Carmen Pérez
Mandar a toda costa
Iberdrola presentó un escrito al Tribunal Supremo el pasado 30 de mayo para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar el cero energético del pasado 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin luz durante horas.
Según ha avanzado el diario Público y han confirmado a EFE fuentes al tanto de la causa, Iberdrola presentó este escrito al tribunal antes de que el 17 de junio se presentara públicamente el informe elaborado por dicho comité sobre las causas del apagón y de que en este se manifestara su naturaleza normativa.
La empresa busca conocer si existe cobertura jurídica para este comité que creó el Gobierno, que tenía como objetivo analizar las causas del apagón, para lo cual solicitó información a las empresas y envió técnicos a sus instalaciones.
En el escrito presentado, según apuntan las mismas fuentes, se duda de la cobertura legal adecuada para las funciones realizadas por el citado comité.
Así, señalan que este se creó por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para el ejercicio de funciones en materia de gestión de una crisis, sin que se hubiera declarado la existencia de una situación de interés para la Seguridad Nacional por el presidente del Gobierno, por lo que estima que este carece de esa cobertura jurídica.
Asimismo, consideran necesario que el ministerio aporte al tribunal la documentación normativa que soporta la creación y actuaciones del comité para poder establecer el valor jurídico del informe emitido por dicho comité, a efectos de procedimientos administrativos y judiciales.
Por otra parte, en el informe publicado por el comité el pasado 17 de junio, dentro del epígrafe de finalidad y funciones, se apunta que el Consejo de Seguridad Nacional adoptó en su reunión del 30 de abril la directriz de crear este consejo en virtud del artículo 21.1 a) de la ley de Seguridad Nacional.
Asimismo, el mismo texto señala que "en el ámbito de las competencias que le son propias, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, y en ejercicio de las que le atribuye el artículo 16 de la citada Ley de Seguridad Nacional, ejecutó la referida directriz".
Además, recoge el texto que este se creó con la naturaleza de grupo de trabajo, de acuerdo con la normativa de Régimen Jurídico del Sector Público.
Según apuntó el ministerio en una nota de prensa al anunciar su creación, este comité -además de por representantes del propio ministerio- estaba integrado por representantes de Presidencia del Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional.
Así como por otros ministerios, como el de Defensa, con el Centro Nacional de Inteligencia y el Estado Mayor; el ministerio del Interior, por medio del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación Cibernética; y el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
También formaban parte del mismo otras entidades, como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.
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