El Ayuntamiento de Chipiona lleva a Fiscalía el caso de los vertidos mineros al Guadalquivir por posible contaminación del medio ambiente

El debate sobre los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir ha dado un salto al ámbito judicial. El Ayuntamiento de Chipiona presentará este martes ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia basada en una investigación científica elaborada por las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada y el Acuario de Sevilla que cuestiona las autorizaciones concebidas para verter al estuario desde las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes, en Aznalcóllar.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, explicó en una rueda de prensa organizada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla que el consistorio trasladará a la Fiscalía un documentado fundamentado en el que se recogen posibles indicios de delito contra el medio ambiente relacionados con la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar y del propio estuario del Guadalquivir.

El objetivo, según señaló Aparcero, es que el Ministerio Fiscal analice la documentación disponible, solicite los informes que considere oportunos y determine si procede abrir una investigación y adoptar medidas cautelares.

En la misma línea, Facua Andalucía anunció que acudirá también a la Fiscalía de Medio Ambiente guiándose por los estudios científicos presentados y otros informes existentes. La organización considera que el Ministerio Fiscal debe analizar la situación y determinar si se están produciendo delitos ambientales, así como valorar la adopción de medidas cautelares ante los posibles riesgos para la salud y la seguridad alimentaria.

Los promotores de esta iniciativa reclaman establecer una moratoria sobre los vertidos mineros autorizados al estuario del Guadalquivir y plantean la creación de un comité científico interdisciplinar e independiente que asesore a la administración autonómica en la evaluación de los posibles impactos ambientales.

Durante la presentación también intervinieron representantes institucionales de municipios del estuario. El alcalde de Coria del Río, Modesto González, defendió la necesidad de proteger el Guadalquivir, que calificó como “el alma” de muchos municipios ribereños, y reclamó que administraciones y sociedad civil den un paso adelante para evitar el deterioro del ecosistema.

En la misma línea, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, aseguró que los municipios del estuario continuarán trabajando junto a universidades y colectivos sociales para que se escuchen las conclusiones de los investigadores y se evalúe el impacto que los vertidos pueden tener sobre las actividades económicas vinculadas al río.

Desde el sector agrario, COAG Andalucía expresó también su preocupación por las posibles repercusiones en la agricultura del Bajo Guadalquivir. La organización advirtió de que la calidad del agua es un elemento clave para los cultivos de la zona y alertó de que cualquier deterioro podría afectar tanto a los suelos y a las aguas subterráneas como a la imagen de los productos agrícolas que se comercializan desde las marismas.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de distintos ayuntamientos del estuario y de su desembocadura, entre ellos Sanlúcar de Barrameda, Los Palacios y Lebrija, así como de organizaciones sociales, pesqueras, agrarias y ecologistas como la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la asociación de mariscadores Jarife, Facua-Consumidores en Acción Andalucía, COAG Andalucía, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua, entre otros colectivos que respaldan la revisión de los vertidos y una mayor protección del estuario del Guadalquivir.

Ante denuncias ya interpuestas en el pasado, desde Ecologistas en Acción se asegura que se trata de una "carrera de fondo" y que no guardan relación efectiva los distintos litigios judiciales.

Argumentos de los científicos

El profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo expuso varios argumentos científicos que, según el equipo investigador, ponen en duda la base técnica de las autorizaciones concedidas.

Entre las conclusiones del estudio, señaló en primer lugar que no se han evaluado los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían producirse si los vertidos de Cobre Las Cruces y de la mina de Aznalcóllar se realizan de forma simultánea.

En segundo lugar, apuntó que las autorizaciones no habrían tenido en cuenta aspectos fundamentales de la fisioquímica del estuario, al asumir que los metales vertidos permanecerían disueltos en el agua. Según explicó, en realidad la mayor parte de estos elementos tienden a adherirse a partículas en suspensión, lo que favorece su acumulación en los sedimentos.

El investigador también destacó que no se habrían considerado adecuadamente aspectos hidrodinámicos clave del estuario del Guadalquivir, donde las partículas a las que se adhieren los metales pueden ser transportadas agua arriba y depositares en el fondo.

Asimismo, subrayó que otro elemento relevante que, a su juicio, no se ha tenido en cuenta es el tiempo de residencia del agua en el estuario interior, que puede superar habitualmente los cien días y favorecer la permanencia de contaminantes en el sistema.

Por último, Castillo advirtió de los procesos de bioacumulación y biomagnificación, por los cuales los metales depositados en los sedimentos pueden incorporarse a la flora y la fauna del estuario y transmitirse a lo largo de la cadena trófica.

Sobre el dictamen técnico encargado por Cobre Las Cruces y elaborado por Aicia, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Castillo alega que "la clave no está en el agua, sino en los sedimentos" y que a este respecto se hace referencia a la normativa sobre el material dragado cuando no tiene sentido cuando se habla de cuidado de la biodiversidad.