La regularización de migrantes en Andalucía, entre las necesidades urbanas y del medio rural

Andalucía aumenta poco a poco su fuerza trabajadora extranjera sin ser uno de los territorios nacionales que más mano de obra foránea emplea. Tanto la Seguridad Social como la Encuesta de Población Activa (EPA) arrojan un porcentaje similar (ya sean cotizantes u ocupados) que supera el 11% en el último ejercicio, aunque hay cierta distancia en los datos absolutos, en la que la economía sumergida (y el empleo irregular) supone un factor fundamental para algunas voces. En ese contexto, la región -como el resto de España- enfrenta el proceso de regularización de migrantes que prepara el Gobierno central para la integración de esas personas, y por su fuerte componente económico, entre las necesidades de las zonas urbanas y la recuperación de los núcleos rurales y su actividad agrícola y ganadera.

Hasta el 6 de febrero estuvo en audiencia pública el proyecto de real decreto para modificar el Real Decreto sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El texto se detiene en el plano social, pero hace hincapié en el impacto económico de esta decisión. Se recoge como "positivo" por la afiliación a la Seguridad Social que implicará y por la incorporación al mercado laboral de personas extranjeras que puede traducirse en la ocupación de puestos "en sectores que enfrentan escasez de mano de obra", como la agricultura, la construcción y los servicios.

En esto insiste el documento, pues asume que permitirá mitigar los efectos en el mercado laboral del envejecimiento de la población y la baja natalidad, con "mano de obra joven y dinámica que es esencial para mantener el crecimiento económico". Todo ello con una siguiente lectura, el impulso del consumo local y con ello el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). El Banco de España en un artículo firmado por Pilar Cuadrado y Ana Regil de junio de 2025 apunta a una contribución anual de entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB per cápita de 2022 a 2024, similar a otras épocas expansivas de la economía y "condicionada, principalmente, por dos factores: el avance en el proceso de asimilación —en distintas dimensiones— de los inmigrantes que llegaron a nuestro país a principios de este siglo y las mejoras observadas en el nivel educativo y en la distribución ocupacional de los llegados a España en los últimos años". La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) apuntaba en un comunicado que los autónomos inmigrantes generan una aportación cercana a los 10.500 millones de euros al PIB.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía hace unos días en la comisión de economía del Senado la contribución positiva de la inmigración al crecimiento económico del país y a la reversión del envejecimiento que muestra la pirámide poblacional española. Los migrantes impulsan la productividad, expuso, al llegar ahora trabajadores más cualificados que antes de la crisis financiera. "Tenemos que ser conscientes del efecto positivo de la llegada de inmigración y de la necesidad de avanzar en la mejor, la mayor y la más rápida integración posible", advirtió.

El peso extranjero entre los trabajadores

Andalucía cerró 2025, según la EPA, con 3.626.800 personas ocupadas, de las que el 11,11% son foráneos. Es destacable el porcentaje del total de 403.100 trabajadores extranjeros provenientes de fuera de la Unión Europea (UE), hasta un 76,63%. Respecto a 2024 implica un aumento general de la población ocupada, también de foráneos. El dato interanual es de 138.300 euros ocupados más. Algo más del 80% de ese número se debe a los nacionales, el resto a extranjeros, cuya cifra es de 27.500. Hay que matizar que los ciudadanos de países no comunitarios aglutinan toda la fuerza extranjera trabajadora nueva al reportarse un dato negativo de los procedentes de la UE: 28.400 más, frente a 900 menos, respecto a 2024.

Existe una diferencia entre estas estadísticas y los números de la Tesorería General de la Seguridad Social, que comunica que a 31 de diciembre de 2025 Andalucía contaba con 3.522.055 afiliados, esto es, un incremento interanual de 70.341 personas. Hasta 389.967 de estos cotizantes eran foráneos, lo que se traduce en un 11,07%. Aunque en números absolutos, la EPA apunta a más personas ocupadas en general, también inmigrantes (en torno a 11.300 más), en porcentaje el dato es muy similar.

Hay diferencia, por el contrario, sobre el peso que la nueva mano de obra migrante tiene en la subida de ocupados/afiliados. Los datos del INE indican que los extranjeros suponen en torno al 20% del crecimiento de la ocupación, mientras que la Seguridad Social le otorga una magnitud mayor, del 43,47%, al ser 30.582 de los 70.341 afiliados nuevos registrados.

Economía sumergida

"Los datos de ocupación de la EPA son datos fiables, como reconoce la Unión Europea, pero son datos estadísticos. Mientras que los datos de Seguridad Social son afiliados. Son distintas formas de medir, unos datos provienen de encuesta y otro de los registros", explica la secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en Cádiz, Inmaculada Ortega, que descarta que la disparidad sea computable a la economía sumergida. Desde UGT Andalucía, sin embargo, Maribel Román, secretaria de Políticas Sociales, apunta a que el empleo irregular "es el factor fundamental" de esa diferencia. "Es habitual que haya personas que están incorporadas al sistema productivo, que consideramos necesarias, que no tienen los papeles en regla", expone. Por eso, entienden que el proceso de regularización de migrantes previsto por el Gobierno central "es un complemento perfecto a la reforma del reglamento de extranjería que ya se hizo en mayo, y que desbordó las oficinas".

"De la gente que está en economía sumergida, al estar en negro, no hay datos. Ahora se va a regularizar la situación de algunas personas con unas condiciones determinadas, pero que no están trabajando a efectos legales. Al disponer de los papeles, podrán ser dados de alta", añade Ortega. En definitiva, entiende que la regularización viene a contribuir al afloramiento de empleos.

Según las cifras del Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2024 la actividad inspectora permitió en Andalucía aflorar hasta 1.455 empleos de foráneos que no contaban con permiso de trabajo en España. Esta cifra está por debajo de la que el organismo registró en la Comunidad Valenciana (1.597), la Comunidad de Madrid (2.151) y Cataluña (3.001). Por provincias, los números más elevados se dieron en Almería, con 329; y en Málaga, con 376. En total en el Estado se contabilizó en ese ejercicio 12.816 empleos aflorados por ocupar a extranjeros sin autorización, una acción inspectora que implicó sanciones de 124,2 millones de euros.

Los beneficios de la regularización

"Si hay personas sin estar dadas de alta, el hecho de que puedan acceder a un empleo es positivo. Depende del mercado de trabajo, pero habrá zonas en España, sin paro estructural, que pueden beneficiarse porque tienen una necesidad de mano de obra más elevada. La regularización en Andalucía, al menos en algunas provincias, no será tan potente. En la provincia de Cádiz tenemos una tasa de paro que duplica la española", considera la responsable de CCOO en Cádiz.

"Evidentemente, el objetivo es la integración en la sociedad. Vienen a trabajar, a mejorar sus condiciones de vida, y lo que nos interesa es que la integración sea completa, no solo con su aportación como mano de obra, sino también su contribución a la Seguridad Social, al consumo. Una persona sin papeles no puede comprar una vivienda, si me apuras tampoco alquilar. Apostamos por la integración a todos los efectos", defiende Román, que insiste en el componente social de esta apuesta.

Inmaculada Ortega incluso añade algunas cuestiones sobre la migración en España, como la entrada en buena medida por el aeropuerto, "con permiso para estudiar, de vacaciones; se quedan y trabajan de manera irregular"; y sobre el proceso de regularización, que "no significa nacionalizar, que en esto hay una gran confusión". "Este proceso es para que puedan acceder a trabajar y a tener residencia en España", abunda.

Desde ambos sindicatos se muestran favorables a esta formalización. En el plano economicista de la medida, se centran en los sectores "con más tensión" a los que puede dar respuesta, "como la construcción o los cuidados, donde puedes encontrar a mucha gente que no tiene los papeles en regla. También en el campo", señala la secretaria general de CCOO en Cádiz. "Puede afectar al sector agrario, hostelería, comercio y, en menor proporción, construcción, transporte, administración y servicios, que incluye cuidados, aunque según los datos que UGT maneja el trabajo en el hogar ya ocupa al 34% de la mano de obra inmigrante", precisa la responsable de Políticas Sociales de la entidad a nivel andaluz.

Opinión de los sectores

"Que se regularice a personas que están ahora mismo sin poder trabajar porque no tienen documentación legal para el sector hostelero es positivo", reconoce el presidente de la patronal de la Hostelería -Horeca- en Cádiz, Antonio de María Ceballos, que habla de las necesidades de trabajadores que tiene cada empresa, por temporadas, lo que hace que "fluctúe muchísimo". "Desde 2019 a 2025 hemos creado 9.000 puestos de trabajo", apunta sobre la fuerza del sector en una provincia de Cádiz tan vinculada a esta actividad, por lo que la disponibilidad de personas para acceder a estos empleos resulta fundamental. En 2023 la entidad planteó la posibilidad de cubrir con contrataciones en origen (en concreto procedentes de las escuelas de hostelería de Marruecos) los puestos que pudieran quedar vacantes ese verano, tras la experiencia de la temporada estival anterior.

A la orden GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) se acoge, por ejemplo, el sector de la fresa de Huelva cada temporada. Es, explican desde Interfresa, una medida que aplican como consecuencia de haberse encontrado sin mano de obra suficiente para atender los campos. Contar con ella en España, por proximidad, resultaría más fácil en teoría, pero reconocen que no saben valorar si la regularización de migrantes que ahora se plantea podría allanar esa disponibilidad.

"El campo español necesita contratar a personas migrantes para llevar a buen término sus cosechas y cuidar a sus animales", es la postura de la organización UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores), que reconoce la importancia de que la población inmigrante que ya vive en el medio rural español se regularice. "El objetivo debe ser la integración total en nuestra sociedad", defienden. Su argumento integra dos debates, la necesidad de mano de obra, pero también la respuesta a la pérdida de población lejos de las ciudades, con sus necesidades más centradas en las carencias de los sectores económicos.

"Creemos que este proceso es positivo porque al final están aquí, son personas que se encuentran en España. Se cumplirán dos objetivos: que tengan documentos, que tengan un lugar para trabajar, pero que a la vez puedan cotizar", abunda Manuel Piedra, secretario general de UPA Andalucía, que lamenta la crítica que se hace del efecto llamada, que rechaza "porque la regularización es para quienes ya estaban en España a 31 de diciembre". Faltan, eso sí, por saber las condiciones que se fijarán, porque mientras tanto se producen muchas especulaciones. "Por ejemplo, ¿va a incluir a los migrantes que tienen permiso para estudiar?, porque hay uno que permite compaginar con trabajo", apunta. "Ahora mismo hay un borrador de la reforma, que no se publicará hasta mediados de marzo según nos dicen del Gobierno".

Piedra también avisa de los abusos que pueden producirse, con ofertas de tramitación a cambio de cantidades desorbitadas. Por eso, la organización va a poner a disposición su estructura, sus oficinas en toda Andalucía, para ayudarles en las gestiones. "Nos llegan rumores de que se les está pidiendo mucho dinero y queremos mandar un mensaje para que nadie se aproveche de estas personas", explica.

"Las provincias más afectadas van a ser Almería y Huelva, por supuesto; Jaén, después; y Sevilla y Málaga. Y Málaga más por el turismo que por la agricultura. Huelva tiene dos, turismo y agricultura", resume el secretario general de UPA Andalucía. Aunque, matiza, la persona que se proceda a la regularización podrá decidir trabajar en otra provincia o en cualquier sector económico. La entidad no baraja ninguna cifra acerca del número de personas que podrían acogerse a este mecanismo para hacerse con la documentación necesaria para tener residencia legal y trabajar en España.

UPTA España estima, por su parte, que el proceso podría traducirse en un incremento de alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en territorio nacional. La organización prevé que cerca del 14% de las personas regularizadas opten por emprender y desarrollar una actividad por cuenta propia.

En 2025 el emprendimiento extranjero, apuntan, fue determinante para el crecimiento de este régimen especial: más del 80% de las nuevas altas se han producido gracias al trabajo autónomo impulsado por personas de origen foráneo. La entidad cree que la medida supone "una oportunidad estratégica" para afrontar uno de los grandes retos estructurales del país: el envejecimiento de la población activa y la inminente jubilación de miles de trabajadores.

El número de medio millón de personas que podrían beneficiarse de la regularización que prepara el Gobierno central proviene de los datos que aportan las entidades sociales que ayudan a los colectivos migrantes, sin que ni sindicatos ni administraciones ofrezcan otros datos oficiales, ni un número aproximado en Andalucía.