UPTA alerta de precariedad del autoempleo en Andalucía: más de 86.000 autónomos son pobres

UPTA (Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos) España alerta de que en Andalucía existen 137.610 autónomos que cuenta con ingresos netos iguales o inferiores a 670 euros mensuales. Para más de 86.000 su actividad por cuenta propia es su única fuente de ingresos, por lo que se encuentran en situación de pobreza. La entidad maneja estos datos de la Agencia Tributaria para advertir de que no son cifras "suficientes para vivir con dignidad ni para garantizar su futuro", de ahí que pida medidas para que estos profesionales salgan del autoempleo.

Mientras miles de autónomos, que proceden mayoritariamente del sector del pequeño comercio, sobreviven con ingresos insuficientes, el mercado laboral atraviesa una etapa de crecimiento, expone UPTA. Aunque los salarios no son elevados, los sueldos mínimos del empleo por cuenta ajena son, de media, al menos 500 euros superiores a los rendimientos que declaran cientos de miles de autónomos, insisten. Más de 86.000 autónomos, detalla, "malviven" con ingresos por debajo de los 900 euros mensuales.

Hace unos días, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía apuntaba que 2025 había cerrado con 8.961 trabajadores autónomos más, para un total en la región de 592.735. Con ese número de referencia, el dato que ofrece ahora UPTA supone que algo más del 23,5% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran en el umbral de la pobreza.

De esos 137.610 autónomos con rendimientos bajos, más de 86.000 tienen una actividad económica frecuente y única, mientras que el resto son autónomos en pluriactividad, colaboradores o autónomos temporales. Respecto al total de autónomos suponen al menos del 14,5%. Repecto a estos trabajadores por cuenta propia con ingresos escasos, llegan al 62,5%.

UPTA advierte de que las políticas de apoyo al autoempleo empujan a miles de personas a darse de alta en el Regimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sin que este paso esté sustentado por garantías de viablidad. Se refiere a la tarifa plana o las ayudas al inicio de actividad e incentivos públicos, que tacha de medidas "indiscriminadas". Estas políticas generan "expectativas infundadas" que animan a muchas personas, también impulsadas por su situación de desempleo en muchos casos, al autoempleo sin sin un proyecto definido, sin estructura ni competencias necesarias para generar un negocio viable. La organización sustenta esta postura con una dato: más del 60% de los autónomos acogidos a tarifa plana declaran rendimientos de trabajo inferiores a los 700 euros mensuales. Esto se traduce en que son iniciativas que no generan actividades económicas sostenibles y que llevan "a la precariedad a personas que nunca debieron asumir ese riesgo".

La unión plantea la necesidad de articular mecanismos reales de apoyo para la salida ordenada del autoempleo. Así, propone que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desarrolle una fórmula para transtiar hacia empleos asalariados acordes a la experiencia y capacidades del profesional. Entre otras cuestiones, hablan de programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias.

Poner en marchas estas medidas no supone, deja claro, renunciar al apoyo al trabajo autónomo, sino un ejercicio de responsabilidad con estas personas. Defender la dignidad del trabajo implica reconocer cuándo un proyecto es inviable y ofrecer alternativas reales y seguras y apostar por un autoempleo de calidad también significa ayudar a cerrar etapas precarias y abrir nuevas oportunidades laborales que garanticen estabilidad, derechos y salarios suficientes, argumenta.

"Los datos demuestran que estamos bonificando pobreza en lugar de ayudar a consolidar actividades viables. La tarifa plana y otras políticas de impulso indiscriminado al autoempleo se están utilizando, en la práctica, como una vía para maquillar las cifras de desempleo. Se empuja a miles de personas a darse de alta en el RETA sin garantías de viabilidad y, en lugar de crear empleo real y sostenible. Se está condenando a estas personas al fracaso, a contraer deudas y a iniciar actividades que no les reportan ni el mínimo imprescindible para vivir. Esta realidad supone un fracaso estrepitoso de la política de fomento del autoempleo de la última década", expone Eduardo Abad, presidente de UPTA Andalucía.