Tribuna económica
Carmen Pérez
El euro digital supera el filtro político
El Parlamento Europeo ha dado un paso decisivo esta semana al respaldar el proyecto del euro digital, la forma electrónica del euro respaldada por el BCE, que se plantea como complemento del efectivo y los pagos digitales existentes. Esta aprobación parlamentaria era necesaria para que la iniciativa pudiera seguir avanzando: sin el visto bueno de los eurodiputados, el BCE no puede culminar la emisión ni cumplir su objetivo de lanzamiento para 2029, y la UE seguiría dependiendo de sistemas de pago externos dominados por empresas no europeas.
En la sesión del 10 de febrero de 2026, la Eurocámara votó sobre dos enmiendas incluidas en el informe anual del BCE que expresan un respaldo contundente al desarrollo del euro digital. La primera enmienda —aprobada por 438 votos a favor frente a 158 en contra— avala que la moneda digital pueda funcionar tanto en modo on line como off line (sin conexión a internet), girando respecto a propuestas parlamentarias previas que querían priorizar únicamente la modalidad offline. La segunda enmienda, también respaldada mayoritariamente, subraya el carácter estratégico del euro digital para la soberanía monetaria y la resiliencia del mercado único europeo, destacando la importancia de reducir la dependencia de sistemas de pago privados y no europeos como Visa o Mastercard.
El resultado de la votación refleja un consenso mayoritario entre los grupos proeuropeos, aunque con ciertas divisiones internas —algunos miembros del Partido Popular Europeo se opusieron parcialmente a las enmiendas— y con votos en contra de fuerzas críticas del proyecto. Este respaldo no crea una ley en sí misma, pero envía una señal política potente y habilita el siguiente tramo legislativo: negociar con el Consejo y la Comisión la regulación que permita su emisión y su uso generalizado
Celebramos este nuevo paso, porque contar con un euro digital europeo no es solo una cuestión de innovación tecnológica o de ahorro de costes de transacción: es una decisión estratégica: se trata de fortalecer la soberanía monetaria de la Unión, garantizando que el dinero público siga siendo relevante en un mundo cada vez más digitalizado y evitando que la infraestructura de pagos quede dominada por operadores privados extranjeros. Las reticencias de parte del lobby bancario, que ve en el euro digital una “carretera digital” que puede restar protagonismo a su propio sistema, han sido notorias, lo que hace aún más significativo que el Parlamento haya superado las resistencias internas y externas para mover este proyecto hacia delante.
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