Consumo multa a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto imponer una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos y otras irregularidades en su actividad, según ha informado la organización de consumidores Facua, una de las denunciantes.

La resolución sancionadora concluye que la compañía ha cometido seis infracciones calificadas como muy graves y una grave. En concreto, las sanciones se desglosan en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres multas de 500.000 euros, otra de 100.001 euros, y una última de 10.001 euros correspondiente a la infracción considerada grave.

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, Facua señala la existencia de un servicio de atención al inquilino que “disfraza” el cobro a los arrendatarios de gastos que legalmente debería asumir el propietario. Entre ellos, la obligación de contratar un seguro del hogar, la realización de un estudio de solvencia económica o determinados servicios de gestión. También se menciona la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la imposición a los inquilinos de gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

Frente a esta decisión, Alquiler Seguro puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de que se agote la vía administrativa. No obstante, el Ministerio ya ha desestimado hasta trece alegaciones presentadas por la empresa, que defiende la legalidad de sus servicios y considera la sanción “abusiva” y “desproporcionada”.

La propuesta de sanción fue trasladada a la compañía a finales de octubre, al entender el Ministerio que había vulnerado los derechos de los consumidores. En ese momento, Bustinduy ya advirtió de que “los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar muy caros”.

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 al considerar que obligaba a los inquilinos a abonar el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, además del cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otras cuestiones, asesoramiento para el cambio de titularidad de suministros energéticos, orientación jurídica sobre el contrato de alquiler o la gestión de siniestros e incidencias, trámites que en muchos casos corresponden al arrendador y no al arrendatario.