El Tribunal de Cuentas de la UE critica el diseño de la nueva PAC: genera incertidumbre, crea desigualdades y es más compleja de gestionar

El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha advertido este lunes de que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) puede aumentar la incertidumbre sobre la financiación disponible, generar retrasos en la puesta en marcha de las ayudas y provocar diferencias en su aplicación entre países si no se clarifican mejor las reglas del nuevo modelo basado en un fondo común y planes nacionales.

Así lo han señalado los auditores en el dictamen sobre la reforma de la PAC para 2028-2034, en el marco del próximo presupuesto a largo plazo de la Unión, en el que Bruselas propone reorganizar el gasto comunitario mediante la creación de un Fondo Europeo único que agruparía distintas políticas --entre ellas la agrícola-- bajo un único plan por Estado miembro.

En la práctica, este planteamiento implica que la PAC dejaría de contar con un fondo agrícola específico y abandonaría su estructura tradicional de dos pilares, un cambio que, según alertan, puede hacer más compleja la gestión y retrasar la puesta en marcha de las ayudas si no se definen con suficiente claridad las normas y los procedimientos.

Uno de los principales focos de preocupación es que el importe global de la financiación solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales, generando incertidumbre para los beneficiarios y dificultando la comparación entre el marco financiero vigente y el que se aplicará a partir de 2028.

A ello se suma la falta de precisión sobre el sistema de pagos, ya que --subrayan-- el texto no delimita con claridad qué intervenciones se vincularán a productos y cuáles a hitos y objetivos, un diseño que puede dar lugar a diferencias entre Estados y complicar el seguimiento del gasto.

En este contexto, el Tribunal recalca que la rendición de cuentas debe preservarse en todos los casos y subraya que la trazabilidad desde las cuentas de la UE hasta los beneficiarios finales, como los agricultores, es una condición "innegociable" para poder ejercer su función de control.

El dictamen advierte asimismo de que los mecanismos de planificación y adopción previstos, junto con una arquitectura jurídica más compleja derivada de la integración de la PAC en un fondo común, pueden provocar retrasos en la entrega de los fondos y reducir la previsibilidad para los perceptores, lo que podría acabar desvirtuando el objetivo de simplificación anunciado por la Comisión.

Riesgo de divergencias y competencia desigual

Por otro lado, aunque el Tribunal reconoce que la propuesta mantiene un conjunto común de intervenciones para todos los países de la UE, alerta de que la mayor flexibilidad concedida para diseñar los planes nacionales puede dar lugar a divergencias significativas en la aplicación de las medidas, con el consiguiente riesgo de generar condiciones de competencia desiguales e impactos negativos sobre el funcionamiento del mercado interior.

Para limitar ese riesgo, los auditores consideran imprescindible que el Ejecutivo comunitario ejerza de forma efectiva su función directiva reforzada y que la legislación precise con mayor claridad el alcance y los criterios de sus recomendaciones a los Estados de la Unión, a fin de garantizar que los planes nacionales se ajusten de manera coherente a los objetivos comunes de la PAC.

La propuesta de la Comisión Europea para el próximo periodo presupuestario está aún pendiente de negociación por parte de las instituciones de la UE y ha sido criticada por el sector agroganadero europeo, que teme un importante recorte de los fondos.

Con vistas a 2028-2034, Bruselas ha propuesto dos billones de euros para el presupuesto de la UE y 293.700 millones de euros para la política agraria, que se destinarán sobre todo a apoyar la renta de los agricultores.

En el periodo 2021-2027, los dos fondos de la PAC suman unos 400.000 millones de euros.