Iberdrola y CIP recurren en los tribunales la paralización de su proyecto eólico marino por Trump

Vineyard Wind, la empresa conjunta entre la filial en Estados Unidos de Iberdrola, Avangrid, y la firma Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ha presentado una solicitud en un tribunal federal de Massachusetts para obtener una orden judicial contra la suspensión de obras de la administración de Donald Trump para su parque eólico marino (offshore) Vineyard Wind 1.

La sociedad presentó una orden de restricción temporal y una medida cautelar ante el tribunal impugnando la orden de suspensión emitida por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior de los Estados Unidos del pasado 22 de diciembre, que detuvo las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos, entre ellos Vineyard Wind 1.

Según ha indicado en un comunicado, Vineyard Wind continúa trabajando con la Oficina de Gestión de Energía Oceánica, la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, "y otras partes interesadas y autoridades pertinentes de la Administración para comprender los asuntos planteados en la orden".

Argumentos del recurso

No obstante, la joint-venture entre Avangrid y CIP considera que la orden "viola la legislación aplicable y, de no ser prontamente derogada, provocará daños inmediatos e irreparables al proyecto y a las comunidades que se beneficiarán de esta fuente crucial de energía para la región de Nueva Inglaterra".

El impacto de la orden en el caso de Vineyard Wind 1 no afectaba al 80% del proyecto de Iberdrola y CIP, ya que solamente se aplicaba en los activos que no se encontraban en operación.

El proyecto Vineyard Wind 1

Vineyard Wind 1, que ya desde principios de 2024 había ido completando trabajos de puesta en marcha, contaba así con la mayor parte de sus aerogeneradores ya produciendo energía desde hace meses para cerca de 400.000 hogares en Massachusetts, y apenas quedaban dos de las 62 torres del parque por instalar.

Vineyard Wind 1 constará de ese total de 62 aerogeneradores -del modelo GE Haliade-X con una potencia de hasta 13 megavatios (MW) cada una- con capacidad para generar 806 MW, suficientes para abastecer a más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts.

Junto a Vineyard Wind 1, los parques en construcción afectados por la decisión eran Revolution Wind, de 704 megavatios (MW) de Orsted; Sunrise Wind, de 924 MW; Coastal Virginia Offshore Wind, de 2.600 MW; y Empire Wind 1, de 810 MW y de Equinor.

Fallo favorable para Skyborn y Orsted

El pasado lunes, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ya concedió la medida cautelar solicitada por Revolution Wind, empresa conjunta al 50% entre Skyborn Renewables (Global Infrastructure Partners) y la danesa Orsted, en relación con la orden de suspensión que afectaba al parque eólico marino en construcción frente a la costa de Rhode Island (EEUU) y que fue emitida el pasado 22 de diciembre por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior.

Asimismo, este mismo jueves otra orden judicial fue concedida al proyecto Empire Wind 1 de Equinor, impidiendo así la aplicación de la orden de cierre del presidente Donald Trump y despejando el camino para que sus obras puedan ser reanudadas.

Gran proyecto offshore en EEUU

Vineyard Wind 1 es la primera y gran instalación eólica offshore de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.

El pasado mes de septiembre la Administración de Donald Trump, dentro de su cruzada contra este tipo de renovables, ya puso en el foco a dos proyectos eólicos marinos de Iberdrola -New England Wind 1 y 2- al retirar la autorización para su construcción, aunque ninguno de ellos estaban iniciados.

Las órdenes de suspensión de obras y las retiradas de permisos, o la amenaza de hacerlo, se han sucedido en diversos parques eólicos offshore desde la llegada del nuevo Gobierno estadounidense.