Beneficios fiscales selectivos

Bajar impuestos y reducir la burocracia. Son los ingredientes básicos de la fórmula magistral que tan bien funciona, en términos de perspectiva electoral, al PP andaluz. Es más pragmatismo cívico, en mi opinión, que cuestión de ideología. Más por escarmiento con la experiencia de gobiernos corruptos, que malgastan los recursos públicos e incumplen sus promesas, que por aceptación del adagio liberal de que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente que en el de hacienda.

En el fondo, ambas cosas, bajada de impuestos y de burocracia, persiguen el mismo fin de agilizar la administración pública y reducir costes al sector privado, con la consecuencia esperada de mejorar la competitividad de la economía. Irlanda es la referencia. Este país introdujo reformas en los años 90 para mejorar la fiscalidad de las empresas y los efectos fueron inmediatos. Atrajo a multinacionales tecnológicas y de otros sectores y consiguió que la renta de los irlandeses, una de las más bajas de Europa hasta entonces, se convirtiese en la segunda más elevada, después de Luxemburgo.

Las rebajas de impuestos anunciadas por el Partido Popular carecen del principal ingrediente de los incentivos fiscales de carácter selectivo: el de la eficacia. Al menos en los casos de las mascotas y el gimnasio, cuya contribución a la agilización administrativa o a la competitividad es nula, pero donde tampoco existen razones de carácter social apreciables. Otra cosa son las ayudas a los celíacos, cuya eficacia habría que buscarla en su capacidad para limitar la discriminación en precios que sufren los afectados, que en todo caso será limitada, según las reacciones observadas, aunque en la dirección adecuada.

En definitiva, que la motivación fundamental de la reciente batería de rebajas fiscales es de carácter político y electoral y que el gran beneficiado será, con toda probabilidad, el PP andaluz. La consistencia ética de las medidas es, como mínimo, discutible, pero su eficacia electoral parece asegurada. Sobre todo tras la miserable reacción del independentismo catalán, que ha tenido el portentoso y efímero efecto de conseguir que el resto de España se interese por algo que ocurre en Andalucía. También por contraposición con el aumento de la presión fiscal en España, dirigida por la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, y por la sucesión de agravios derivados de los peajes pagados por Sánchez para su permanencia en La Moncloa.