Desde el Bolsín
Alberto Grimaldi
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La vivienda se ha alzado como la principal preocupación de los españoles en 2025, superando al paro y la economía, debido a precios de compra y alquiler desorbitados que convierten el acceso a un hogar en un reto titánico. El alto esfuerzo económico, de hasta el 70% del salario, el déficit de construcción y la falta de oferta pública son los factores que explican la inquietud ciudadana, reflejada también en los andaluces, que sitúan esta dificultad entre los tres principales problemas de la comunidad.
Un rompecabezas de gran calado que Gobierno pretende paliar con la refundación de la hasta ahora Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la nueva empresa estatal Casa 47, que recibe su nombre por el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna. La entidad, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, gestionará todo el ciclo de la promoción pública: desde la adquisición de suelo, la urbanización o la oferta directa al ciudadano hasta la entrega de llaves.
Casa 47 arrancará con una cartera en todo el territorio nacional de 40.000 viviendas y 2.400 suelos –con capacidad para construir otras 55.000 casas–, procedentes de la Sareb, el llamado ‘banco malo’ al que fueron a parar miles de activos inmobiliarios tras la crisis de 2008, un catálogo al que se añadirán pisos de construcción propia. La oferta de promociones y las solicitudes podrá realizarse en un portal online que empezará a funcionar a principios de 2026 con los primeros 13.000 pisos.
En Andalucía la cifra inicial de viviendas que se pondrá bajo el paraguas de la empresa estatal para alquiler, 4.582 pisos, representa poco más del 11% del total nacional, un porcentaje que se antoja pequeño en la comunidad más poblada de España y que se sitúa muy lejos de regiones como Cataluña o Valencia. Así se desprende del buscador de inmuebles de la Sareb, ya que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no ha facilitado los datos ni el desglose por territorios solicitados por este diario.
El ‘top 5’ de España lo lidera Cataluña, donde se pondrán en oferta casi 13.200 viviendas, lo que supone un tercio del global y casi el triple del volumen con el que contará Andalucía. Por su parte, la Comunidad Valenciana se coloca segunda del ranking nacional, con 7.172 pisos para alquiler asequible; mientras que, tras la tercera plaza de la región andaluza, estarían Madrid en el cuarto puesto, con 3.029 casas, y Castilla–La Mancha cerrando la clasificación (2.434).
Acercando la lupa en las provincias andaluzas, la mayor cartera de viviendas que acogerá Casa 47 en la comunidad estará en Almería, con 1.796 pisos, más del 39% del total regional; seguida ya a gran distancia por Málaga, con una oferta de 799; y Granada, con 521. Por su parte, la cifra de inmuebles en Huelva alcanzará las 458; en Cádiz se situará en 446; y en Sevilla sumará 424. El catálogo en Córdoba o Jaén recogerá apenas de 95 y 43 casas para alquiler asequible, respectivamente.
Entre las principales novedades anunciadas por el Gobierno, está previsto lanzar una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas para nutrir Casa 47, que ofrecerá los inmuebles como alquiler asequible y con periodos que podrán tener una permanencia de hasta 75 años: el primer contrato será de 14 ejercicios de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de siete anualidades, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.
Para asegurar la asequibilidad, los alquileres estarán limitados para que no se destine más del 30% del sueldo a pagar un arrendamiento. Así, se ha fijado un mecanismo por el que el precio no se marcará en función de lo que ha costado construir el inmueble, sino según lo que se pueda destinar, con lo que la renta se calculará sobre el sueldo medio de cada territorio, siempre que no se sobrepase ese 30%. Sin embargo, donde no exista la tensión en los precios, se establecerán otros factores correctores.
Desde el Gobierno sostienen que Casa 47 tiene una “vocación global”, por lo que para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán “al conjunto de la clase media y trabajadora”: el 60% de la población que cobra entre 2 y 7,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). “A las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, mientras que las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre”, añaden.
Los activos inmobiliarios que la Sareb pone a disposición de la empresa estatal, valorados en 5.900 millones de euros y transmitidos mediante una donación al Estado, se han seleccionado siguiendo una serie de requisitos fijados por el Ejecutivo. Para el caso de las viviendas, se han marcado condiciones técnicas que incluyen solo a edificios y casas sin patologías estructurales, acordes con la legislación urbanística y con habitabilidad adecuadas, así como otros criterios geográficos y económicos.
En este sentido, desde el punto de vista geográfico, se incorporan los inmuebles situados en municipios de las áreas metropolitanas e islas con una población superior a 5.000 habitantes o a los 1.000 residentes con crecimiento poblacional de más del 5% en los últimos diez años. Además, se añade un criterio mínimo de concentración de diez viviendas en aquellos municipios que no pertenezcan a las áreas metropolitanas e islas, que contribuya a la eficiencia en la gestión de estas.
En cuanto al requisito económico, se incluyen viviendas con una superficie de hasta 85 metros cuadrados y aquellas de hasta 150 metros cuya tasación no supere en un 40% el valor que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio por metro cuadrado que arroje la Estadística de Valor Tasado de Vivienda del ministerio del ramo para la provincia en que esté radicado o para el municipio, en el caso de que exista este dato y el valor sea mayor que para la provincia.
Por su parte, los suelos estarán en municipios de más de 5.000 habitantes y serán para viviendas de 70 metros cuadrados en terrenos a partir de 150 metros cuadrados con calificación de uso residencial, plurifamiliar o colectivo. También tendrán que estar inscritos en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, en pleno dominio de Sareb, salvo que sean susceptibles de poder hacerlo tras un proceso de gestión urbanística o su participación en la titularidad del inmueble sea superior a un 80%.
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