La tragedia del Gobierno cautivo

La gran mayoría de las iniciativas políticas y legislativas del Gobierno están marcadas por su condición de cautivo de las exigencias independentistas. La próxima será la financiación singular a Cataluña, que ha de ser previa al improbable proyecto de Presupuestos Generales, y tendrá en común con las anteriores una puesta en escena similar. En el primer acto, la negación de lo evidente por la vicepresidenta y ministra de Hacienda Montero, matizadas por los exabruptos periódicos de ERC y Junts sobre los compromisos de pago por el servicio de mantener a Sánchez en su poltrona. En el segundo también el protagonismo es de Montero, aunque en esta ocasión compartido con Illa, como fiel escudero del señor de ambos. Proclamarán las bendiciones para todas las comunidades autónomas, pero especialmente para Andalucía, del pacto con Cataluña, que observarán perplejas su presencia estelar en una comedia sin ensayo previo al estreno e incluso sin conocer, salvo Cataluña, su papel en la función. El epílogo lo pondrán los diferentes grupos parlamentarios, unos hipócritamente a favor, otros en contra, irritados en su indignación estéril.

Trascendiendo los límites del escenario, críticos y expertos proclamarán la miserable falsedad de los argumentos gubernamentales para justificar su humillación, pero sus consecuencias serán tan vanas como con la condonación de la deuda autonómica. No hace falta insistir en lo que todos los analistas independientes proclaman. Las cuentas han de cuadrarse, de manera que los beneficios que se acumulan en favor de unos territorios (los que tienen representación en el Congreso ajena al bipartidismo), habrán de detraerse del resto, lo que refuerza la convicción de que en un modelo político fuertemente descentralizado los órganos de coordinación multilateral no pueden quedar relegados a un segundo plano por la bilateralidad.

Negociar con Cataluña la condonación de la deuda de las otras autonomías, sin contar para nada con la opinión de estas, es un insulto a la inteligencia y a la dignidad. En el caso de Andalucía especialmente por sus adversas consecuencias, expuestas en diversas ocasiones en esta misma tribuna, a largo plazo sobre su economía, pero también porque el escaso peso político de la comunidad, derivado de la disciplina partidista de sus representantes en el Congreso que, pese a ser los más numerosos, anula en la práctica su capacidad de negociación en defensa de los intereses que representan.