Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores en toda España
La compañía inicia un periodo de consultas tras cerrar su operativa en más de medio centenar de ciudades y sostiene que la medida busca evitar el cierre en varias provincias
Multa de 847.000 euros a Glovo por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo en Sevilla
Glovo ajusta su estructura laboral en España con un recorte que alcanza a cientos de trabajadores. La empresa de reparto ha comunicado este miércoles la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 750 repartidores en 60 ciudades del país. La compañía afirma que se ha visto obligada a ejecutar este proceso por la reducción de actividad en numerosas provincias y que esta decisión resulta necesaria para “evitar su cierre”, según ha indicado en un comunicado remitido a este medio.
Glovo ha iniciado el periodo de consultas tras haber cerrado su operativa en más de 50 ciudades, un repliegue que ha modificado de forma sustancial su presencia territorial. La empresa sostiene que mantiene por ahora su actividad habitual en alrededor de 800 localidades en toda España. “Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, precisa la empresa.
El ajuste llega menos de un año después de que Glovo modificara su modelo laboral para adaptarse a la conocida como ley rider. En julio del año pasado la compañía pasó a un sistema “100 % laboral”, con más de 14.000 repartidores contratados directamente. Ese cambio implicó la asunción plena de las obligaciones laborales y de cotización que el sector evitó durante años mediante el uso de autónomos.
Los sindicatos cuestionan abiertamente el volumen real de la plantilla y el modelo de contratación que Glovo aplica desde la entrada en vigor de la normativa. CCOO calcula que a los repartidores contratados se suman cerca de 20.000 trabajadores en flotas vinculadas a “empresas pantalla”. La Seguridad Social está pendiente de una sentencia firme para ofrecer la cifra definitiva del colectivo, que diversas estimaciones sitúan en torno a 30.000 empleados.
Un portavoz de Glovo ha asegurado este miércoles, sin embargo, que el total de trabajadores se acerca a 21.000 personas en todo el país, entre contratados y repartidores adheridos a través de empresas externas. La compañía no ha precisado cuántos de ellos forman parte de su plantilla directa, una cuestión central en el conflicto abierto desde la aprobación de la ley rider.
Los sindicatos sostienen que el ERE se suma a un goteo de despidos que lleva semanas extendiéndose por diversas ciudades, un fenómeno que, según CGT, resulta especialmente visible en Barcelona. El sindicato afirma que la empresa prescindió de 300 repartidores en esa provincia durante las últimas semanas y que la misma dinámica ha aparecido en Almería y otros puntos del país. “La compañía ha continuado vulnerando los derechos de los repartidores en esta nueva etapa con trabajadores asalariados”, ha denunciado CGT en su comunicado.
Tensiones laborales previas al ERE
El conflicto laboral entre Glovo y sus trabajadores no es nuevo. Los sindicatos acusan a la compañía de iniciar la reducción del número de repartidores en situación de falsos autónomos antes de verse obligada a contratarlos, una estrategia que, según sostienen, anticipaba la intención de reducir plantilla una vez asumido el nuevo marco laboral.
La ley rider obligó a las plataformas a contratar directamente a los repartidores, lo que transformó de forma completa el modelo de negocio que Glovo y otros actores utilizaron durante años. En este contexto, la empresa ha defendido que la caída de actividad en determinadas zonas, unida al incremento de costes, hace inevitable la reestructuración anunciada hoy.
La tensión sobre el modelo laboral de Glovo no se limita a España. La Fiscalía de Milán ha ordenado recientemente una medida de control judicial contra Foodinho SRL, la filial italiana de la compañía, y contra su administrador único, de nacionalidad española. La investigación, dirigida por el fiscal Paolo Storari, sostiene que la empresa operaba con un sistema de contratación “en condiciones de explotación” y que aprovechaba el estado de necesidad de una plantilla compuesta mayoritariamente por trabajadores extranjeros.
Un cambio acelerado en el modelo de reparto
La presión normativa, el incremento de los costes laborales y la disputa sobre la naturaleza del empleo han puesto al sector en un escenario inestable. Glovo afronta ahora una reestructuración que redefine su dimensión en España menos de un año después de haber adoptado el modelo laboral exigido por la ley. La compañía insiste en que el ajuste resulta necesario para garantizar la continuidad de la actividad, mientras los sindicatos lo interpretan como una maniobra para eludir las obligaciones que la nueva regulación establece.
El proceso de consultas determinará las condiciones del ERE durante las próximas semanas y marcará un punto de inflexión en la relación entre la empresa y una plantilla que, tras años de litigios, afronta un nuevo episodio de incertidumbre.
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