El Consejo de Ministros aprueba este martes la reducción de la jornada laboral, que encara un duro trámite en el Congreso

Madrid/El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley de la rebaja de la jornada laboral hasta un máximo de 37,5 horas, sin merma salarial, que ahora se enviará al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno espera reunir los apoyos necesarios para sacarla adelante, pese a la enmienda a la totalidad anunciada por Junts.

La aprobación en el Consejo de Ministros se produce una semana después de la fecha inicialmente prevista, aplazada por las circunstancias del apagón eléctrico.

Aprovechando esta circunstancia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a las patronales española y catalana que no se cierren a la reducción de la jornada laboral, porque hará "mejores" a las empresas.

"Estamos convencidos de que contribuiría a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a nuestras empresas", dijo en la 40 Reunió Cercle d'Economia.

La llegada del texto sobre la rebaja de la jornada a la mesa del Consejo de Ministros se produce más de dos meses después de que fuera aprobada como anteproyecto de ley, una vez recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).

El Ministerio de Trabajo calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor, tal y como ha subrayado este martes la ministra del ramo, Yolanda Díaz, quien se ha mostrado convencida de que la norma “saldrá adelante” en la Cámara Baja.

"Los mismos que dijeron que la reforma laboral traería más paro, hoy dicen que reducir la jornada laboral será un desastre. Se equivocaron entonces y se van a equivocar ahora. Incluso ahora dicen que esta norma no va a salir adelante. Y saldrá adelante", ha señalado la ministra y vicepresidenta segunda en el vídeo de valoración de los datos del paro.

Según el Departamento que dirige Yolanda Díaz, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.

Trámite parlamentario

Tras la luz verde al proyecto en el Consejo de Ministros de este martes, la reducción de jornada aterrizará en el Congreso, donde el Gobierno tendrá que reunir los apoyos necesarios para su aprobación. El Ejecutivo lleva ya tiempo negociando con sus socios, pero Junts no parece que vaya a hacerle las cosas fáciles, pues ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del texto.

Conscientes de que la tramitación parlamentaria de la norma y la presentación de enmiendas parciales podría modificar lo acordado, los sindicatos CCOO y UGT ya han advertido de que "presionarán" a las formaciones políticas para que "no desnaturalicen" lo que pactaron con Trabajo.

Los sindicatos ya han anunciado que seguirán movilizándose para lograr que el Parlamento dé el visto bueno a una medida que desea "casi toda la sociedad española".

Por su parte, CEOE ha apelado "a la responsabilidad" para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta sus advertencias sobre el impacto negativo de imponer por ley la rebaja de la jornada laboral y se disponga "de un adecuado análisis de impacto económico" de la medida.

Registro horario y desconexión digital

La rebaja de jornada a 37,5 horas semanales es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT, no así las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que consideran que la jornada laboral debe fijarse por la vía de la negociación colectiva.

CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, puso ayer en duda que el Gobierno vaya a reunir los apoyos suficientes para aprobar la norma en el Congreso, sigue mostrándose beligerante con la imposición por ley de la reducción de la jornada, al tiempo que continúa advirtiendo de los efectos negativos que tendrá esta medida sobre la economía y el empleo, especialmente en las pymes.

Para Trabajo, la rebaja de jornada en sí no es lo más importante de este proyecto de ley, pues considera que la medida estrella es la reformulación del control horario, que se deberá tener lista en seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Este registro horario será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador.

El proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros también incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, para que ningún trabajador tenga que responder a un mail o a una llamada cuando estén fuera de su jornada laboral.

Trabajo quiere que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para adaptarse a la jornada máxima.

Sanciones más duras

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.

Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.

Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.