Andalucía y la trampa de la solidaridad

ANDALUCÍA es una de las comunidades que más se beneficia de la solidaridad interterritorial. Madrid y Cataluña las que más contribuyen. También deberían hacerlo País Vasco y Navarra, aunque, como se sabe, ellos están exentos y cuentan con el silencio cómplice del conjunto de las fuerzas políticas.

Lo que persigue es reducir las diferencias en el nivel de vida de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas mediante la trasferencia de rentas desde las más ricas a las más pobres. Opera básicamente a través del mecanismo de la financiación autonómica y de la política redistributiva del Estado. El primero transfiere fondos a las comunidades con el objetivo, todavía lejano, de financiar un nivel similar de servicios públicos fundamentales en el conjunto del territorio nacional. Las políticas redistributivas, en cambio, permiten al Estado capturar rentas mediante el cobro de impuestos y cotizaciones sociales, que posteriormente redistribuye entre la población en forma de gasto público, en función, supuestamente, de las necesidades, aunque también de derechos adquiridos sobre becas, pensiones o subsidio de desempleo.

El PIB andaluz, el valor de los bienes y servicios producidos en un año, es, en términos redondos, de 200.000 millones de euros y el de España de 1,5 billones, en ambos casos datos de 2023, lo que significa que Andalucía contribuye con algo más del 13% a la riqueza que genera la economía española. Si ambas cifras se dividen por la población se obtiene que el PIB por habitante en Andalucía es de 23.238 euros y de 30.968 en España. El primero es por tanto, un 25% inferior al segundo, que es también la diferencia que existía entre estas mismas magnitudes al inicio del Estado de las autonomías.

Si al PIB se añaden las rentas que se reciben de fuera, entre ellas las transferencias desde el Estado (becas, pensiones o desempleo), y se deducen las enviadas al exterior (impuestos y cotizaciones sociales), se obtiene la renta bruta. La diferencia entre PIB y renta es, por tanto, el saldo de transferencias con el exterior. En el caso de Andalucía, este saldo es positivo, lo que determina que la renta sea mayor que PIB, mientras que en Madrid y Cataluña el saldo es negativo y el PIB superior a la renta.

La razón de la diferencia está fundamentalmente en que el menor nivel de los ingresos medios en Andalucía hace que la recaudación de impuestos sea inferior al promedio de España, mientras que en Madrid y Cataluña ocurre lo contrario. En el caso del gasto, el patrón de asignación territorial está bastante menos claro y en absoluto beneficia a Andalucía, como en su día puso de manifiesto la publicación de las balanzas fiscales.

Si nos quedamos exclusivamente con la renta de los hogares, es decir, nos olvidamos de las empresas, los bancos y las administraciones públicas, y la dividimos por la población, se obtiene para Andalucía un montante de 14.332 euros y de 17.495 para España (dato de 2022, el último disponible). La distancia ahora es del 18%, que sigue siendo muy elevada, pero no tanto como el 25% en PIB por habitante. El 7% de diferencia entre ambas magnitudes puede considerarse como el efecto de la solidaridad interterritorial. Apuntemos que la interpretación es algo burda, porque no todas las transferencias entre Andalucía y el exterior se concentran en el Estado, pero asumimos que permite una aproximación razonable a la interpretación de la diferencia entre las dos magnitudes.

Los andaluces disfrutamos, gracias a la solidaridad, de un nivel de vida, determinado por la renta, superior en un 7% al que tendríamos si solo contamos con el PIB, es decir, con la riqueza derivada de los bienes y servicios que produce la economía. En tiempos pasados el saldo de transferencias ha sido incluso más beneficioso para Andalucía, permitiendo que la diferencia en gasto medio con el conjunto de España haya sido inferior a la actual. Esta es la gran contribución de la solidaridad al bienestar a corto plazo de los andaluces, aunque sus consecuencias a largo plazo son algo más controvertidas.

Una idea de lo que quiero decir la tenemos en un hecho señalado anteriormente: la distancia entre el PIB por habitante en Andalucía y España es la misma, un 25%, que hace cuarenta años. Para explicar la persistencia del dato conviene tener en cuenta una circunstancia fundamental asociada a la solidaridad: las transferencias que Andalucía recibe del exterior se registran en su renta, no en su PIB, lo que significa que aumentan la capacidad de gasto, pero no la de producción.

¿Dónde se produce entonces lo que los andaluces demandamos gracias a la solidaridad? La respuesta parece evidente: en aquellos territorios donde el PIB es mayor que la renta. Es decir, Madrid y Cataluña, fundamentalmente. Comunidades como la andaluza se benefician de la solidaridad a corto, porque consiguen aumentar su nivel de gasto, aunque no el PIB, mientras que otras como Madrid o Cataluña también se benefician porque esa misma solidaridad repercute directamente sobre sus respectivos PIB. Más lamentable es que País Vasco y Navarra, que ni siquiera contribuyen a la solidaridad, también participen en los beneficios de su impacto positivo en las regiones con mayor capacidad productiva.

La conclusión que cabría extraer es que si la solidaridad no viene acompañada de medidas destinadas a corregir los desequilibrios territoriales en capacidad productiva, terminará generando desigualdad y dependencia, aunque si pensamos en la enorme cantidad de recursos recibidos de Europa con está finalidad, habrá que concluir que debe haber otras cosas que se estén haciendo mal. Por cierto que la condonación de la deuda autonómica tendrá los mismos efectos que cualquier otra transferencia procedente del Estado. Para Cataluña, quien negoció el acuerdo con el Gobierno, siempre serán positivos. También para Andalucía a corto plazo, pero es muy probable que a largo plazo también contribuyan a la desigualdad y a la dependencia.