Los agricultores de Andalucía se enfrentan a pérdidas masivas de cosecha sin ningún colchón

Juan Luis Ávila, secretario general de COAG-Andalucía, relata una anécdota muy reveladora: un agricultor de ajo, ante las dificultades para tener agua por la sequía, pidió un crédito ICO para modernizar su explotación y así aprovechar este recurso al máximo. Le concedieron 200.000 euros y los invirtió. Ahora, hoy, se encuentra con su explotación completamente encharcada, con la cosecha probablemente perdida del todo y con un préstamo por devolver motivado por la sequía.

Así están muchos. La sucesión de temporales de las últimas semanas, sumada a una lluvia que no ha dejado de caer desde noviembre, va a dejar los cultivos de invierno (cereal, hortícolas, leguminosas, patata temprana, etc.) sin sembrar o con riesgo alto de enfermedades por la humedad, y los de primavera con la duda de si van a poder cultivarse dado el estado de la tierra, inundado o saturado de agua. “Necesitamos 15 o 20 días de clarita para poder labrar y sembrar”, afirma Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía. Y no puede haber en ese intervalo ni un solo día de lluvia, pues eso volvería a colmatar el suelo y sería volver muy atrás sobre lo ya ganado.

Una catástrofe con 3.400 millones perdidos solo en producción

Serra califica de “catástrofe” lo ocurrido y habla de “emergencia nacional”. Hace unos días, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, estimaba la pérdida de producción en el 20% del total. Tomando como referencia los datos de 2024, son 3.400 millones. Pero, a falta de la cuantificación definitiva, eso se quedará corto: hay infraestructuras de riego, caminos rurales, vados y puentes muy dañados, y un perjuicio a medio plazo todavía por estimar en la arboleda inundada (cítricos, olivar, aguacate y almendro, sobre todo). “Reponer una plantación que haya sido afectada puede llevar cuatro o cinco años para que vuelva ser productiva; obviamente, esto se va a notar el año que viene”, afirma Ricardo Serra. Andalucía, que, recordemos, es la primera potencia agraria de toda Europa, ha quedado muy mermada en su capacidad de proveer alimentos al mundo.

Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, llama en cualquier caso a la prudencia: hay que esperar, los daños puede que no sean tan irreversibles. “No siempre cuando sucede algo la consecuencia es la misma”, asegura. Pero sí tiene claro que esto coge a los agricultores y ganaderos en una situación muy precaria por los altos costes de producción y la asfixia burocrática. “Están en un estado en el que perder una cosecha puede poner en aprieto muchas economías. Recuerdo un dicho de hace tiempo. Se decía que el agricultor tiene un colchón en el granero, otro en la cosecha y otro en el banco. Eso ya se ha perdido, no existe, ahora va al día, y está en muy serios aprietos”.

Casi ningún cultivo se salva y todas las provincias están afectadas

La retahíla de daños es casi interminable y no se salva casi ningún cultivo ni ninguna provincia, todos han sufrido en algún porcentaje: hortícolas, leguminosas, cereales, frutos rojos, cítricos, olivar, aguacate, incluso algunos invernaderos en Almería por el viento, aunque este territorio quizás ha sido el que menos ha salido perjudicado. La ganadería también se ha visto muy afectada, ya que tantos días de lluvia han impedido que los animales salgan a pastar y han propiciado un aumento de las enfermedades. Especialmente grave ha sido la situación del ovino, con muchos corderos muertos al parir. En la Sierra de Segura, la mortandad de esta ganadería, que allí es trashumante, ha llegado al 50% en el caso de los animales recién nacidos, que no pueden mamar por las adversas condiciones climatológicas.

Francisco Caro, tiene una finca propia en Palma del Río y lleva la gestión de otras, todas junto al río Guadalquivir. En el caso de los cítricos, se han inundado todas las parcelas, algunas recolectadas y otras aún pendientes. En gran parte, la fruta de estas últimas se ha caído, tiene manchas y la piel deteriorada. En el del olivar, “cuando empezó la recolección los rendimientos del aceite eran bajos, y eso unido a que no paraba de llover y las condiciones para recoger no eran las más idóneas hizo que se decidiera esperar y esperar. Y no ha parado de llover. Ahora te encuentras la aceituna tirada en el campo y con la llamada enfermedad jabonosa, que afecta a la calidad del aceite”.

Alfonso Rodríguez acababa de heredar un invernadero bajo plástico 12.000 metros cuadrados de su padre, que se acaba de jubilar. El viernes 29, por la noche, un “remolino” de viento destrozó sus instalaciones en Adra (Almería), a pesar de que están rodeadas de toscas que deberían protegerlas. Estaba en plena recolección de pimiento, judías, habichuelas y pepinos. “Calculo que el 80% se ha perdido, ahora voy a pasar el tiempo recogiendo lo que puede valer, pero no es lo mismo, va a tener menos calidad. Levantar el plástico de nuevo y limpiar me va a costar entre 40.000 y 50.000 euros”. Noelia Carmona cultiva en la zona rural de Jerez principalmente zanahorias, pero también cebollas, patatas y remolacha de mesa. Ya en marzo del año pasado sufrió la dana, que lo inundó todo, y ahora considera que lo que ocurrió entonces fue una mera antesala. Tras la crecida del Guadalete y los desembalses de Hornos y Arcos, tiene aún 12 de sus 80 hectáreas inundadas, y cree que esas ya no van a producir. Sobre el resto, afirma, “las zanahorias estaban casi para recolectar, pero las plantaciones tienen asfixia radicular (agotamiento de las raíces por exceso de agua); es como si te meten la cabeza bajo agua, te la sacan y te la vuelven a meter; de todas formas, vamos a intentar salvar algo, no hay que ser alarmistas, vamos a intentarlo”. Pedro Marín, productor de aguacate en Castellar (Cádiz), calcula que el 30% de la fruta ha caído al suelo por las lluvias y afirma que muchos de sus árboles están “tristes”, con las hojas mustias por la asfixia reticular. Estima que va a facturar entre 70.000 y 80.000 euros, cuando en un año normal son 250.000.

Desconfianza en que lleguen las ayudas suficientes

Ahora mismo, aparte de un plan ya más a medio plazo para restaurar infraestructura, los productores necesitan, sobre todo, compensaciones. El viernes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, dieron imagen de unidad, afirmaron que se iban a coordinar, que iban a ser rápidos. Pero el contexto es de desconfianza. “Es absoluta; con la dana de Valencia y el volcán de La Palma se les llenó la boca de promesas y cuando llega la hora de la verdad lo que hay es poco”, dice Jesús Cózar, de UPA. “El año pasado ya hubo ayudas, pero aprueban unas cantidades y las mueven de un lado a otro, pretenden ayudar a todo el mundo y al final lo que llega es una cantidad ínfima por querer ayudar a tanta gente”, afirma Inés Casado, agricultora de Villanueva de la Reina (Jaén) cuya explotación de tierra calma se ha inundado. “Si no tengo ayuda -añade- tendré que echar el cierre, a pesar de tener seguro; me he gastado el 80% del presupuesto de un año en insumos, fitosanitarios y semillas, y no tendré cosecha”.

En el caso de la dana de Valencia, el Gobierno ha ejecutado a fecha de octubre del año pasado 277 millones, 190 millones en ayudas a agricultores y 87,2 en infraestructuras, una cantidad que se puede quedar corta para Andalucía si tenemos en cuenta que su extensión es mucho mayor. Pese a ello, la patronal valenciana estimaba a principios de año que el 40% de la capacidad productiva no se ha recuperado aún y que un 10% de las explotaciones no se volverá por la magnitud de los daños. A este respecto Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, se muestra reticente por el periodo que ha previsto el Gobierno español para la declaración de zona catastrófica, desde principios de noviembre. “Eso incluiría a muchas más zonas de España, y me preocupa, porque el matiz es importante. La cuestión está en si Andalucía va a tener un tratamiento especial o vamos a entrar en competencia con otras comunidades”.

Prioridad para los que viven solo de la agricultura y la ganadería

Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, reclama que las ayudas lleguen de forma prioritaria “a los que vivan realmente del campo, no a los que lo tengan como renta complementaria; no vale un café para todos”. Y Francisco Mora, agricultor con varias explotaciones familiares en la marisma sevillana del Guadalquivir, solicita que no haga falta que el 100% de la explotación esté afectada. “El año pasado, si tenías dos parcelas afectadas y una no, no te daban ninguna subvención; es como si al que tiene dos brazos menos se lo dan todo y al que tiene uno menos nada”.

La flexibilización de la PAC es otra de las reclamaciones. Ya la Junta de Andalucía ha dicho que, en lo que respecta a sus competencias, será de máximos. Se trata de eliminar los requisitos de rotación de cultivos (ahora imposibles de cumplir) y otras exigencias agroambientales, justo además cuando se está en plena tramitación de la solicitud de 2026. El objetivo con ello es salvar lo que pueda ser salvable del desastre. Parece bastante probable, por otro lado, que Bruselas movilice los fondos de reserva de crisis previstos en la propia PAC, aunque aún está por ver en qué cantidad.

A más largo plazo, el sector espera que todas las administraciones, desde Gobierno a ayuntamientos pasando por Junta y diputaciones, trabajen juntos en la reconstrucción de caminos e infraestructuras.

El llenado de los embalses, la única buena noticia

La única buena noticia es el llenado de los embalses. Pedro Parias, secretario general de la federación andaluza de regantes Feragua, asegura que las escorrentías y las posibles lluvias harán, seguramente, que estén al 85%-90%, lo que asegura tres años de agua para el regadío en condiciones normales; incluso si vinieran varios ejercicios secos la garantía sería de 2,5 años. Parias alaba la buena gestión de los pantanos durante el temporal en todas las cuencas -que ha evitado mayores inundaciones aún- pero lamenta que con más infraestructuras hídricas la afectación hubiera sido mucho menor. “Si los embalses previstos en los planes hidrológicos desde hace décadas se hubieran hecho tendríamos 800 hectómetros cúbicos más y no hubiera corrido tanta agua por los ríos”, asegura. Juan Luis Ávila incide en la conexión de cuencas para equilibrar el agua: por ejemplo, si Bornos y Arcos hubieran estado unidos a embalses de mayor capacidad no hubieran tenido que desembalsar tanta agua a los ríos (de hecho, aún lo seguían haciendo esta semana).

Pero como las inversiones hídricas son a muy largo plazo, Parias pide que las administraciones apuesten por las balsas privadas, y para ello, argumenta, deben aliviar las restricciones ambientales para los permisos y hacer más sencillas sus tramitaciones. “Desde que se te ocurre la idea hasta que construyes la balsa pueden pasar tres años y eso desincentiva a cualquier empresa”.

Jesús Cózar, por último, pide que los agricultores puedan limpiar los cauces, y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no sea tan celosa de su propiedad. “Puede que pidas permiso para hacerlo y le llegue a tu hijo, y si llega las limitaciones ambientales son tales que se hace inviable”. Y critica que la propia Confederación no realiza esta labor, lo que hace imposible que circule un caudal normal y se propicia la tragedia “cuando viene la avalancha”.