La Justicia frena la nueva IGP Jamón Serrano y da la razón a los productores de Trevélez

El Jamón de Trevélez, uno de los sellos de calidad más reconocidos de la sierra granadina, ha recibido un importante respaldo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por sus productores contra la creación de la nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón Serrano, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al detectar defectos esenciales en su tramitación.

La resolución judicial anula dos decisiones clave del procedimiento: la que acordaba eliminar la actual Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) Jamón Serrano y la que permitía continuar con el registro de la nueva IGP. El tribunal obliga así a retrotraer el expediente para subsanar carencias documentales consideradas imprescindibles, como un informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre denominaciones ya registradas y el consentimiento de los productores que forman parte del actual sello europeo.

Para los jamoneros de Trevélez, que llevan más de una década oponiéndose a esta iniciativa, el fallo supone un paso importante. Según defienden, la nueva IGP con el nombre genérico de "Jamón Serrano" puede inducir a error al consumidor, al asociar ese término a un producto elaborado en la sierra y curado de forma natural, cuando el futuro reglamento permitiría certificar jamones producidos fuera de entornos serranos y con sistemas de secado artificial.

Desde el consejo regulador de la IGP Jamón de Trevélez subrayan que los sellos de calidad tradicionales implican procesos artesanales más exigentes y costosos, frente a un modelo que, a su juicio, abriría la puerta a una competencia desigual. "El consumidor espera unas características muy concretas cuando ve un jamón serrano con sello de calidad", advierten los productores, que temen que esa expectativa no se corresponda con la realidad del producto certificado.

Además del impacto comercial, el sector alerta de las consecuencias económicas y sociales. La nueva IGP podría favorecer el traslado de empresas desde zonas rurales como la Alpujarra de Granada, donde el jamón es un motor económico y de empleo, hacia áreas mejor comunicadas y con menores costes de producción. Un escenario que, según denuncian, pondría en riesgo el tejido productivo ligado a una elaboración tradicional del jamón.

Aunque la sentencia no entra en el fondo del debate, los productores consideran que dificulta seriamente la creación de la nueva IGP Jamón Serrano y refuerza su defensa de un modelo ligado al territorio, la tradición y la transparencia para el consumidor.