El Comité Económico y Social Europeo solicita la asignación garantizada de 6.100 millones para aplicar la Política Pesquera Común en 2028-2034

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado este miércoles por amplia mayoría (240 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones) el dictamen presentado por Javier Garat, secretario general de Cepesca, como ponente único en el que se insta a las instituciones comunitarias a asegurar una dotación mínima y obligatoria de 6.100 millones de euros, frente a los 2.000 millones propuestos por la Comisión Europea, para la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) durante el periodo 2028-2034.

Según explica la Confederación Española de Pesca (Cepesca), esta cifra, equivalente al presupuesto del actual marco 2021-2027, resulta esencial, en opinión del CESE, para preservar una de las pocas competencias exclusivas de la Unión Europea y evitar que el sector pesquero compita financieramente con otros intereses dentro del nuevo Fondo de Colaboración Nacional y Regional.

El dictamen, en el que Daniel Voces, director general de Europêche, ha actuado como asesor, subraya que la pesca debe abordarse en un capítulo específico, independiente del de agricultura, que proporcione "estabilidad y certidumbre a los operadores". También señala que el apoyo público es clave para que los pescadores puedan invertir en nuevas tecnologías, mejorar la seguridad a bordo, atraer a las nuevas generaciones, avanzar en la descarbonización y mantener la competitividad frente a terceros países.

El dictamen expresa, además, la preocupación respecto a que los objetivos del denominado Pacto Europeo por el Océano, una estrategia sin carácter vinculante, puedan estar recibiendo prioridad frente a los objetivos legales de la propia PPC establecidos en el Tratado. Por ello, llama a los Estados miembros a realizar inversiones suficientes en ámbitos esenciales como la recogida de datos, el control, la gestión de los recursos o las medidas de flota.

También se defiende en el documento una definición más flexible de la pesca costera artesanal, alineada con los criterios de la FAO y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que tenga en cuenta la gran diversidad social y económica de las regiones europeas. Asimismo, alerta sobre el envejecimiento de la flota pesquera comunitaria –con una media de 31,5 años– y la pérdida de mano de obra, por lo que considera imprescindible impulsar planes de modernización y renovación que mejoren la eficiencia energética y las condiciones laborales sin incrementar la capacidad pesquera.

El dictamen valora la intención de la CE de diseñar una arquitectura financiera más sencilla y flexible, pero pide a los Estados miembros que mantengan procedimientos ágiles para las ayudas de pequeña cuantía y que garanticen la igualdad de condiciones entre regiones y segmentos de flota. También solicita criterios homogéneos para aplicar el principio de “no causar un perjuicio significativo”, de modo que no se convierta en un obstáculo para la modernización.

Seguridad jurídica para los beneficiarios

Otro de los puntos destacados del dictamen es la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de los profesionales del mar. El CESE rechaza que se exija el reembolso de subvenciones varios años después de su concesión por infracciones graves, al considerar que vulnera el principio de non bis in idem (no dos veces por lo mismo), genera inseguridad y provoca infrautilización de los fondos. Del mismo modo, respalda que las nuevas ayudas se alineen con el Acuerdo de la OMC sobre subvenciones a la pesca y reclama mantener el espíritu del actual FEMPA: todo lo que no esté expresamente prohibido debe considerarse permitido.

Con estas recomendaciones, el CESE pretende que el próximo marco financiero reconozca el valor estratégico de la pesca europea para la soberanía alimentaria, la cohesión de las comunidades costeras y la transición hacia un modelo productivo sostenible.