Las sombras del apagón

LAS crónicas eligieron varapalo, derrota, fracaso y otros vocablos similares para titular el rechazo del Congreso de los Diputados (que va a dejar de ser “de los Diputados” por aquello de la inclusión) que sufrió la semana pasada el decreto antiapagón. En el proyecto se recogían una serie de disposiciones para reforzar el sistema eléctrico y no correr el riesgo de sufrir un apagón como el que el pasado 28 de abril dejó a España sin suministro durante gran parte de la jornada. Lo tumbaron Vox, PP, UPN, Junts, Podemos, BNG y un diputado díscolo de Sumar. Total 183 votos en contra frente a 165 a favor.

La insólita comunión de esos grupos de distinto pelaje respondió a malestares con diferentes orígenes que, además ponen en evidencia la debilidad del Gobierno ante decisiones de calado. De Vox se esperaba por el “no a todo” que practica la formación ultraderechista; de Junts y Podemos, se intuía, porque venían amagando con saldar cuentas con el Gobierno y escogieron un momento propicio; del BNG, porque “entrega más poder al oligopolio eléctrico”, lo mismo que del diputado sumario; pero del PP se esperaba un gesto de mesura que mostrara sensatez ante unas medidas que, además del apagón, hablaban de aumentar la transparencia sectorial e impulsar las energías renovables para atraer capital inversor a España.

De nada sirvieron las explicaciones de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que pidió “responsabilidad y altura de miras” y expuso que el decreto recogía la mayoría de las reformas propuestas en el informe de los expertos encargado tras el apagón, así como las de los grupos políticos que quisieron participar (Podemos y PP, que dijo que haría su propia proposición de ley, rechazaron entonces opinar).

Sin embargo, la responsabilidad que reclamaba la vicepresidenta tercera chocó de frente con esos grupos y, sobre todo, con el PP. Aagesen confiaba que el apoyo que había recibido de las empresas y patronales del sector iba a hacer mella en el PP, al que se supone cercano a los postulados empresariales. Al grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo, que acaba de incorporar a su sanctasanctórum al ex secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, que de esto algo sabe, le bastaba con abstenerse para que el decreto saliera adelante. Hubiera sido la medida inteligente: con la abstención indico que estoy de acuerdo con las medidas; pero, al tiempo, señalo que estoy en contra del Gobierno. Pero no fue así.

El Ejecutivo no tardó en escudarse en que fue el PP el que derribó un decreto que beneficiaba a los consumidores. El PP justificó su negativa con el argumento de que no está para hacerle el trabajo al Gobierno y que, además, no se ha producido ninguna dimisión ni destitución por el apagón. El razonamiento puede ser admisible en política, sobre todo cuando desde ambos lados se están lanzando continuamente bombazos por la corrupción (casos Cerdán y Montoro) y currículos falseados, pero carece de sentido común.

Y el sentido común indicaba que el decreto era apropiado para enfrentarse con garantías a cualquier crisis y modernizar el sistema. El sector lo apoyaba. Fuentes empresariales lamentaron esa actitud del principal partido de la oposición, cuyo “rechazo no tiene ni base técnica ni ideológica, responde a un tacticismo político y en la necesidad constante de ganar el relato”, en palabras de la Fundación Renovables, que lamentó que se hubieran quedado en el aire reformas necesarias “para dar robustez al sistema” como el almacenamiento, el desarrollo de las redes, el autoconsumo, la conexión de nuevas actividades, el desarrollo de electrolineras, rebajas fiscales para comunidades y bonificaciones a la industria electrointensiva, así como aligerar la carga burocrática y la vigilancia por parte del regulador (CNMC) y el gestor de la red de alta (Red Eléctrica) de las operadoras.

La mayor parte de esas disposiciones han sido recuperadas en la nueva versión del Real Decreto que el departamento de Aagesen ha presentado por la vía de urgencia. Esto no quiere decir que se vaya a convalidar sin problemas; pero será la oportunidad para que el PP y los grupos que se opusieron puedan rectificar después de haber recibido severas críticas del sector y de los ciudadanos.

Probablemente, el PP (y lo mismo se puede decir de los grupos que votaron en contra) no se paró a pensar (y si lo hizo es todavía peor) que la consecuencia es que se apaguen inversiones de más de 3.000 millones de euros que estaban preparadas a la espera. Alrededor de cinco gigavatios (una central nuclear típica ronda un gigavatio) de energía eólica y fotovoltaica pueden perder los permisos y que se ejecuten los avales. Eso a bote pronto, porque, además, existen otros muchos miles de millones de inversión en perspectiva. Para más inri, otra consecuencia es el aumento del precio de la electricidad, que se reflejará en el recibo de la luz y en la inflación y que se estima entre el 3% y el 5% si no se toman medidas, porque la industria impactará esa subida en los precios de sus productos.

Parece difícil cuestionar las energías renovables; pero el apagón las puso en tela de juicio. Quizá el grado de dependencia fue tan alto que no dejó ver los riesgos que suponía descuidar la disposición de un mix energético que siempre ha funcionado. Además, y eso es otra historia, abrió el debate sobre la conveniencia de derogar el apagón nuclear previsto para 2035.