios que actuaban de forma coordinada para obtener adjudicaciones irregulares.

Fernando Merino Vázquez, ex directivo de Acciona en Granada, sería la figura central de esta red. Domiciliado en Huétor Vega, Merino fue despedido de Acciona el 12 de abril de 2021, tras quedar al descubierto su participación en la trama.

Merino mantenía contacto con Koldo García desde 2015 y gestionó cinco contratos por valor de 537 millones de euros en diferentes comunidades autónomas. Su posición como cuñado de los hermanos Fernández de OPR facilitó la coordinación entre las empresas granadinas y la multinacional Acciona.

El informe de la UCO apunta a los hermanos Fernández Martínez como núcleo empresarial local de la trama. Daniel Fernández, administrador mancomunado de OPR, actuaba como intermediario entre Áridos Anfersa y Koldo García, gestionando la contratación de Patricia Uriz y facilitando los pagos encubiertos.

Antonio Fernández, apoderado de OPR y director gerente de Construcciones Pérez Jiménez, aportaba su experiencia como ex asesor en la Delegación del Gobierno en Andalucía para acceder a información privilegiada sobre concursos públicos.

Por su parte, Francisco Coca Sánchez, propietario de Áridos Anfersa, participó en reuniones clave con Ábalos y Koldo García, incluida la cena en el Parador de Granada, previa a la toma de posesión del alcalde de la ciudad. Esta reunión precedió a importantes adjudicaciones posteriores para su empresa.

Aunque no andaluz, Joseba Antxón Alonso Egurrola gestionaba empresas navarras que canalizaban pagos hacia la trama. Sus empresas Noran Coop y Servinabar movieron 360.165,62 euros entre 2016 y 2023, de los cuales él cobró 177.000 euros frente a los 8.738 euros que recibió Koldo García.

El último de los empresarios citados por la Guardia Civil es José Ruz Martínez, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción. Según los investigadores, recibía pagos regulares de 1.100 euros mensuales hasta noviembre de 2023, participando en adjudicaciones como la A-12 (Camino de Santiago), obras en Dos Hermanas y Los Palacios, la estación AVE de Elche y carreteras en Teruel.

Cómo actuaba la trama

La UCO ha documentado un patrón de actuación que incluye la manipulación de concursos públicos mediante el intercambio de información privilegiada y el pago de comisiones ilegales. Las empresas andaluzas utilizaron fórmulas como las Uniones Temporales de Empresas (UTE) para maximizar sus posibilidades de adjudicación.

Un ejemplo paradigmático es la UTE Motril Sur, constituida el 22 de julio de 2022 por Áridos Anfersa y OPR para optar a contratos de ADIF. Esta UTE se adjudicó trabajos en la Ronda Sur de Motril por 2,6 millones de euros, tras una reunión previa en el Parador de Granada entre Ábalos, Koldo García y empresarios granadinos.

Obras bajo sospecha por provincias

Sevilla concentra el mayor número de adjudicaciones investigadas, con tres obras principales:

• La ampliación del Puente del Centenario (SE-30), cuyo coste se disparó de 71,5 millones a 130 millones de euros
• El desdoblamiento de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios
• Las obras de reforma del Club de Natación Sevilla

Almería registra la adjudicación más cuestionada: el tramo Pulpí-Vera del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, por 121 millones de euros. Según la UCO, la UTE Ferrovial Agroman-Acciona Construcción resultó adjudicataria pese a presentar la segunda oferta más cara entre 14 licitadoras.

Jaén aparece con dos obras bajo sospecha: trabajos en la Autovía A-32 y la carretera N-322 en Úbeda, adjudicada a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Málaga se investiga por la presunta financiación ilegal del PSOE provincial, con especial atención a la red de contactos de Ana Fuentes, diputada socialista y ex coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud.