El Gobierno inicia el procedimiento para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado
Propondrá nuevas instrucciones sobre horarios de trabajo y las llevará a la Comisión Superior de Personal, lo que supone que la medida podrá estar en marcha en febrero o marzo
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El Gobierno ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que ha iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).
Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Función Pública ha añadido que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales.
Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.
La pasada semana, el ministro Óscar López señaló que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible".
UGT y CCOO habían urgido la semana pasada a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026.
Los sindicatos pedían que se adoptara "en el próximo mes de febrero o a principios de marzo", ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación.
La recuperación para la Administración General del Estado viene recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024 que firmaron los sindicatos CCOO y UGT junto a la entonce ministra con las competencias de Función Pública, María Jesús Montero. Sin embargo, la aplicación de este compromiso -que no se ha aplicado en esta administración a diferencia de comunidades autónomas como Andalucía y ayuntamientos- se ha dilatado en el tiempo.
Esta medida para la Administración General del Estado se produce en un contexto más amplio de debate sobre la jornada laboral en España. El 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para reducir la jornada del sector privado de 40 a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial. Pero esta propuesta no ha logrado, hasta ahora, el apoyo parlamentario necesario entre otras cosas por la oposición de Junts, lo que ha llevado al Gobierno a centrar sus esfuerzos en un ámbito donde sí tiene capacidad directa de decisión
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