Este año destinaremos 228 días de trabajo a pagar impuestos, 16 más que en 2024

El 'día de la liberación fiscal' se retrasa en 2025 al 18 de agosto para el ciudadano medio español, un día más para el andaluz, hasta el 19 de agosto

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Billetes de euro

El contribuyente medio en España destinará en 2025 un total de 228 días de trabajo al pago de impuestos, lo que supone 16 días más que en 2024, según datos del último informe elaborado por la Fundación Civismo.

Esta cifra sitúa el día de la liberación fiscal (DLF) -la jornada simbólica en la que el ciudadano deja de trabajar exclusivamente para financiar al Estado y comienza a generar ingresos para sí mismo- en el 18 de agosto a nivel nacional, y en el 19 de agosto en el caso de Andalucía.

Este retraso representa un incremento del esfuerzo fiscal del 7,5% en tan solo un año y marca la fecha más tardía desde que existen registros comparables. La Fundación Civismo considera que esta evolución “constituye un indicio preocupante” del aumento de la carga impositiva que soportan los ciudadanos.

Un sistema fiscal cada vez más exigente

El informe sostiene que el retraso progresivo del DLF "actúa como termómetro de un sistema fiscal hipertrofiado", cuya evolución no responde -según sus autores- a los principios de eficiencia, equidad o neutralidad, sino a la necesidad de financiar un aparato estatal en expansión.

En este contexto, se reclama una reforma tributaria orientada a la simplificación, transparencia y corresponsabilidad fiscal, que garantice un equilibrio justo entre las necesidades públicas y la libertad económica individual.

La presión fiscal supera el 54% de la renta disponible

Además del tiempo dedicado a pagar impuestos, la carga fiscal se traduce también en términos de renta disponible.

En 2025, se estima que el contribuyente medio perderá el 54,5% de sus ingresos en impuestos, un aumento de más de cinco puntos porcentuales respecto a 2019. Este modelo, señalan desde la Fundación Civismo, grava especialmente el trabajo y el consumo, en detrimento de otras fuentes de renta.

Uno de los factores que ha contribuido a este incremento es la ausencia de deflactación en los tramos del IRPF, lo que ha generado un fenómeno de “progresividad fría”: al aumentar los salarios de forma nominal debido a la inflación, millones de ciudadanos pasan a tramos superiores del impuesto sin que su poder adquisitivo mejore en términos reales. Este mecanismo constituye, según el estudio de la Fundación Civismo, una forma encubierta de inflación fiscal que dificulta la planificación financiera de los hogares.

El IRPF recauda un 50% más desde 2020

La recaudación por IRPF ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Entre 2020 y 2024, se ha pasado de ingresar 86.221 millones de euros a 129.408 millones, lo que representa un aumento del 50% en solo cuatro ejercicios fiscales.

La Fundación Civismo subraya que este crecimiento no se debe a reformas estructurales ni a una mejora sustancial de la economía doméstica, sino a una “inercia recaudatoria” derivada de la inflación acumulada y la falta de adecuación del tributo al contexto económico real.

Recaudación récord en 2024: más de 294.000 millones de euros

Según datos de la Agencia Tributaria, el Estado cerró 2024 con una recaudación récord de más de 294.000 millones de euros, un 8,4% más que en 2023.

Este aumento no se explica por nuevas políticas fiscales, sino por dos factores clave: la ampliación automática de las bases imponibles vía inflación y la eliminación progresiva de las rebajas fiscales extraordinarias aplicadas en años anteriores.

Más de 80 días de trabajo destinados a impuestos adicionales

Además del IRPF y el IVA, el ciudadano medio paga otros 4.850 euros al año en impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, sucesiones, transmisiones patrimoniales y diversas tasas municipales.

Estos tributos equivalen a más de 80 días laborales adicionales, y aunque menos visibles, representan una carga constante para los contribuyentes, sin una justificación clara o suficiente visibilidad en el debate público.

A pesar del récord recaudatorio alcanzado, el informe señala que no se han observado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos ni en la eficiencia del gasto público. Esta desconexión, concluyen los autores, “erosiona la legitimidad del sistema tributario y debilita la confianza del contribuyente en las instituciones”.

Notables diferencias entre comunidades autónomas

El esfuerzo fiscal no se distribuye de forma homogénea en el territorio nacional. El Día de la Liberación Fiscal varía hasta 12 días según la comunidad autónoma. Así, mientras que en el País Vasco se alcanza el DLF el 12 de agosto, en Andalucía no se logra hasta el 19 de agosto y en Cataluña y Extremadura, hasta el 24 de agosto. Estas diferencias obedecen, principalmente, al diseño autonómico del IRPF y a la existencia de tributos propios.

Cataluña, por ejemplo, cuenta con más de 15 impuestos adicionales, mientras que regiones como Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana aplican tasas como el canon de saneamiento, ecotasas turísticas o recargos sobre el juego, que afectan la renta disponible. Por el contrario, comunidades como Madrid o el País Vasco -este último con régimen fiscal propio- han optado por una política de moderación tributaria, lo que se traduce en fechas de liberación fiscal más tempranas.

En términos agregados, el tipo efectivo del IRPF oscila entre el 15% en el País Vasco (salario neto disponible de 24.889 euros) y el 17,55% en Cataluña y 17,44% en Extremadura, donde la renta disponible se sitúa en poco más de 24.100 euros. En el caso de Andalucía, el tipo efectivo es del 17,09%, con un salario neto disponible de 24.269 euros.

Casi la mitad del salario bruto no llega al trabajador

El informe también analiza la estructura de la cuña fiscal. De un salario bruto anual de 31.698 euros, solo 21.979 euros llegan efectivamente al bolsillo del trabajador. El coste total para la empresa es de 41.388 euros, incluyendo cotizaciones sociales e IRPF.

Según la Fundación Civismo, esta estructura penaliza especialmente las rentas del trabajo y el consumo inmediato, mientras otorga un tratamiento más laxo a otros tipos de ingresos como el patrimonio improductivo o las rentas no declaradas.

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