Ignis invertirá 2.500 millones para instalar una planta de amoniaco en Burgos
La empresa destinará 1.700 millones a construir la planta de amoniaco, 650 millones a instalar los parques eólicos y 200 millones para más instalaciones adicionales
Ignis pospone su planta de amoniaco verde de 1.250 millones en el Puerto de Sevilla
La multinacional Ignis prevé invertir 2.500 millones de euros para instalar una planta de fabricación de amoniaco en Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, ha anunciado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones.
La planta se situará en un nuevo polígono industrial en el que se negocia la implantación de otras empresas y que estará terminado en año y medio.
La empresa destinará 1.700 millones a construir la planta de amoniaco, 650 millones a instalar los parques eólicos y otras infraestructuras necesarias, y 200 millones para más instalaciones adicionales.
El consejero ha recordado que se trata de un proyecto en el que colaboran el gobierno regional, a través de la empresa pública Somacyl, la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Melgar.
La inversión en el polígono, por el que ya se han interesado varias empresas, será de 11,25 millones de euros, de los que cinco se destinarán a la urbanización para contar con una superficie industrial de 435.900 metros cuadrados.
Proyecto en Sevilla
La energética decidió recientemente posponer el desarrollo de la planta de amoniaco verde prevista en el Puerto de Sevilla tras renunciar a la subvención de 97,3 millones de euros concedida por el Banco Europeo del Hidrógeno.
La compañía atribuyó esta decisión a la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos por la Comisión Europea para la puesta en servicio de la instalación, en un contexto marcado por el retraso en la planificación eléctrica estatal.
Según explicaron desde la empresa a este medio, el proyecto, denominado Armonia Green Sevilla, no se ve comprometido desde el punto de vista económico, ya que la inversión prevista, de alrededor de 1.250 millones de euros, permite su viabilidad incluso sin ayudas públicas. No obstante, la falta de certidumbre regulatoria impide asumir los compromisos temporales asociados a la subvención comunitaria.
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