La construcción pide actualizar los precios y no aplicar en contratos públicos la Ley de Desindexación

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera urgente cambiar la Ley de Contratos del Sector Público para revisar la Ley de Desindexación con el objetivo de que no se aplique a los contratos públicos, ya que la falta de actualización de precios, especialmente de la mano de obra, pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, además de afectar directamente a los salarios de los trabajadores.

Según CNC, cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, se producen retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que resulta preocupante en un momento como el actual, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras, así como para aumentar la oferta de viviendas y empezar a plantear soluciones frente a la principal preocupación de los españoles.

La construcción insiste en que la Ley debe ajustarse lo antes posible para proteger a las empresas y a los trabajadores, incluidos los que pertenecen a sectores como la conservación, el mantenimiento o la seguridad, que tan afectados se ven por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se haya comprometido con los agentes sociales a impulsar un cambio en la normativa para explorar la posibilidad de relajar las reglas de indexación en los contratos públicos de las empresas que ejecutan y prestan servicios a las administraciones, sobre todo en los salarios.

Propuestas conjuntas de patronal y sindicatos

En este marco, patronal y sindicatos de la construcción acaban de comprometerse en el VII Convenio General del Sector a formular conjuntamente propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público.

El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando la "mano de obra" como elemento revisable.

El VII Convenio General del Sector contempla una subida salarial del 7,25% hasta 2026, además de otras medidas destinadas a reforzar el sistema de pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y favorecer la incorporación de nuevos perfiles al sector.