tribuna económica
Joaquín Aurioles
Compradores compulsivos
El informe AI Diffusion Report del Microsoft AI Economy Institute coloca a España en una posición envidiable dentro del contexto europeo: el 39,7% de la población en edad laboral utiliza herramientas de inteligencia artificial, una cifra prácticamente idéntica a la de Francia (40,9%) y notablemente superior a la de Reino Unido (36,4%), Países Bajos (36,3%), Suiza (32,4%), Alemania (26,5%) e Italia (25,8%).
No es poca cosa. España, que históricamente ha llegado tarde a revoluciones tecnológicas previas -la industrialización decimonónica, la digitalización de los 90-, parece esta vez haberse subido al tren a tiempo.
Sin embargo, el dato de adopción es solo el punto de partida. Como advierte el propio informe de Microsoft, la difusión no garantiza impacto.
Entre el uso superficial y la transformación estructural media un abismo de infraestructura, talento, gobernanza y estrategia. Y es precisamente en ese terreno intermedio donde España debe demostrar si su actual liderazgo en adopción es el preludio de una ventaja competitiva sostenible o simplemente una estadística pasajera.
El perfil de uso que emerge del informe para España es el de una adopción amplia pero relativamente superficial: asistentes de productividad en oficinas, modelos generativos integrados en tareas de redacción, análisis documental, gestión de proyectos, atención al cliente, marketing y soporte operativo.
Son aplicaciones útiles, sin duda, pero en su mayoría corresponden a lo que podríamos llamar la "IA de conveniencia": herramientas que facilitan procesos existentes, pero que todavía no redefinen modelos de negocio ni transforman sectores completos.
La comparación con países como Singapur o Emiratos Árabes Unidos -líderes mundiales en adopción con tasas superiores al 58%- resulta ilustrativa.
En esos casos, la alta difusión va acompañada de ecosistemas completos de innovación, inversión pública estratégica y colaboración estructurada entre gobierno, universidades y sector privado.
España, por el contrario, presenta una adopción impulsada más por la disponibilidad de herramientas de consumo que por una apuesta coordinada de país.
Eso no es necesariamente malo. La adopción orgánica tiene su valor: familiariza a millones de personas con la tecnología, reduce barreras culturales y prepara el terreno para usos más sofisticados. Pero tampoco es suficiente.
Sin una estrategia que convierta ese uso inicial en capacidad productiva, España corre el riesgo de quedarse atrapada en una zona intermedia: demasiado avanzada para ser ignorada, pero insuficientemente preparada para competir con quienes están construyendo la siguiente capa de valor.
Uno de los factores que explican la alta adopción española es, sin duda, el idioma.
El informe de Microsoft identifica la lengua como una barrera sistémica emergente: países donde dominan idiomas de bajo recurso -como el chichewa en Malaui o el yoruba en Nigeria- muestran tasas de adopción un 20% inferiores, incluso ajustando por renta y conectividad.
El español, en cambio, es una de las lenguas mejor representadas en la web abierta y en los corpus de entrenamiento de los grandes modelos de IA. Eso reduce significativamente la fricción de uso y mejora la utilidad percibida de las herramientas.
Es una ventaja innegable, pero también compartida. España no compite solo con países de habla inglesa o china, sino también con América Latina, donde el español es igualmente dominante y donde, en muchos casos, los costes operativos son menores y la flexibilidad regulatoria mayor.
México, Colombia, Argentina o Chile no solo tienen acceso al mismo recurso lingüístico; están construyendo sus propios ecosistemas de talento tecnológico con salarios competitivos y políticas de atracción de inversión cada vez más sofisticadas.
Por tanto, la ventaja del español es necesaria, pero no suficiente. Lo que realmente puede diferenciar a España es su capacidad para desarrollar aplicaciones específicas que aprovechen tanto el idioma como el contexto cultural, regulatorio y sectorial europeo. Y ahí es donde entra en juego el multilingüismo.
Aunque el español tiene buena cobertura en los modelos de IA, la realidad plurilingüe de España introduce un factor de complejidad -y responsabilidad- adicional. Catalán, euskera y gallego son lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, pero están muy por detrás del español en términos de recursos digitales disponibles.
Los modelos de IA entrenados mayoritariamente en inglés y español funcionan significativamente peor en estas lenguas, lo que limita el acceso efectivo de millones de ciudadanos a servicios públicos, educación y oportunidades económicas basadas en IA.
El informe de Microsoft insiste en que las brechas lingüísticas no son solo un problema cultural, sino económico y político. Sin inversión específica en corpus de datos, benchmarks de evaluación y modelos adaptados, las comunidades autónomas con lenguas propias quedan en desventaja estructural.
No es una cuestión menor: en sanidad, justicia, educación y administración pública, la capacidad de interactuar con herramientas de IA en la lengua materna determina la calidad del servicio y la equidad territorial.
Desarrollar recursos lingüísticos para catalán, euskera y gallego no es solo una obligación de cohesión social; es también una oportunidad de liderazgo. España podría convertirse en referente europeo en IA multilingüe para lenguas minoritarias, exportando conocimiento y soluciones a otros contextos con desafíos similares -Gales, Escocia, regiones de Italia, Bélgica o Suiza-.
Pero esto requiere financiación pública sostenida, colaboración entre universidades y empresas, y una visión de largo plazo que trascienda ciclos electorales.
El informe es contundente: la proximidad de centros de datos importa. No solo por razones técnicas -latencia, costes de ancho de banda-, sino también por cumplimiento normativo.
La legislación europea y española exige que ciertos datos sensibles -sanitarios, financieros, administrativos- se almacenen y procesen dentro de fronteras nacionales o, al menos, europeas. Sin capacidad de cómputo cercana, la adopción de IA en sectores críticos se ralentiza o directamente se bloquea.
Los números son claros: Estados Unidos concentra 53,7 gigavatios de capacidad de centros de datos; China, 31,9 gigavatios.
La Unión Europea en su conjunto apenas alcanza los 11,9 gigavatios, y Reino Unido suma 2,6 gigavatios adicionales. España, dentro de ese reparto europeo, tiene una presencia modesta. Esto no es un problema exclusivamente español -es una debilidad estructural de toda Europa-, pero sí es un lastre compartido que limita la soberanía digital del continente.
El desafío es doble. Por un lado, construir nueva capacidad de centros de datos requiere inversiones masivas en infraestructura energética, terrenos, refrigeración y conectividad de alta velocidad.
Por otro, exige hacerlo de manera sostenible: los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad, y en un contexto de transición energética y objetivos climáticos ambiciosos, no se puede simplemente replicar el modelo estadounidense o chino sin considerar el impacto ambiental.
España tiene aquí algunas ventajas: abundancia de energía renovable -solar y eólica-, ubicación geográfica estratégica como puerta de Europa hacia África y América Latina, y un coste energético potencialmente competitivo si se gestiona bien.
Pero convertir esas ventajas en infraestructura real requiere agilidad regulatoria, incentivos fiscales inteligentes y colaboración público-privada. No basta con anunciar inversiones; hay que ejecutarlas, y ejecutarlas rápido.
Si la infraestructura es el hardware de la economía de la IA, el talento es el software. Y aquí España afronta su desafío más complejo. La alfabetización digital básica -saber usar un ordenador, navegar por internet, evaluar información- es condición necesaria pero insuficiente.
Lo que realmente importa es la competencia específica en IA: comprender cómo funcionan los modelos, diseñar prompts efectivos, evaluar resultados críticamente, identificar sesgos, proteger datos, medir impacto en productividad y aplicar la tecnología de manera responsable.
El informe de Microsoft sugiere programas masivos de reskilling y upskilling en sectores clave: sanidad, educación, industria, servicios financieros, turismo.
También propone incentivos a empresas que formen a sus plantillas e integración curricular en secundaria, formación profesional y universidad. Todo esto es correcto, pero también enormemente ambicioso. Formar a decenas de miles de profesionales en competencias avanzadas de IA no es algo que se pueda hacer en un par de años ni con recursos limitados.
España tiene aquí una debilidad histórica: un sistema educativo que reacciona lentamente a cambios tecnológicos, una inversión en I+D por debajo de la media europea, y una fuga de talento científico y técnico hacia otros países con mejores condiciones salariales y de investigación.
La adopción rápida de herramientas de IA por parte de la población general no soluciona este problema estructural; más bien lo visibiliza. Millones de personas están usando ChatGPT, pero eso no convierte a España en un polo de desarrollo de IA ni en un referente en aplicaciones avanzadas.
La formación continua es, como señala el informe, el puente entre el piloto y el proceso, entre la prueba y la política. Pero construir ese puente requiere coordinación entre ministerios, comunidades autónomas, universidades, centros de formación profesional y empresas.
Requiere, sobre todo, voluntad política sostenida y presupuestos reales, no declaraciones grandilocuentes ni planes estratégicos que se archivan tras la foto de presentación.
La alta adopción de IA en España ha sido, hasta ahora, mayormente espontánea. Las empresas han incorporado herramientas porque mejoran la eficiencia; los usuarios las adoptan porque facilitan tareas cotidianas.
Pero a medida que la IA se integra en procesos críticos -diagnóstico médico, decisiones judiciales, evaluación crediticia, selección de personal-, la necesidad de marcos de gobernanza claros se vuelve urgente.
El informe insiste en transparencia, trazabilidad, auditoría, protección de datos y evaluación de impacto. No como obstáculos burocráticos, sino como condiciones para una adopción sostenible y socialmente aceptable.
Europa ha tomado la delantera regulatoria con la Ley de Inteligencia Artificial, pero la implementación práctica de esos marcos en cada país, región y sector es el verdadero reto.
España necesita traducir esos principios generales en guías operativas para pymes y administraciones públicas: ¿cómo evaluar si un modelo de IA es fiable? ¿Qué criterios usar para auditar sesgos? ¿Cómo proteger datos sensibles en aplicaciones de salud o justicia? ¿Qué métricas emplear para medir impacto en productividad y empleo?
Sin respuestas claras y accesibles a estas preguntas, la adopción se ralentizará o, peor aún, derivará en usos irresponsables que generen desconfianza y rechazo social.
Los sandbox regulatorios -espacios experimentales donde empresas, universidades y administraciones pueden probar aplicaciones de IA bajo supervisión, pero con flexibilidad normativa- son una herramienta útil.
Permiten innovar sin romper el marco legal, y generan aprendizajes que luego pueden escalar. Pero requieren recursos, coordinación y apertura a la experimentación, cualidades no siempre abundantes en la administración española.
El informe identifica varios sectores donde España podría obtener retorno medible de su alta adopción de IA: turismo, agroalimentación, industria, salud y administración pública.
Son sectores estratégicos, sin duda. Pero también son sectores donde abundan los pilotos fotogénicos (proyectos de demostración que generan titulares, pero que raramente escalan a aplicaciones productivas).
En todos estos casos, la colaboración público-privada con financiación real e incentivos bien diseñados es el catalizador. Pero esa colaboración no puede quedarse en acuerdos marco y mesas de trabajo.
Necesita proyectos concretos, métricas de éxito claras, evaluación rigurosa de resultados y voluntad de escalar lo que funciona y cerrar lo que no.
El 39,7% de adopción coloca a España en una posición de partida favorable. Es un dato que conviene celebrar, pero también relativizar. La adopción masiva no es un fin en sí mismo; es el punto de partida para una transformación más profunda. Y esa transformación no ocurre por inercia.
El informe de Microsoft advierte que la ventana de oportunidad es limitada. Sin infraestructura cercana, talento formado, accesibilidad lingüística plena y marcos de gobernanza claros, la adopción puede quedarse en estadística vacua.
Los próximos dos o tres años serán decisivos. Si España logra desplegar centros de datos eficientes, formar a decenas de miles de profesionales en competencias avanzadas de IA, desarrollar recursos para lenguas cooficiales y establecer casos de uso escalables en sectores estratégicos, entonces sí: el liderazgo actual en adopción puede convertirse en ventaja competitiva sostenible.
Si no, si la agenda se queda en discursos y planes sin ejecución, España habrá desperdiciado una oportunidad histórica. No sería la primera vez. La historia española está llena de proyectos tecnológicos e industriales que comenzaron con entusiasmo y terminaron en frustración por falta de continuidad, recursos o visión de largo plazo.
La pregunta no es si España está adoptando la IA rápidamente; ya está ocurriendo. La pregunta es si esa adopción se está construyendo sobre cimientos sólidos o sobre arena. La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta.
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