Nuevas deducciones en Andalucía: ¿autonomía fiscal o gesto incoherente?

La batería de deducciones fiscales anunciada en estos días por la Junta de Andalucía ha sido presentada como un alivio para el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, analizadas bajo el prisma del sistema de financiación autonómica español, algunas de ellas generan un profundo debate sobre su equidad, su eficiencia y, sobre todo, su coherencia dentro del pacto de solidaridad territorial que vertebra el Estado de las Autonomías.

Para entender esta controversia es imprescindible entender que Andalucía es una comunidad receptora neta del sistema. Esto significa que, para poder financiar sus servicios públicos fundamentales recibe del fondo común más recursos de los que aporta en función de su propia capacidad fiscal. Este flujo de solidaridad, proveniente de regiones con mayor capacidad tributaria, tiene como objetivo último garantizar que todos los españoles, sin importar donde residan, tengan acceso a un nivel similar de servicios esenciales. Es en este contexto de corresponsabilidad donde las decisiones fiscales de un gobierno autonómico adquieren una dimensión que trasciende sus fronteras.

Bajo este contexto, el primer punto de fricción surge al analizar la equidad de algunas deducciones. El sistema de financiación autonómica otorga a las comunidades una amplia capacidad normativa para crear sus propias deducciones en el IRPF, aunque la elección de ciertas deducciones es cuestionable (mascotas y gimnasios), sobre todo en términos distributivos. Así, en una comunidad que necesita de la solidaridad interterritorial para sostener su estado del bienestar, ¿es una prioridad utilizar su limitada capacidad normativa para subvencionar este tipo de gastos en lugar de reforzar partidas sociales o evitar recortes en servicios públicos?

El segundo debate se centra en la eficiencia económica, especialmente en el caso de la ampliación de la deducción por alquiler. En un mercado de la vivienda con una oferta escasa y rígida, un subsidio a la demanda es capturado por los propietarios vía mayores alquileres. Siendo la intención buena, el efecto práctico podría ser contraproducente e inflacionista, agravando el problema que pretende solucionar.

Así pues, estas medidas ponen de manifiesto una de las grandes tensiones no resueltas del modelo: el choque entre la legítima autonomía fiscal y la coherencia del sistema de solidaridad. La capacidad normativa es una herramienta clave para la corresponsabilidad, incentivando a los gobiernos a ser eficientes y a rendir cuentas ante sus ciudadanos. Sin embargo, cuando una comunidad receptora de fondos de nivelación ejerce esa autonomía para competir a la baja en impuestos, y además lo hace a través de figuras de dudosa equidad y eficiencia, envía una señal contradictoria al resto de actores del sistema.