En compañía de 'lobbies'

“No. No somos la familia de la de Gambito de Dama -gracias Netflix, por facilitarnos lo del SEO-. Tampoco somos una orquesta de pueblo. Ni un barco. Somos un grupo de personas que, a través de ideas y estrategia, tratan de ofrecer soluciones a distintos problemas (…) Tenemos un objetivo: que la voz de las organizaciones sea relevante y trascienda el ruido y la indiferencia. Somos la primera consultora de no-mercado de España porque nuestras soluciones no entran en un balance, pero sí en la cuenta de resultados”.

Así se presenta Harmon, la más desenfadada de las consultoras del país, creada por Jaime Olmos en 2021. En 2025 ya había facturado 14 millones de euros a sus clientes, entre ellos algunos del Ibex, con un beneficio neto de 1,3 millones. Sus balances no van en una hoja excel, sino que los presentan en un cómic. Cuenta con un centenar de empleados que trabajan desde donde les da la gana y sin horarios establecidos para sus sedes de Madrid, Barcelona, Lisboa y Bruselas, además de establecerse un Recharge Harmon Day (un viernes libre al mes para recargar pilas) y un Shipit Harmon Day (un día libre sólo para pensar en proyectos, sólo pensar). Todo en Harmon es muy moderno.

Pero, en el fondo, ¿cuál es el objetivo de Harmon? Ellos mismos lo dicen: incidencia política. “Además del periódico, nos leemos el BOE todos los días. Detectamos oportunidades y riesgos en la agenda política, identificamos a los actores clave y gestionamos los asuntos regulatorios con alto impacto en tu negocio”. Y, sin duda, su rostro más reconocible es Eduardo Madina, el político que disputó la secretaría general del PSOE a Pedro Sánchez. Tras aquella derrota, Madina se pasó al sector privado, se pasó a ser un hombre influyente. ¿Es entonces Harmon una especie de lobby? Sí y no. En España no están regulados los lobbies, así que todo lo que tiene apariencia de lobby lo es y no lo es.

Esta situación ha llevado a que nuestro país se haya llevado un tirón de orejas en el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción. En 2019 este grupo recomendó a España diecinueve medidas para evitar que no sucediera todo lo que ha sucedido después y todo lo que había sucedido antes. “España no ha aplicado satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones”, se decía en el informe de 2025. Y se incidía en regular las actividades de lobby, vigilar las puertas giratorias y en dotar de presupuesto a un órgano de momento decorativo como es la Oficina de Conflictos de Interés.

Puertas giratorias

En Estados Unidos el cabildeo, que es toda gestión realizada para ganar voluntades de una corporación, no sólo está a la orden del día, sino que se puede cifrar. Mueve 4.100 millones de dólares al año (3.400 millones de euros). En Europa es sensiblemente inferior, unos 2.200 millones de euros, siendo las tecnológicas las que más invierten en ello. Sólo Meta, el imperio del todopoderoso Zuckerberg, se deja diez millones de euros al año en intentar convencer a Bruselas y Estrasburgo de que legislen según sus intereses, no siempre con éxito. En España, sin embargo, lo que se gasta en cabildeo es un misterio, pero lobbies hay y las puertas giratorias entre la política y los grupos de presión funcionan a toda velocidad. Felipe González lo hizo en Gas Natural, José María Aznar en Endesa y Rodríguez Zapatero con un compañero de footing con intereses en Venezuela. En 2022 cuarenta ex altos cargos de PP y PSOE formaban parte de consejos de administración o eran asesores de grandes empresas privatizadas.

Los ex ministros José Luis Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), por su parte, buscaron su propia fórmula. Montaron la consultoría de asuntos públicos Acento en 2019 tras abandonar la carrera política. Fue un éxito desde el primer momento. Operaban en comunidades autónomas, gobierno central y Bruselas y poblaron su consejo asesor de ex altos cargos públicos de todos los colores políticos: Elena Valenciano, Clara Aguilera, Joan Clos, José María Lassalle… e incluso ficharon al que había sido líder de Izquierda Unida y ex ministro Alberto Garzón, que renunció al poco tiempo por lo que él llamo las “dinámicas tóxicas”, que no eran otra cosa que el formidable cabreo de sus compañeros de partido.

“Entendemos la política y comprendemos la empresa desde una conciencia abierta y creemos en nuestra capacidad de contribuir en positivo a su interacción”.

El presidente de Acento, Alfonso Alonso, hacía del eufemismo virtud al afirmar que “entendemos la política y comprendemos la empresa desde una conciencia abierta y creemos en nuestra capacidad de contribuir en positivo a su interacción”. Esa interacción, según otro ex ministro, éste encarcelado, José Luis Ábalos, se había convertido en una red de influencias que operaba dentro del Ministerio de Transportes para beneficiar a empresas afines. La pasada semana Acento, que factura diez millones de euros al año por sus gestiones, fue vendida a la división de comunicación de la multinacional francesa Vivendi.

Otra consultora/lobby está en el punto de mira de los juzgados. En este caso se definía como un despacho de asesoría y había sido montado por el ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy, Cristóbal Montoro, que se rodeó de los técnicos que había colocado en puestos estratégicos de empresas públicas de la SEPI. El escándalo Montoro investiga si durante sus mandatos se legisló a favor de empresas que eran clientes de su despacho para que consiguieran rebajas fiscales. Es la fina línea que separa el cabildeo del tráfico de influencias.

Porque el primer gran escándalo de los socialistas en la época de Felipe González consistió en eso. Fue el caso Juan Guerra, al que daba nombre el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, que desde su despacho en la delegación de Gobierno de Sevilla -nadie sabía a cuento de qué tenía allí un despacho- recibía a promotores para favorecer sus proyectos inmobiliarios. Juan Guerra nunca fue condenado por ello por la sencilla razón de que hasta entonces no existía el delito de tráfico de influencias. Lo que hacía Juan Guerra era actuar ante los ayuntamientos como un lobista.

El periodista y profesor de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la universidad Rey Juan Carlos Ramón Tijeras es quien más ha estudiado el fenómeno del lobby en España en libros como Las sagas del poder o Lobbies.Cómo funcionan los grupos de presión españoles”. Para él, el cabildeo en la Transición se desarrolla desde el mismo momento en que dos de los padres de la Constitución, Miquel Roca y José Pedro Pérez Llorca, establecieron prestigiosos bufetes. Su experiencia les convertía en interlocutores para los diputados a la hora de redactar leyes y elaborar reglamentos al mismo tiempo que aconsejaban a sus clientes, importantes empresas, sobre cómo conducirse. Esa conexión es la que te convierte en un grupo de influencia.

Fue a principios de los 90 cuando hubo un intento de regulación de la actividad. Tuvo que ser el mayor lobby del mundo, la americana Hill & Knowlton, que desembarcó en España con motivo de la organización de la Expo 92, quien propusiera crear un registro de grupos interesados en contactar con miembros del Congreso para informar o ser informados de intereses concretos. Era una forma de ordenar lo que ya existía y que, en sí, no tenía nada de malo. Una consultora puede trabajar para una empresa eléctrica o para una organización ecologista y hacer llegar a los legisladores lo que consideran que es más adecuado para los intereses de unos u otros, que no tienen por qué estar enfrentados con el interés público. Nunca lo consiguió. Su director en España, Inocencio Sanromán, reconoció que la principal dificultad era el lenguaje: “Las expresiones grupo de presión o grupo de interés provocaban un rechazo inmediato”. Y, aún así, consiguió que se creara una asociación, la ADECEC, que integró a 22 de las principales consultoras de relaciones públicas y comunicación, que, en realidad, eran lobbies.

Una de ellas, la que más facturaba en España, era, según cuenta Ramón Tijeras, Burson Masteller -hoy simplemente Burson-, donde se formó buena parte de lo que llegó a ser la crema y nata del sector del cabildeo y de las direcciones de comunicación (dircom) de las principales empresas del país. En 1996 fue contratada por Siemens para que creara dossieres sobre los informantes del que fue uno de los grandes escándalos de la época: el pago de comisiones a empresas vinculadas al PSOE a cambio de adjudicaciones en la construcción de la alta velocidad entre Madrid y Sevilla. El sobrecoste de aquella obra al final fue de un 30%, es decir, unos 800 millones de euros. La estrategia fue acertada. El caso se cerró en 2008, catorce años después de su estallido, ya muy diluido y sin que salpicara a Siemens, con sólo dos condenas simbólicas de seis meses a una ex dirigente del segundo escalón de poder del PSOE, Aída Álvarez, que había sido secretaria personal de Alfonso Guerra, y a su marido.

Poder blando

No todo es turbio en el universo lobby. Desde Andalucía, y bajo la presidencia de Manuel Chaves en la Junta, se creó una red de regiones mediterráneas al estilo de otros lobbies regionales europeos. Aunque se sumó a la iniciativa la Toscana italiana aquello no terminó de prosperar. En ese sentido, vascos y catalanes han tenido siempre mucho más éxito en este tipo de aventuras, casi siempre dirigidas a atraer capital industrial a sus territorios con los beneplácitos de los reguladores.

Otras iniciativas modestas como la 11Mil tienen su valor. La 11MIl, que hace referencia al distrito postal de una provincia especialmente castigada por el desempleo, Cádiz, fue una idea del entonces presidente de los empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas y del empresario gaditano Daniel Romero-Abreu, que triunfaba en Madrid con su consultora Thinking Heads, enfocada a crear liderazgos y gestionar la reputación empresarial. Su objetivo era crear una red formada por la diáspora gaditana en la capital y que esos gaditanos influyentes se organizaran para que desde el centro se mirara al sur. La 11Mil representaría, de algún modo, una pequeña rebeldía de esa tercera España de ciudades medias que siempre está fuera de agenda. De la agenda de Madrid, que es la que manda. Es una manera de hacer lobby.

En el caso de Andalucía 27, que tuvo su puesta de largo con la presencia del presidente de la Junta y algunos de los rostros más conocidos de la región entre artistas, comunicadores y cocineros, no se oculta su vocación de lobby desde lo que se conoce como poder blando, es decir, influencia a través de la seducción y la imagen. Tiene como uno de sus objetivos “la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y atraer inversores a la comunidad”. Pero no deja de ser la voz de una ‘sociedad civil’ representada por sus elites. ¿Es esto un lobby? Sí y no. En el país del cabildeo desregulado todo lo que parece un lobby lo es y no lo es.