La guerra de GDELS-Santa Bárbara contra Indra se recrudece con una acusación de espionaje industrial

La guerra abierta de GDELS-Santa Bárbara Sistemas contra Indra a cuenta de los contratos en materia defensa concedidos por el Gobierno español a la empresa que lidera Ángel Escribano se ha recrudecido con una acusación sobre espionaje industrial. La denuncia se basa en el envío de una serie de documentación relativa a los programa de los vehículos blindados de zapadores Castor y VCR 8x8 ‘Dragon’, dos de los principales proyectos de nuevos carros de combate del Ejército de Tierra.

En concreto, según avanza El Confidencial, la filial de General Dynamics acusa a la multinacional española de obtener presuntamente documentos que afectan a la fabricación de blindados del Ejército de Tierra. La información habría sido transmitida por correo electrónico por un directivo de Indra que antes trabajó para Santa Bárbara, que ha remitido sendos burofaxes a la firma de defensa participada por la SEPI en los que pide explicaciones por determinados datos publicados en medios digitales.

La información filtrada, en la que Santa Bárbara advierte de “fallos” en los vehículos atribuidos a Sapa Placencia, fue enviada supuestamente por un familiar de Ángel de Álvaro, a quien también se han solicitado explicaciones “por sustraer documentos confidenciales”. El ejecutivo señalado, actual director jurídico de Indra, trabajó hasta la primera pasada representando dentro del consorcio Tess Defences a GDELS, que no ha querido hacer comentarios al respecto a consultas de este diario.

Precisamente, uno de los elementos que ha minado la relación entre ambas compañías es el contrato de los 8x8 ‘Dragón’, que echó a andar en 2020 con la firma del contrato entre el Gobierno y el consorcio Tess Defence, liderado por Indra y en el que también participan Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sapa Placencia y la propia GDELS. Desde entonces, el cronograma fijado hasta 2027 no se ha cumplido tanto por distintos problemas industriales como por las diferencias entre los socios. 

La demora y las dudas técnicas han rodeado en los últimos años a uno de los programas estrella de las Fuerzas Armadas, valorado en más de 2.000 millones para un lote de 348 blindados. A finales de 2024 y en un intento de salvar el contrato, Indra tomó el control de Tess Defence para hacerse con el 51% del accionariado, a pesar de lo cual no se cumplieron objetivos. El calendario se reprogramó de nuevo en 2025, aunque tampoco se alcanzó el horizonte de entregas previsto.

Incumplimiento de contrato 

Los aplazamientos han motivado incluso amenazas de multa por parte del Ministerio de Defensa a los cuatro accionistas por incumplimiento de contrato. El departamento dirigido por Margarita Robles ha traslado en varias ocasiones en público y por carta a los responsables de Indra “su preocupación por los sucesivos retrasos del programa de vehículos 8x8 para el Ejército de Tierra”. Ante ese “incumplimiento”, se reservan “las acciones oportunas”, han apuntado desde el Ejecutivo español.

La acusación de espionaje añade una batalla más en la contienda entre GDELS-Santa Bárbara y la compañía de Ángel Escribano, que se ha acelerado en las últimas semanas. En este sentido, la filial española de la multinacional estadounidense ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la adjudicación por 7.240 millones a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y EM&E del programa de obuses autopropulsados, argumentando que "no tienen capacidad" para desarrollarlo.

Medidas cautelares 

Santa Bárbara ya presentó un recurso contencioso-administrativo para suspender los 3.002 millones en préstamos adjudicados a los programas de obuses autopropulsados por parte del Gobierno a dicha agrupación de empresas, que admitió a trámite el Supremo a principios de enero. Estos créditos fueron concedidos en 2025 a la UTE, con la que ambas compañías se adjudicaron un total de 1.821 millones de euros para los programas de cadenas y 1.181 millones para los de obuses de ruedas.

Una vez admitido a trámite por el Supremo, el siguiente paso era presentar un recurso de alzada a la adjudicación, según explicó el director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de General Dinamics, Alejandro Page, que precisó que el propio recurso contencioso-administrativo ya lo contemplaba. Además, incluía una serie de medidas cautelares, entre ellas, la suspensión de los préstamos que deberían resolverse en un mes una vez pase el periodo de alegaciones.