El ocaso del Green Deal

En 2010 McDonald’s cambió su color corporativo del rojo al verde, eliminó las pajitas de plástico por unas de papel, impuso el reciclado con la separación de los elementos y abrió restaurantes que se anunciaban como de cero emisiones. Los ejecutivos responsables de imagen de la cadena de comida rápida habían detectado la necesidad de que su clientela se sintiese en un entorno de respeto al medio ambiente. En realidad, aparte de que luego resultara que las nuevas pajitas no eran reciclables, McDonald’s seguía siendo una de las empresas más contaminantes del planeta al depender de ganaderías y prácticas agrícolas intensivas como las plantaciones de soja causantes de la desforestación. Pero lo verde era algo que vendía.

McDonald’s no ha sido la única empresa en practicar lo que se conoce como greenwashing. Greenpeace ha denunciado que Coca Cola promocionaba envases sostenibles cuando es el mayor productor de residuos plásticos, que las cápsulas de café se venden como reciclables cuando no lo son y es una producción mucho más contaminante que el café normal de cafetera o que las marcas cosméticas cuyas cremas que se publicitan como “naturales” son, en su mayoría, derivados del petróleo.

Antes de la pandemia la conciencia medioambiental estaba en el primer punto de la agenda de las grandes corporaciones, pero después de una pandemia mundial, dos guerras que han desarmado el pacifismo de Occidente y, en España, una serie de catastróficas desdichas -danas, incendios, trenes de tormentas-, posiblemente relacionadas estrechamente con la alarma climática, algo ha cambiado. El ecologismo y la ciencia están en la picota por un negacionismo rampante que enarbola el dirigente más poderoso del planeta y sus satélites en el resto de los países, con un enorme predicamento ciudadano en forma de votos que no quieren saber nada de las políticas verdes en nombre de un nuevo concepto de la libertad.

La víctima de este vuelco del tablero está siendo el Green Deal, alumbrado con un consenso casi absoluto por los países de la Unión Europea en diciembre de 2019, cuando el coronavirus iniciaba su expansión. “La forma en que diseñemos nuestra recuperación hoy definirá nuestro futuro durante muchas décadas”, afirmaba el comisario de Medio Ambiente, Virginjus Sinkevicius.

¿Un mundo idílico?

Aquel pacto verde dibujaba un mundo idílico para la década de los 30. Europa contribuiría a detener la deriva de un suicidio colectivo del planeta para las próximas generaciones. En la hoja de ruta estaba la fabricación de productos sostenibles, la potenciación de alimentos del kilómetro cero, de la granja a la mesa, reducir el volumen de recursos con un reciclaje eficaz, que los objetos de consumo -teléfonos, ropa...- fueran más duraderos, la descarbonización con ayudas a los vehículos eléctricos, la eficiencia energética en la construcción de viviendas... Y sí, también acabar con la pantomima del greenwashing de las grandes multinacionales.

Esto requería algunos esfuerzos por parte de la ciudadanía. Es decir, consuman menos, viajen menos en avión, utilicen servicios públicos y aparquen el coche, no coman tantos productos procesados, reduzcan la dieta de carne... Y 'esto' también afectaba a algunas empresas: las que venden muebles y ropa de usar y tirar, las compañías de bajo coste, el turismo masivo de los apartamentos turísticos, las dedicadas a la comida rápida y, por supuesto, las grandes petroleras. Y, con todas estas empresas, su proveedores. Demasiados enemigos como para pensar que tarde o temprano no habría una reacción.

Sin embargo, durante un tiempo el pacto verde se abrazó con entusiasmo en muchas regiones. Andalucía fue una de ellas. En Cartaya se constituyó en mayo de 2020 la Asociación Andaluza Pacto Verde, que, sin ánimo de lucro, impulsaría en la comunidad el catecismo del acuerdo europeo. La Junta respaldaba iniciativas como ésta y animaba a municipios como los de la Bahía de Cádiz a la aprobación de planes metropolitanos de transporte público. En San Fernando, por ejemplo, se ha puesto en marcha una experiencia piloto de gratuidad del autobús urbano.

La consejera de Medio Ambiente, Catalina García, es una ferviente defensora del Green Deal: “La sostenibilidad es una oportunidad para mejorar nuestra competitividad”, ha dicho. Y no ha sido sólo un pronunciamiento, sino que se ha legislado sobre ello. En 2023 la comunidad andaluza fue la primera autonomía en aprobar una Ley de Economía Circular y no ha sido la única. A ésta le siguen la Ley de Agentes de Medio Ambiente, que permitirá especialización en biodiversidad y calidad medioambiental, y la Ley de Montes de Andalucía, que incluye la certificación forestal sostenible. Hasta aquí, todo parece marchar. Pero...

Siempre hay un pero. Hace unos meses una parlamentaria del grupo de Vox en Andalucía, Purificación Fernández, se subió al estrado con un folio con el símbolo del Green Deal y lo partió en dos: “Esto es lo que va a hacer Vox cuando gobierne en Andalucía con el Pacto Verde europeo, que es la soga verde con la que asfixian a nuestros agricultores y ganaderos, ese pacto que lo único que pretende es convertir Andalucía, la huerta de Europa, en un secarral”.

Vox y el campo

En las elecciones andaluzas Vox aspira a ser la llave para que siga gobernando el Partido Popular y, como ya ha hecho en Valencia, Extremadura y Aragón, la primera condición que va a poner para prestar sus votos es que el Green Deal quede eliminado de cualquier acción de gobierno.

El que será el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, el gaditano Manuel Gavira, echó en cara a Moreno Bonilla que “agache la cabeza ante las órdenes de Bruselas” y le acusó de “no defender a nuestro campo y a nuestra gente”. Es la batalla del campo.

En realidad, no todos los agricultores piensan igual. La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, ve en el Pacto Verde y en su apuesta por la sostenibilidad ambiental una oportunidad para las explotaciones familiares. Desde esta organización se impulsa entre sus asociados la agricultura ecológica y el comercio de kilómetro cero. Para su secretario general, Cristóbal Cano, “la agricultura y la ganadería familiar están en el núcleo del debate sobre el futuro del sector y esto sólo será posible si frenamos los modelos agroindustriales y a los especuladores”.

No piensa así la gran patronal agraria. Asaja Cádiz ve en el Pacto Verde un aumento de la burocracia, con todas las cargas y costes que conlleva, y una serie de limitaciones ambientales que se han diseñado sin contar con los agricultores. Esta organización asegura no estar contra la sostenibilidad, pero considera que la rentabilidad y el futuro del campo pasa por la innovación y la mejora genética. Y eso no lo ve reflejado en el Pacto.

El diputado del PP por Cádiz Pedro Gallardo se tiene que mover entre dos aguas. Pasó de presidir Asaja, como agricultor que es, a la política y su opinión sobre el Pacto Verde, como declara en la publicación especializada Cuaderno Agrario, es que se aprobó sin haber realizado un estudio de impacto en el campo, por lo que hay que “repensarlo”. Gallardo considera que una agricultura no puede ser sostenible si no es productiva.

Y, de repente, ocurre un giro de guion que pone de acuerdo a todos, los que están favor y en contra del Green Deal: el convenio comercial con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). El pasado miércoles un desfile de tractores se plantó en Madrid en contra de un acuerdo que, en realidad, contradice de algún modo el Pacto Verde. Ecologistas en Acción -no los agricultores, los ecologistas- observa que este acuerdo “simboliza una política comercial que enfrenta y hace competir aún más -si cabe- a agricultores de ambos lados del Atlántico en una carrera suicida para recortar leyes sociales, ambientales y sanitarias. Este modelo de agricultura industrial basada en la exportación es la mayor causa de la emergencia climática y ambiental y compromete la capacidad de producir alimentos”.

Para los agricultores, este nuevo frente abierto añade a los problemas burocráticos planteados por Europa un nuevo competidor desleal y no se fían de las garantías de Bruselas sobre los controles de lo que se importe de estos países. No consideran contraprestación suficiente que el acuerdo abra mercados para productos como el vino, el aceite o el porcino. Pero es que más allá, el acuerdo contradice la filosofía del Green Deal, de la granja a la mesa, que era una forma de reducir la huella de carbono. Cuanto más cerca esté el lugar de producción de nuestra mesa menos contaminación tendrá ese proceso.

Al acuerdo Mercosur se une la reciente decisión europea de alargar la vida del coche de combustión. En la revista Alternativas Económicas su editorial afirmaba que “dar a elegir entre el sostenimiento de la economía y la lucha por el planeta es un falso dilema. Sin embargo, Europa ha relajado su ambición ambiental en nombre de la competitividad”.

La Europa negacionista

Además, en el Parlamento Europeo los negacionistas y escépticos del cambio climático no paran de crecer. El pasado noviembre el grupo europeo Patriotas, en el que se incluye Vox, con la ayuda de un grupo más a la derecha aún, Europa de las Naciones Soberanas y un tercero, los euroescépticos moderados de Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, frenaron en seco la aplicación de un paquete de normas incluidas en la ruta del Green Deal. Tenían que ver con la supervisión de planes climáticos a las empresas y controles más férreos de la cadena de suministro. Fue una votación que asestó un golpe no definitivo, pero sí significativo, al calendario que se impuso aquel diciembre de 2019, cuando no sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos en un tiempo radicalmente nuevo en el que el planeta dejaba de estar entre las preocupaciones de sus habitantes.

Contra todo criterio científico, un magnate de groseras maneras que quiere quedarse con los beneficios del deshielo de Groenlandia sentenció esta semana: “Todo esto es una estafa”. A continuación, revocó la norma que regulaba en Estados Unidos la contaminación procedente de la industria, el petróleo y el gas, las centrales eléctricas y los vehículos. Contaminar ya sale gratis en este país. ¿Alguien más le seguirá?

Al tiempo, ocho tormentas seguidas se han estampado una detrás de otra contra la sierra de Grazalema en este 2026, han desaparecido playas en Huelva y Cádiz, se han arruinado cultivos y el único acuerdo por el clima que existía agoniza.