Financiación singular y justicia social

En España desde hace ya unos años venimos hablando de que una de las asignaturas pendientes que tenemos consiste en resolver “la cuestión territorial”. Muy relacionado con esto, ahora está en boga el tema de la financiación singular. En definitiva, se pretende por parte de ciertas comunidades autónomas que, dadas sus características, bien sean derechos históricos, lengua propia o mayor contribución a la Hacienda estatal, deben ser consideradas de forma diferenciada respecto a las demás comunidades y, de este modo, conseguir aún más competencias, privilegios y dinero. Algo en lo que no estamos de acuerdo.

Se da la circunstancia de que son las más ricas del país y si se llevan la mayor parte del presupuesto del Estado es a costa, fundamentalmente, de las tres comunidades menos desarrolladas, que son Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Estas, desde los años 50 del pasado siglo, siguen siendo las últimas en la mayoría de los indicadores, como son la “renta per cápita”, la tasa de paro, la tasa de pobreza, los saldos migratorios, la dotación de servicios, la productividad, la innovación tecnológica, etc.

Pero, ¿Qué se entiende por singularidad? En mi opinión, la mayor singularidad de España radica en la doble desigualdad derivada de la distribución de la riqueza y del territorio. Por una parte, Madrid, País Vasco y Cataluña participan con el 36% de la población, el 46% del PIB y en “renta per cápita” reflejado en el índice de convergencia sobre base cien se sitúan, (Además de Navarra), entre el 120 y el 137%, que tiene Madrid. Mientras, Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha participan con el 24 % de la población, el 20% del PIB y en convergencia están entre el 75 y el 81%,

Como segunda singularidad y muy relacionada con el nivel de desarrollo económico, las tres regiones más avanzadas tienen una densidad media de 370 habitantes por kilómetro cuadrado, donde sobresale la Comunidad de Madrid con 880hab/km2. Las otras tres, su densidad media es de 55hab/km2, destacando Andalucía, dado su buen sistema de ciudades en el Valle del Guadalquivir y en la Costa del Sol, por lo que alcanza la media nacional de 97hab/km2, que compensa la escasez de habitantes de Extremadura y Castilla La Mancha con 25 y 26hab/km2. Las tres primeras no llegan al 10% del territorio y las tres últimas ocupan el 42%.

En este sentido, nos parece oportuno incluir a otras provincias con graves problemas de despoblación. Estas son Soria y Teruel con 8 y 9hab/km2, y a continuación Zamora, Huesca, Palencia, Ávila, Segovia, Burgos, y Salamanca con 26hab/km2. Como consecuencia de todo esto, se puede afirmar que, a nivel nacional, casi el 85% de la población reside en el 15% del territorio y algo parecido se puede decir en relación al desarrollo económico, con el agravante de la concentración de la riqueza en un reducido número de familias.

España lleva unos años aumentando su PIB por encima de la media europea, pero ni se refleja en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, ni está sirviendo para corregir las enormes desigualdades regionales. Por lo que ha llegado el momento de un reparto de la riqueza, mediante la aprobación de un nuevo modelo de financiación singular para las comunidades y provincias menos favorecidas, de acuerdo con los principios de la justicia social y la equidad.

Así pues, hace falta que los distintos grupos parlamentarios acuerden, y como política de Estado, un Plan de Desarrollo acelerado y de forma continuada durante una década con dos objetivos principales. Por una parte, la construcción de infraestructuras de todo tipo, la dotación de servicios y equipamientos y, en especial, suficientes ayudas para la localización de las empresas e industrias en estas zonas atrasadas, como eje central del presente artículo, ya que constituye su máxima debilidad. Por otra, establecer una política de ordenación del territorio que haga frente al reto demográfico y permita la cohesión social y la igualdad entre los españoles con independencia de su lugar de residencia.

Respecto al mundo empresarial, se nos presenta una gran oportunidad con la transición ecológica y la descarbonización de la economía, lo cual nos obligará a un fuerte desarrollo de las energías no fósiles y de la industria verde. Hasta ahora el mundo rural ha producido la mayor parte de la electricidad para el consumo, precisamente, de Madrid, el País Vasco y Cataluña, muy deficitarias de energías renovables.

Consideramos que se podría instalar el doble para 2030 o el triple para 2035 de la capacidad actual de las energías renovables, incluyendo el autoconsumo, para su uso, en una alta proporción, en las zonas productoras y no por un tema de ideología sino por lógica y economía. Para lo cual es básico el fortalecimiento de la red eléctrica de forma inteligente y con numerosos puntos de conexión, así como incentivar las instalaciones de almacenamiento, junto con el bombeo reversible hidráulico y, además, con mayor innovación tecnológica para reducir los costes actuales.

Las tres regiones menos desarrolladas y las nueve provincias citadas reúnen magníficas condiciones para un incremento importante de la energía solar, mediante la ocupación de terrenos improductivos o poco fértiles, incluso, haciéndolos compatibles con aprovechamientos agrícolas y ganaderos, o mediante la colocación de paneles solares en los grandes embalses y canales de riego, los cuales, entre otras cosas, evitarían la fuerte evaporación actual.

También es factible el mismo incremento de la energía eólica, terrestre y marina, la hidroeléctrica, así como la derivada de la biomasa y de otros residuos. Creemos que con abundante electricidad y a precios muy competitivos, se localizarán toda clase de industrias, máxime, si se añaden incentivos fiscales, financieros y burocráticos.

Para ello hace falta equilibrar la oferta y la demanda, con un mayor consumo, mediante la electrificación de la economía, tanto de los hogares, empresas y transporte, la producción de grandes cantidades de hidrógeno y oxígeno y sus aplicaciones, como amoniaco, metanol y fertilizantes y, por otra parte, biometano y combustibles verdes.

Todo ello en un proceso integrado de proximidad, aprovechando toda la cadena de valor, economía circular y sostenibilidad. Así mismo, la demanda sería muy importante con la instalación y desarrollo de Centros de Datos, Inteligencia artificial (IA), grandes baterías, prefabricados para la construcción, la industria química-farmacéutica, la agroalimentaria y bebidas, de defensa, aeronáutica y naval o la construcción de desaladoras, en especial, en Almería, Málaga y en el Bajo Guadalquivir.

En esta línea y como complemento, resulta muy conveniente un fuerte impulso de la industria minera y metalúrgica, dada la actual escasez de metales y la enorme dependencia de toda Europa respecto de otros países, lejanos y/o conflictivos. Por ello, el pasado año, La Comisión seleccionó una serie de grandes proyectos estratégicos y, por lo que aquí se refiere, fueron tres en Extremadura, dos en Andalucía y uno en La Mancha.

En lo sucesivo, seguramente, serán más, lo que pone de manifiesto las grandes posibilidades de estas regiones y provincias citadas, para un buen desarrollo de una minería moderna, ya que disponen de cobre, litio, wolframio, níquel, estroncio, tierras raras y otros muchos minerales que se consideran críticos para la fabricación “in situ” de los componentes necesarios de las energías renovables y de todo lo relacionado con la transición ecológica, el mundo digital y equipos de su industria auxiliar.

Este conjunto de actuaciones no resulta nada fácil. Las actividades mineras, las plantas de biogás y, en general, todas las grandes instalaciones industriales son objeto de una fuerte contestación social y requieren de grandes inversiones, atracción del talento, formación de capital humano local, una buena gestión y una estrecha colaboración público privada.

Por ello, las empresas deben actuar con transparencia y pedagogía, de acuerdo con la ley, con el mínimo impacto ambiental y la máxima eficiencia económica, así como con el posterior reciclaje de los materiales y la gestión de los residuos. Sobre todo, deben involucrarse en la creación de empleo de calidad y en el bienestar de la población de la comarca o provincia y establecer aquí su sede fiscal. La administración con agilidad y eficacia debe facilitar toda clase de trámites y suministrar lo necesario para poner en marcha cualquier clase de iniciativas. De este modo, podrá conseguirse la aceptación y colaboración de la población.

En cuanto a la ordenación del territorio, convendría una zonificación de usos, según los recursos y potencialidades. De este modo, una parte importante serían terrenos cultivables de regadío o secano, otra serían espacios forestales o de repoblación, otra como zonas protegidas de aves (ZEPAS), parques nacionales, humedales y reservas de la biosfera. Otra parte se destinaría para grandes infraestructuras, áreas urbanas, comerciales o polígonos industriales, otra para la instalación de plataformas solares o eólicas y, por último, un mapa de recursos mineros.

Dada la existencia de multitud de pequeños municipios y núcleos dispersos, propio de la España vaciada, lo eficiente sería un desarrollo a nivel comarcal para lo cual hay que seleccionar unas cabeceras bien dotadas de los suficientes servicios y equipamientos que satisfagan sus necesidades y de su área de influencia, a veces, en un perímetro de hasta cien kilómetros. Además, sería fundamental una política firme y decidida por la fusión de los municipios y la concentración voluntaria de la población, en su caso, facilitando la vivienda y el empleo.