Desbroce judicial en Abengoa

Este 2025 que ahora expira se han cumplido diez años de la caída a los infiernos de Abengoa. En un verano de 2015 de desplome bursátil y cuando estaba a punto de cerrarse una ampliación de capital, el consejo de administración se vio forzado a destituir a Felipe Benjumea Llorente, hijo de uno de los fundadores de la compañía, como presidente de la empresa. Quedó desvinculado en marzo de 2016, tras una breve etapa en la que permaneció como asesor y pronto se sucedieron acciones judiciales contra el consejo que él presidía. Un decenio después todas las causas contra esos gestores no han tenido más consecuencias que las que ha provocado una enorme pérdida patrimonial en las familias fundadoras de Abengoa y en el conjunto de los accionistas previos y posteriores, que perdieron toda la inversión.

Hace cinco días, el 16 de diciembre de 2025, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el archivo del caso Medina-Meca y Felipe Benjumea quedó exonerado por tercera vez. Ese auto cierra la vía penal abierta hasta ahora contra su actuación y permite ordenar el ciclo judicial en dos etapas de gestión bien diferenciadas: hasta 2015, con Benjumea al frente y destituido por exigencia del Banco Santander en plena negociación de una ampliación de capital; y después de 2015, una etapa que desencadenó el primer preconcurso, encadenó falsos rescates porque el objetivo real de las reestructuraciones nunca fue salvar la compañía, que terminó en concurso y liquidación del perímetro histórico, lo que ha dado lugar a una querella criminal contra los gestores posteriores, encabezados por el consejo que presidió Gonzalo Urquijo, destituido esta semana en Talgo tras su rescate por un consorcio vasco, y Christian Ander Digemose, acusado de ejercer administración de hecho en nombre de los acreedores

Tres pleitos, tres exoneraciones  

La primera gran ofensiva judicial llegó con la querella por las indemnizaciones percibidas por Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega tras su salida de la compañía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y dos bonistas acusaron a ambos de administración desleal, al considerar que los pagos –11,4 millones para Benjumea y 4,5 millones para Sánchez Ortega– eran desproporcionados y lesivos para la sociedad en vísperas del preconcurso.

La defensa sostuvo que las compensaciones estaban previstas en los contratos, aprobados por los órganos competentes y ajustados a la normativa. El tribunal dio la razón a esta tesis: tras valorar la abundante prueba documental y testifical, concluyó que no hubo ánimo de perjudicar a la empresa ni apropiación indebida. Sentencia: libre absolución para todos los acusados.

Pero esa causa no fue la única que instruyó la Audiencia Nacional. La denominada Plataforma de Perjudicados por Abengoa SA, una agrupación de accionistas de la que no ha quedado nunca clara su financiación, presentó otra querella, el denominado caso Abengoa II, contra Benjumea y Sánchez Ortega por presuntos delitos societarios y delitos relativos al mercado y consumidores, al denunciar que dos filiales (Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía) habrían ocultado su realidad económico-financiera entre 2014 y 2016 mediante “artificios”, con “groseras inexactitudes” dañinas para accionistas, socios y terceros. La querella se amplió a Deloitte y a algunos de sus auditores.

Las defensas negaron la existencia de manipulación contable o de ocultación dolosa, sostuvieron que las cuentas y la información financiera se elaboraron con arreglo a la normativa aplicable y se auditaron, y que no concurrían los elementos típicos de los delitos invocados –ni el societario del artículo 290 del Código Penal (CP) ni el del mercado del 282 bis–. El Ministerio Fiscal propuso el sobreseimiento por apreciar falta de indicios suficientes. 

Y esa, precisamente, fue la decisión que tomó el juez encargado de la instrucción en la Audiencia Nacional: el magistrado Ismael Moreno acordó el sobreseimiento y archivo al apreciar que “no aparecen debidamente justificados” los delitos investigados y que no concurren los requisitos que exige el Código Penal y la jurisprudencia del Supremo para configurar un delito societario o delito relativo al mercado y consumidores, ni otros. La Audiencia Nacional ratificó ese archivo definitivo de la causa para todos los investigados, incluido el auditor, Deloitte, hace pocas semanas.

La Plataforma de Perjudicados de Abengoa no cejó en su empeño de responsabilizar al consejo que hubo hasta septiembre de 2015. En paralelo denunció falseamiento de cuentas en relación con los proyectos del AVE Meca-Medina (catenaria, subestaciones y edificios técnicos), e interesó la investigación de Felipe Benjumea –imputado en septiembre de 2021– y de otros directivos por un delito societario. El hilo argumental: manipulación de costes, de márgenes, del cash flow o de provisiones para alterar el resultado del proyecto. 

Las defensas sostuvieron que no existió manipulación contable y que los datos de obra y financieros eran veraces. Respaldaron su posición en el informe pericial judicial encargado por el juzgado, que revisó documentación extensa del proyecto.

En julio de 2023, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla acordó el archivo tras valorar el informe pericial judicial, que concluía que no constaba manipulación de costes, márgenes, cash flow, presupuestos, imputaciones cruzadas de costes, provisiones falsas o uso del tipo de cambio para alterar resultados. La jueza resaltó que la prueba pericial encargada se elaboró con toda la documentación necesaria, a diferencia del informe de parte de la querellante, elaborado por KPMG, que consideró “sesgado” y carente de juramento o promesa pericial.

La semana pasada, la Audiencia de Sevilla avaló el archivo y corroboró que faltaban “indicios objetivos y racionales de criminalidad”. Conclusión judicial: no hubo base suficiente para continuar el procedimiento penal. Tercera exoneración.

Sobre esta etapa hubo también una acción judicial en sentido contrario: Benjumea e Inversión Corporativa, el vehículo inversor de los accionistas históricos de Abengoa, llevaron a la jurisdicción civil su controversia con la banca por la fallida ampliación de capital de 2015: reclamaron 1.000 millones de euros a Santander y HSBC. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la demanda por ausencia de relación contractual directa, aunque en diciembre de 2023 el Tribunal Supremo admitió un recurso para revisar el pronunciamiento y está pendiente de resolución.

Querella contra la etapa de Urquijo

El desbroce judicial vivido en las causas conocidas de la etapa previa a la destitución de Benjumea no se ha producido en las causas abierta contra la gestión posterior en Abengoa.

En estos diez años se produjeron hechos graves y que determinaron el camino a la liquidación de la histórica compañía, como la suspensión de la cotización el 14 de julio de 2020 que también dio lugar a un pleito. La CNMV explicó semanas después que Abengoa no había formulado ni auditado las cuentas de 2019, se hallaba en causa de disolución y había activado el 5 bis (preconcurso de acreedores), lo que impedía una negociación normal y un precio con información suficiente. Nunca volverían a negociarse títulos y los accionistas siguen atrapados sin poder declarar siquiera las pérdidas fiscales. El supervisor bursátil sancionó en 2021 con 20.000 euros por consejero al órgano presidido por Gonzalo Urquijo por no remitir en plazo la información financiera anual. El recurso de esos consejeros contra la sanción se sustanció ante la Audiencia Nacional, que confirmó esas multas en 2022. 

La única causa activa hoy es la querella de Inversión Corporativa contra el consejo presidido por Gonzalo Urquijo por delitos societarios. Se presentó en junio de 2020 inicialmente ante la Audiencia Nacional contra el consejo presidido por Gonzalo Urquijo, que gobernó entre finales de 2016 y noviembre de 2020, que incluye como acusados a Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre. También a Josep Piqué Camps, contra el que ya no se sigue la causa porque falleció.

Tras declararse incompetente, la que querella se presentó tras el verano del 2020 en los juzgados de Sevilla. La instruye el número 8 de Primera Instancia e Instrucción de la capital hispalense, que junto con la Fiscalía Provincial, trataron de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, que insistió en no ser competente. El Supremo le dio la razón y la causa quedó definitivamente en Sevilla.

Aunque la querella se interpuso contra la última reestructuración financiera ejecutada en Abengoa, lo cierto es que la causa investiga todo el proceso desde que la empresa quedó en manos de un consejo afín a los acreedores.

Los querellantes acusan a los gestores –a los que luego unieron al financiero Christian Anders Digemose, al que señalan como administrador de hecho en nombre de los principales acreedores– del vaciamiento patrimonial de Abengoa y favorecer a los acreedores financieros, en perjuicio de la sociedad y de los accionistas minoritarios.

Alegan que su han podido cometener delitos societarios (artículo 291 CP), delito relativo al mercado y consumidores (artículo 282 bis CP) por omisión u ocultación de información económico-financiera, además de un eventual delito de administración desleal y otro de negativa de información a socios.

A la iniciativa penal de IC se sumaron más de un centenar de accionistas minoritarios. La causa, de gran complejidad y que afecta a miles de personas en toda España, sigue instruyéndose.