Andalucía ante el fin de los fondos Next Generation UE

Andalucía entra en la última fase del Plan de Recuperación con un peso territorial que pocas veces ha tenido en un programa europeo de esta magnitud. Los últimos datos publicados por Hacienda, a 30 de junio de 2025, la sitúan en la primera posición del reparto autonómico, con 1.885 millones de euros, y la confirma como primera receptora de REACTEU con 1.881 millones de euros, el 18,81% del total nacional. En el tramo territorializado del Plan de Recuperación, el margen que separa a Andalucía de Cataluña es mínimo. La comunidad alcanza 4.329 millones de euros, frente a los 4.341 millones de Cataluña. La lectura inmediata es clara: Andalucía no aparece como una región arrastrada por el plan, sino como una región que lo impulsa desde las cifras. Esa es la imagen objetiva que ofrece las cifras oficiales. 

El Estado acapara los fondos

Una interpretación profunda exige observar lo que no está en la tabla difundida por Hacienda. El cuadro fija un total para el conjunto del país de 36.595 millones de euros, mientras que las transferencias autonómicas suman 10.029 millones de euros. La diferencia asciende a 26.566 millones de euros y corresponde a ejecución estatal no territorializada, que no permite deducir qué proporción aterrizará en cada comunidad. La asimetría es evidente: más del 70% de la ejecución que refleja el cuadro no tiene asignación territorial. Ese acaparamiento de fondos por el Gobierno estatal y la ausencia de desglose obligan a replantear el sentido del liderazgo andaluz. 

La comunidad está arriba en lo que depende de ella, pero el balance total no depende solo de ese vector. La inversión estatal, que puede dirigirse hacia infraestructuras, digitalización, energía o industria mediante convocatorias ministeriales y contratos públicos, tiene un peso mucho mayor que las partidas autonómicas. El liderazgo de Andalucía será real si el Estado acompaña esa posición con proyectos, no sólo con asignaciones. De lo contrario, la fotografía del reparto autonómico será un indicador útil, pero incompleto. Andalucía tiene una ventaja inicial, pero la última palabra se mueve en un plano que no aparece desglosado en ningún documento oficial. 

Europa llega tarde y coloca más peso sobre la capacidad de ejecución nacional

Un reciente análisis de Coface –especialista en seguro de créditos y recobro de deudas– introduce un elemento de presión que altera cualquier pronóstico. La entidad afirma que el 42% del plan europeo continúa sin ejecutarse y mantiene más de 270.000 millones de euros pendientes de desembolso hasta 2026. Este retraso no es un efecto colateral: es el propio marco en el que debe actuar España, y por extensión, Andalucía. La señal es inequívoca. Bruselas quiere acelerar la absorción, pero las cifras muestran que la Unión Europea aún está lejos de su punto óptimo. 

El análisis añade una conclusión de calado: si los fondos se hubieran utilizado íntegramente, el crecimiento anual de la UE habría sido 0,4 puntos más altos entre 2020 y 2030. Ese diferencial no es una abstracción. Es el precio de llegar tarde. La Comisión Europea mantiene previsiones de 1,5% para 2025 y 1,4% para 2026, pero esas cifras conviven con la alerta de Coface y con la constatación de que la prisa ya forma parte estructural del plan. 

El informe incorpora un dato específico sobre España: la renuncia a 67.000 millones de euros de los 83.000 millones disponibles en préstamos europeos. Esa decisión reduce la potencia de fuego estatal para ampliar inversión vía deuda europea. En un escenario de retraso generalizado, esa renuncia implica que España debe hacer más con menos. La consecuencia estratégica es directa: si el Estado ejecuta menos volumen del previsto, cada euro territorializado gana peso y cada euro no territorializado pierde margen para corregir desequilibrios. 

Andalucía ante el fin de los fondos: una ventaja tangible y una dependencia que decidirá el resultado final

Andalucía llega a este tramo final con una posición de fuerza que no es retórica. Ha recibido más que ninguna otra comunidad y ha sostenido su peso en los dos instrumentos que sí se territorializan. Pero el plan no se decide solo en esa capa. El volumen estatal de 26.566 millones de euros es lo bastante grande como para modificar cualquier jerarquía autonómica. Si el Estado asigna a la comunidad una proporción alineada con su peso en el reparto autonómico, Andalucía consolidará una posición destacada. Si el reparto final se orienta hacia proyectos en otras regiones o se concentra en actuaciones sin impacto territorial claro, el liderazgo autonómico quedará diluido en la estadística final. 

La clave interpretativa es sencilla: Andalucía ha demostrado capacidad de atracción en la parte del plan que depende directamente de su tejido político y administrativo, pero el desenlace del plan se decidirá en la parte que depende del Estado y de Bruselas, no del cuadro autonómico. La comunidad llega fuerte, pero no llega blindada. La fuerza de salida existe; la fuerza de llegada depende de la ejecución estatal. 

En un contexto europeo marcado por retrasos prolongados y por una presión creciente sobre la absorción, el margen de mejora para Andalucía no está en recibir más transferencias autonómicas, porque esa fase está prácticamente cerrada. El margen real está en convertir la ejecución estatal en inversión tangible dentro de su economía. 

Ese será el punto que decida si el liderazgo actual se traduce en un liderazgo final o si el reparto estatal reordena la clasificación en los últimos meses del plan.