Andalucía y el Gobierno se coordinan para dar ayudas a los agricultores por el temporal lo más pronto posible

La imagen del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del consejero del ramo en Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, dando una rueda de prensa juntos en Sevilla junto a los representantes de las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, y de Cooperativas Agro-Alimentarias, ha sido este viernes casi la noticia en sí.

Los mandatarios y las asociaciones han querido dar una imagen de unidad ante una situación muy complicada, que ha mermado buena parte del potencial productivo andaluz tras el paso de hasta ocho borrascas por la comunidad. Planas ha asegurado que existe “voluntad para trabajar juntos y dar respuestas eficaces, para restaurar daños y asegurar la capacidad productiva en los plazos más breves posibles”.

Lo primero, lo más urgente, son las ayudas más allá de un seguro cuya cobertura varía mucho según sectores (en el olivar, por ejemplo, solo el 10% de los agricultores tienen uno). Y, en este sentido, el ministro ha dicho que es “necesario reflexionar sobre cómo podemos compensar daños de forma paralela y coordinada y hacerlo dentro de los plazos más breves posibles; y sin entrar en los mismos temas para evitar solapamientos”. El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha revelado en la misma rueda de prensa que se ha hablado de una activación de estas compensaciones en un plazo de 15 días.

El consejero andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que la idea es abonar estas ayudas con la “mayor celeridad posible dentro de los plazos que la meteorología permita”, ya que aún hay explotaciones a las que no se puede acceder. También ha mencionado actuaciones de emergencia en caminos y la adecuación hidrologica de cauces y arroyos para hacer de inmediato. Y Planas ha añadido que trabaja con otros ministerios con competencias para que los “mecanismos de solicitud y pago de las ayudas sean lo más flexibles posibles”.

La Junta irá a "máximos" en la flexibilización de la PAC

Otra medida que podrá ser rápida será la flexibilización de los requisitos que exige la PAC (por ejemplo, la rotación de cultivos o las medidas ambientales), algo imposible de cumplir para muchos productores por causas de fuerza mayor. Fernández-Pacheco ha asegurado que, en lo que respecta a sus competencias, la Junta de Andalucía irá a “máximos” en cuanto a flexibilización, mientras que el ministro Planas pretende reunir la semana que viene a las Comunidades Autónomas para tratar este asunto, que ha calificado de “muy oportuno”, dado lo extraordinario de las borrascas.

En un medio plazo seguramente se activará la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC), que prevé ayudas precisamente para este tipo de situaciones, como ya sucedió con la dana de Valencia y los incendios forestales el pasado año. Planas ha explicado que el Gobierno ha enviado a Bruselas la carta de prenotificación, y que para realizar la solicitud completa necesita una cuantificación de daños e informes de la Comunidad Autónoma. A partir de ahí la Comisión Europea actuará y parece que hay sensibilidad en las instituciones comunitarias, ya que el comisario del ramo, Cristophe Hansen, visitará la semana que viene Andalucía. “Es una buena noticia -ha dicho el consejero Fernández-Pacheco, hay que pisar el barro, conocer la desgracia que nos ha tocado vivir”.

Coordinación también para la restauración de todo el tejido productivo dañado

Y ya quizás a más largo plazo quede la restauración del tejido productivo y las infraestructuras dañadas. Planas ha vuelto a hablar de coordinación, y esta vez no solo con la Junta de Andalucía, también con Diputaciones y Ayuntamientos afectados. “Dada la extensión de toda Andalucía (ya que los daños han sido en todas las provincias) es complicado que una sola administración actúe”, ha dicho.

Ayudas fiscales y medidas para asegurar mano de obra

El ministro también ha puesto sobre la mesa la posible activación de créditos en condiciones favorables, de medidas fiscales (como una reducción de módulos del IRPF) y de medidas respecto a la mano de obra, como retener aquella que los empresarios requieren (por ejemplo, la de los inmigrantes en origen de los frutos rojos) y, en sentido inverso, reducir el número de peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario, para aquellos temporeros que no pueden trabajar al estar los cultivos en situación precaria.