COAG Andalucía exige al Gobierno la exención del canon del agua en la cuenca del Guadalquivir

Reclama al Ministerio de Transición Ecológica que aplique a los regantes afectados por las borrascas la misma medida anunciada por la Junta de Andalucía para las demarcaciones hidrográficas del Guadalete-Barbate y Guadalhorce

La Junta suaviza el acceso a las ayudas de la PAC 2026 por los daños de las borrascas

Explotaciones agrícolas del Bajo Guadalquivir afectadas por las inundaciones.

COAG Andalucía ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la exención del canon del agua para los agricultores y ganaderos de la cuenca del Guadalquivir por los daños de las borrascas, una medida que, recuerda, ya ha sido anunciada por la Junta de Andalucía para los regantes afectados en las demarcaciones hidrográficas de su competencia, como Guadalete-Barbate y Guadalhorce.

La organización agraria defiende en un comunicado que esta exención se haga extensiva a los regantes y titulares de explotaciones vinculadas a la cuenca gestionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central, para evitar así “un agravio comparativo” entre territorios andaluces.

Desde COAG subrayan que las explotaciones situadas en vegas y márgenes de ríos han sido especialmente castigadas por las inundaciones, pérdida de cosechas, arrastres de tierra fértil y daños en caminos rurales, infraestructuras de riego e instalaciones agrarias.

“No tiene sentido que haya agricultores andaluces de primera y de segunda en función de quién gestione la cuenca. Si la Junta ya ha reconocido la excepcionalidad de la situación en sus demarcaciones, el Gobierno central debe actuar con la misma sensibilidad en el Guadalquivir”, señalan desde la organización.

A su juicio, la exención del canon del agua permitiría aliviar la carga económica de las explotaciones afectadas, que además de las pérdidas directas, deben afrontar los costes adicionales labores de reparación, reacondicionamiento de suelos, reposición de instalaciones y nuevas inversiones para recuperar la actividad y garantizar la viabilidad de la próxima campaña.

En este sentido, considera que se trata de una medida urgente, justa y coherente con la magnitud de los daños sufridos por el campo andaluz, por lo que confía en que el Ministerio adopte una decisión inmediata al respecto que garantice un tratamiento equitativo en toda Andalucía y refuerce la viabilidad económica de las explotaciones agrarias de la cuenca del Guadalquivir.

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