Solo el 17% de las viviendas turísticas de Andalucía podrá anunciarse en plataformas a partir de este martes

Más de 80.000 alojamientos con licencia legal no han podido completar los trámites del Registro Único en tiempo y forma

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía solicita una prórroga ante el "atasco burocrático"

La doble exigencia de registro deja fuera del mercado 21.872 viviendas turísticas en Andalucía, según el sector

Un turista en Málaga pasao junto a un portal con cajas para llaves de pisos turísticos.
Un turista en Málaga pasao junto a un portal con cajas para llaves de pisos turísticos. / Javier Albiñana

Solo el 17,2% de las viviendas turísticas con licencia vigente en Andalucía podrá anunciarse en plataformas digitales a partir de este martes, según ha advertido la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro).

La organización señala que más de 80.000 alojamientos legales no han podido completar los dos trámites obligatorios del Registro Único, lo que podría dejar fuera del mercado online a más del 80% del sector.

De acuerdo con los datos oficiales del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Registro Único de Alojamientos (NRUA), en la comunidad existen 153.517 viviendas turísticas con licencia vigente. Sin embargo, solo 67.106 han obtenido el número de registro, lo que supone el 43% del total. De estas, únicamente el 40% ha presentado el depósito de contratos correspondiente a 2025 (modelo N2), un trámite cuyo plazo finaliza este lunes 2 de marzo. Como consecuencia, apenas un 17,2% de las viviendas turísticas andaluzas ha completado todo el proceso administrativo, lo que, según Avvapro, deja al resto en riesgo de perder su Número de Registro Único y, con él, la posibilidad legal de anunciarse en plataformas digitales.

Desde la asociación advierten de que no cumplir con este requisito puede tener consecuencias inmediatas, ya que la retirada del registro impediría operar en portales online a partir de marzo. “Estamos hablando de 86.411 alojamientos turísticos que cuentan con todas las licencias en regla y cumplen la normativa, pero que por un atasco burocrático van a quedar fuera del sistema”, señalan desde la organización.

El problema, según Avvapro, afecta a todas las provincias andaluzas, aunque resulta especialmente acusado en algunos territorios. En Málaga, por ejemplo, más de la mitad de las viviendas legales están fuera del registro, mientras que en Cádiz y Huelva solo una de cada tres ha conseguido completar el trámite, pese a cumplir los requisitos legales.

Impacto importante en zonas rurales

La situación es aún más crítica en determinados municipios. En la provincia de Cádiz destacan El Bosque, con apenas un 2% de registros sobre licencias; Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%) o Conil de la Frontera (31%). En Huelva, localidades como Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%) y Lepe (24%) presentan porcentajes también muy reducidos. En Málaga, municipios costeros como Benahavís y Benalmádena apenas alcanzan el 25% de cumplimiento.

Según la asociación, estos datos reflejan un “muro burocrático” que afecta especialmente a municipios costeros y a pequeños pueblos, donde muchas viviendas turísticas corresponden a segundas residencias de familias locales y constituyen una fuente clave de ingresos.

Ante esta situación, Avvapro ha reiterado a la Junta de Andalucía la necesidad de ampliar el plazo para el depósito de contratos de 2025, alegando que el sistema administrativo se encuentra saturado. La organización reclama una prórroga extraordinaria que permita a los propietarios completar el proceso sin quedar en situación irregular por causas ajenas a su voluntad.

La asociación recuerda además el peso económico de este tipo de alojamientos en la comunidad. Según sus estimaciones, las viviendas turísticas contribuyen entre el 10% y el 15% del PIB turístico andaluz, además de generar empleo y actividad económica durante todo el año, especialmente en áreas rurales o de menor tamaño.

“Se trata de un sector profesional que cumple la ley y genera desarrollo social y económico”, sostienen desde Avvapro, que piden una solución técnica para evitar que miles de propietarios legales queden excluidos del sistema. “No se puede penalizar a quienes cumplen la normativa por la incapacidad del sistema para procesar las solicitudes”, concluyen.

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