El Gobierno da luz verde al Estatuto del Becario, que reconoce la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o su derecho a vacaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, con el que el Gobierno pretende reforzar los derechos de los estudiantes en prácticas y combatir situaciones de precariedad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró tras la reunión del Ejecutivo que esta iniciativa supone "la reforma laboral para la gente joven en España", al tiempo que defendió que el texto busca garantizar que las prácticas tengan un verdadero carácter formativo y evitar el uso fraudulento de esta figura.

El anteproyecto, que ya fue sometido a audiencia e información pública, iniciará ahora su trámite parlamentario, donde deberá reunir los apoyos necesarios para convertirse en ley.

Claves del Estatuto del Becario

Entre las principales novedades del texto se encuentra el derecho a una compensación mínima de gastos para las personas en prácticas, destinada a cubrir costes derivados de la actividad formativa, como desplazamientos, alojamiento o manutención. No obstante, la empresa no estará obligada a abonarla si estos gastos ya están cubiertos por otras becas o ayudas o si facilita directamente los servicios necesarios.

El estatuto también establece que las prácticas deberán respetar los límites de jornada, descansos, festivos y vacaciones fijados en la legislación y en los convenios colectivos aplicables al resto de trabajadores. Además, con carácter general, no podrán desarrollarse en horario nocturno ni a turnos, y las empresas deberán garantizar la compatibilidad con la actividad académica del estudiante.

La norma recoge asimismo que las prácticas serán compatibles con la prestación o el subsidio por desempleo, y mantiene la obligación de que los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad Social, una medida incluida en la última reforma del sistema de pensiones.

En cuanto a la duración, se establecen límites a las horas de prácticas universitarias. Las curriculares realizadas durante estudios oficiales de grado, máster o doctorado no podrán superar el 25% de las horas del plan formativo, mientras que las extracurriculares tendrán un máximo del 15%, con un tope de 480 horas.

Además, el número de estudiantes en formación no podrá superar el 20% de la plantilla del centro de trabajo, aunque cualquier empresa podrá contar con dos personas en prácticas con independencia del tamaño de su plantilla. Cada tutor podrá supervisar como máximo a cinco personas en formación.

El anteproyecto incorpora también un régimen sancionador para los incumplimientos, con multas que pueden ir desde los 70 euros hasta los 225.018 euros, cuya vigilancia corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Choque con la patronal

Durante su comparecencia, Díaz defendió que el texto es fruto de más de quince meses de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales, aunque la patronal finalmente no se ha sumado al acuerdo.

La ministra acusó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de situarse “del lado del fraude” por oponerse a la norma. Según señaló, el estatuto responde a resoluciones del Tribunal Supremo y busca poner fin a los abusos en la utilización de la figura del becario.

Por su parte, Garamendi afirmó poco antes de la comparecencia del Gobierno que desconocía el detalle del texto y criticó que el proceso se haya convertido en un “monólogo social”.

Díaz justificó la necesidad de la norma recordando que existen abusos en el uso de los becarios. Como ejemplo, señaló que el 22% de las personas becarias en España tienen hasta 59 años y recordó que la Inspección de Trabajo detectó 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones realizadas entre 2021 y 2025.