¿Cuánto cuesta emitir CO2 en la UE?

Una fábrica de cerámica de Porcelanosa en Castellón, la refinería Whitegate en la costa irlandesa de Cork y la planta química Cinkarna en el municipio esloveno de Celje comparten con 10.000 instalaciones industriales de la Unión Europea (UE) una misma obligación: pagar 71 euros por cada tonelada de CO2 que emiten.

Es el nivel de precio al que cotizan actualmente los derechos de emisión en el mercado europeo ETS (Emissions Trading System), una de las herramientas climáticas más importantes del bloque comunitario, sometida ahora a gran presión ante las ansias de recuperar competitividad.

"No existe una solución mágica para resolverlo, porque ni la eliminación ni la reducción ni el tope al ETS solucionan eficazmente el problema, ni tampoco basta con invertir más en renovables y en nuclear, ya que el problema es más complejo y exige analizar el diseño del mercado", dijo este jueves el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término del retiro estratégico de los líderes de la UE en un castillo belga.

La Comisión Europea (CE) ha quitado este viernes relevancia al escrutinio del mercado de la electricidad y la portavoz de Energía de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, ha dicho que la CE se centra en revisar el ETS en julio, como establece la propia normativa.

¿Qué es el ETS?

Heredero político del Protocolo de Kioto, el ETS es el principal instrumento de la UE para reducir las emisiones mediante mecanismos de mercado, ya que abarca cerca del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que la UE se ha comprometido a dejar en cero neto en 2050.

Cubre a los mayores consumidores industriales de energía y les obliga a comprar derechos para cada tonelada de CO2 que liberan, pero cada vez se cuestiona más la presión que ejerce sobre la competitividad industrial.

El ETS comenzó a gravar el CO2 en 2005 a unos 7 euros por tonelada, osciló con fuerza durante más de una década y se disparó tras el Pacto Verde Europeo. Superó los 100 euros en 2023, rozó los 90 en enero y, pese a moderarse, sigue casi un 900% por encima de su nivel inicial.

La lógica es sencilla: cuanto más contaminan, más pagan, lo que incentiva la inversión en eficiencia, electrificación y tecnologías limpias, al tiempo que se reduce cada año la oferta de derechos disponibles.

La UE ha promovido este modelo en el exterior, con mercados similares en Reino Unido, China, Corea del Sur, Canadá o algunos estados de EEUU, aunque con diferentes características y precios muy inferiores.

¿Por qué se encarece y adónde va el dinero?

Durante años, el precio en la UE no superaba ciertos niveles porque el mercado estaba inundado de derechos gratuitos. Pero tras el Acuerdo de París de 2015, la UE reformó el ETS, acelerando el recorte de permisos y limitando progresivamente las asignaciones gratuitas, de forma que el mercado pasó de la sobreoferta estructural a una escasez creciente.

Los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión van principalmente a los Estados miembros, que deben destinar al menos el 50% de la recaudación a fines climáticos y energéticos, como renovables, eficiencia energética o apoyo a industrias verdes.

Parte de los ingresos nutren fondos europeos para tecnologías limpias y apoyo a los países con menor renta, entre ellos España o Chequia.

En 2024, el ETS recaudó 38.800 millones de euros, de los que los Estados ingresaron directamente 24.400 millones.

Perspectivas de futuro

La plataforma de fintech francesa Homaio indicó esta semana que es complejo anticipar la dirección del mercado "entre las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia, los niveles de almacenamiento de gas y las posiciones récord de los fondos de inversión".

Pero proyecta los precios en torno a 100 euros, pues la oferta de derechos caerá un 20% y las aerolíneas y el transporte marítimo dejarán de recibir derechos gratuitos en 2026.

Salvo que haya reformas de calado, como las que exige la patronal Airlines For Europe, que ha avisado de que si los precios se mantienen altos se traducirá en sobrecostes de 5.000 millones de euros hasta 2030 para las compañías aéreas.

La UE también ha creado un mercado espejo destinado a rebajar las emisiones del transporte rodado y de la climatización de los edificios: previsto para 2027 pero postergado a 2028, aspira a trasladar el coste a los productores y no a los hogares.

Además, el bloque se ha dotado del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), un instrumento en fase de pruebas que aplica un gravamen equivalente al del ETS a importaciones intensivas en carbono como acero, cemento o aluminio para proteger a la industria europea.