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La deuda pública es uno de los indicadores más vigilados de la economía porque refleja la magnitud de los compromisos que el Estado asume frente a terceros. Su análisis se lleva a cabo en un doble sentido: por una parte, se observa la deuda en términos absolutos -la cantidad total que se debe- y por otra, en términos relativos, esto es, su proporción respecto al PIB. Mientras el volumen absoluto nos indica cuánto se ha acumulado, la ratio relativa nos dice qué capacidad tiene el país para afrontarlo, porque compara la deuda con el tamaño de la economía que debe sostenerla.
Según los datos publicados por el Banco de España hace unos días, en junio de 2025, la deuda pública española alcanzó los 1,691 billones de euros, una cifra récord que sigue la tendencia ascendente de los últimos años. Hace justo un año, en junio de 2024, se situaba en torno a 1,625 billones, lo que implica un aumento de 66.000 millones de euros en solo doce meses. Si ampliamos el foco, la comparación es aún más contundente: en junio de 2020, la deuda era de unos 1,357 billones de euros, lo que significa que en apenas cinco años ha crecido en más de 330.000 millones de euros.
Ahora bien, cuando pasamos a los términos relativos, el panorama cambia. La ratio deuda/PIB relaciona el pasivo acumulado con la producción anual del país, y en junio de 2025 esa ratio fue del 103,4%, lo que supone una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto al 105,3% registrado en junio de 2024. Y si echamos la vista atrás, hace cinco años la deuda equivalía al 95% del PIB, lo que revela un deterioro estructural, aunque con una cierta mejora reciente gracias al crecimiento económico. Conviene recordar, en todo caso, que la recomendación europea es mantenerse en el 60%, muy lejos de nuestra realidad.
Estos datos muestran cómo una economía en expansión ayuda a absorber parte del peso de la deuda, aunque la bola de nieve siga creciendo. El problema es que esta dinámica depende del ciclo. Unos años de bajo crecimiento o recesión dispararían la ratio, porque la economía se reduciría, el gasto social sería mayor, y la deuda seguiría aumentando. En ese contexto, los inversores suelen reaccionar con dureza, exigiendo primas de riesgo más elevadas, lo que encarece la financiación y retroalimenta el déficit a través de mayores intereses, pudiendo desatarse un ciclo perverso. Ahí está la fragilidad de nuestra posición: basta con que el crecimiento se detenga para que el maquillaje del PIB desaparezca y la deuda muestre su verdadero rostro.
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