Convergencia: ¿la carrera perdida?

Andalucía lleva casi medio siglo, el mismo tiempo que llevan en activo sus instituciones autonómicas, empeñada en una carrera que parece que nunca podrá ganar: la de la convergencia con los principales indicadores económicos y de bienestar españoles y europeos. A pesar de que en estas décadas se han producido algunos avances relativos, y también retrocesos, las diferencias con las medidas del país y con las de sus comunidades más prósperas siguen siendo casi las mismas que cuando la Constitución de 1978 alumbró el Estado de las autonomías. El indicador más básico para medir la riqueza de una sociedad, el PIB per cápita, muestra que la convergencia es una quimera y que estamos tan lejos de ella como hace veinte o treinta años. Los últimos datos del INE, referidos a 2024, hablan por sí solos: de los 44.749 euros de Madrid a los 24.542 de Andalucía, que cierra un año más la tabla.

La distancia es sideral y lo seguirá siendo en los próximos años. Lo mismo pasará si consideramos datos de empleo, de gasto sanitario por habitante o de abandono escolar. Sería injusto flagelarnos demasiado por ello o concluir que Andalucía ha fracasado como comunidad autónoma. Al contrario, bastantes cosas se han hecho bien y el panorama económico y social de Andalucía ha experimentado una mejora que se puede calificar de espectacular. En las décadas de los ochenta el dinero que llegó de Europa se invirtió con inteligencia en una mejora sustancial de las infraestructuras y del tejido productivo. En los últimos años se ha desarrollado una política bien dirigida de incentivos a las empresas y de reducción de trabas burocráticas que han convertido a Andalucía, a pesar de sus déficits crónicos, en un territorio atractivo para la inversión.

Pero nada de ellos es suficiente para que se produzca la ansiada convergencia. La razón fundamental es que la diferencias que separan a Andalucía de Cataluña, País vasco o Madrid no son fruto del azar ni de que en otras partes sean muy listos y aquí hayamos sido muy tontos. Las diferencias económicas que subsisten en España se basan en un diseño del estado que hunde sus raíces en el siglo XIX y que concentraba los esfuerzos industriales y de infraestructuras en unas pocas regiones y condenaba a las otras a ser suministradoras de producciones agrarias y de mano de obra. Este diseño se ha mantenido más o menos inalterado desde entonces sin que la configuración autonómica del Estado haya sido el motor de un cambio de modelo.

La pregunta que cabe hacerse es, si aun contando con esta situación de partida, se podría haber hecho más para reducir la brecha regional. El retrato de la Andalucía de hoy es bastante parecido al de hace décadas, con un tejido productivo orientado casi en exclusiva a sectores de escaso valor añadido como la agricultura y el turismo, falta de músculo industrial, escasa productividad y capacidad de innovación y, en general, falta de un sector empresarial dinámico. Si se hubiera actuado con más eficacia sobre estas variables quizás no se estaría ganada la carrera de la convergencia, pero seguro que las distancias serían más cortas. El problema es que en Andalucía se ha demostrado que pedir cosas tan obvias, antes y ahora, es pedir demasiado.