Fondos europeos y prima de riesgo

Con la mirilla enfocada a la CNMV a la espera de que el viernes se conozca el resultado de la opa más larga de la historia de España (y casi del mundo), la mano en el interruptor de la luz ante las advertencias de un posible nuevo apagón, el oído en el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de alargar el permiso por fallecimiento y la estupefacción por la petición de Trump de echar a España de la OTAN mientras se retorcía por no haber sido el recibidor del premio Nobel de la Paz tras su intervención en el alto el fuego en Gaza (al menos, recayó en su aliada venezolana María Corina Machado), ha transcurrido una semana en la que también ha trascendido el toque de atención que ha recibido España de Bruselas por la evolución de los fondos Next Generation.

El caso es que, a menos de un año para que termine el plazo para que los gobiernos soliciten los fondos que faltan por entregar, Bruselas ha avisado de que 14 países arrastran retrasos en su ejecución. Y España, principal beneficiario solo superado por Italia, figura entre ellos. Por un lado, la Comisión Europea ha apremiado al Gobierno a acelerar el ritmo de ejecución para completar los compromisos pendientes y desbloquear las asignaciones; por otro, el informe anual sobre la ejecución del Presupuesto del Tribunal de Cuentas de la UE ha señalado deficiencias en el sistema de control de las ayudas públicas e insuficiencias en la justificación de las peticiones de desembolsos. Según el informe, además, se han producido irregularidades en el cumplimiento en los fondos recibidos para la reforma de pensiones.

Los fondos se transfieren mediante subvenciones (transferencias a fondo perdido) y créditos (hay que reembolsarlos). España los repartió entre las posibilidades y ha recibido 55.000 millones de euros de ayudas no reembolsables y préstamos por 16.200. Tiene pendientes subvenciones por 25.000 millones y créditos por 67.000. Ante el riesgo de perder los fondos, el Ejecutivo español ha pedido a Bruselas que flexibilice las condiciones y, así, evitar recortes en los pendientes. Aunque puede suponer un tachón en la evolución económica de lo que en algunos países europeos han denominado “el milagro español”, es verdad que la situación no es la misma que cuando se establecieron los fondos Next Generation tras la pandemia. Desde entonces, España ha mejorado todos los indicadores y superado en gran medida los desequilibrios presupuestarios, lo que ha supuesto un atractivo que antes no tenía y que permite afrontar la situación con más garantías y menos vulnerabilidades.

La economía crece el doble que la media de la eurozona y el déficit está ajustado en el límite del 3%, mientras la balanza de pagos ofrece superávit. Durante las últimas semanas se han encadenado las revisiones de las proyecciones de crecimiento, tanto de organismos internacionales como de instituciones españolas. La OCDE, el Banco de España y Funcas elevaron al 2,6% el crecimiento de 2025, ratificando los adelantos del FMI. El Gobierno fue un poco más optimista y lo colocó en el 2,7%. Y, para rematar, el servicio de estudios de CaixaBank lo ha aumentado al 2,9% basado en un arranque del año mucho más robusto de lo esperado, “impulsado por la inversión y el consumo privado”, lo que les ofrece unos fundamentos muy saludables. Además, la creación de empleo sigue en mejora y el turismo continúa en marcadores récord.

Todo esto hace pensar a los expertos que la dependencia del sector exterior ya no va a ser determinante como ha sido en los años pasados. La demanda interna empieza tener un papel clave, en parte por la bajada de tipos de interés y la fortaleza del mercado laboral. Se espera que, ante esta bonanza, las empresas elevan la inversión en bienes de equipo y tecnología. El complemento entre el consumo y la inversión internos con el sector exterior y el turismo dan un resultado excelente y esperanzador de la economía española.

La prima de riesgo (es decir, lo que mide el riesgo financiero que asumen los inversores en un país respecto al considerado el más solvente) está en su mejor momento desde la crisis de 2008 (el nivel es de 54 puntos sobre Alemania frente a los más de 600 de 2012). Estos datos, que despejan los augurios catastrofistas, se reflejan en que las principales agencias de calificación crediticia (Standard & Poors, Moody’s y Fitch) hayan elevado la nota de España hasta la A y A+, es decir, en el primer escalón en el que están las grandes potencias, lo que invita a los inversores a fijarse en el país a la hora de destinar sus dineros. España ya tuvo esa calificación antes de la Gran Recesión, la perdió después y, tras la covid, ha mejorado hasta la actual situación pasando por A- hasta perder ese signo menos en las últimas revisiones. La razón, en línea con los expertos en prospectivas de los organismos internacionales, radica en que el modelo de crecimiento es equilibrado y el dinamismo del mercado laboral, impulsado por la inmigración y la reducción del empleo temporal.

Pero, ante el reconocimiento de las fortalezas que suponen el mercado exterior, el turismo, la creciente inversión y la mejora de la productividad (la asignatura pendiente), hay algunas cosas que preocupan a las agencias: la lentitud de la reducción de la deuda, el fracaso para aprobar los Presupuestos y, ligado a ello, la debilidad parlamentaria de los partidos del Gobierno.