La doble exigencia de registro deja fuera del mercado 21.872 viviendas turísticas en Andalucía, según el sector

La implantación de un número estatal obligatorio para comercializar viviendas de corta duración, que se suma al registro autonómico ya existente en Andalucía, está teniendo un “grave impacto” sobre la oferta legal, según la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro). La patronal aseguró este miércoles en Sevilla que 21.872 viviendas con inscripción válida en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) han quedado fuera del circuito de comercialización al no contar con el nuevo número estatal, lo que representa el 14,5% del total.

En la práctica, explican, las viviendas siguen estando inscritas legalmente en la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia para autorizar y cancelar la actividad, pero si no obtienen el nuevo identificador estatal no pueden anunciarse en plataformas digitales, lo que las deja sin acceso al mercado.

El impacto no es homogéneo. Según los datos trasladados por AVVAPro, la proporción de viviendas afectadas sería especialmente elevada en Sevilla (27,58%), seguida de Marbella (19,42%), Granada (16,42%), Málaga (14,42%) y Benalmádena (12,25%). En destinos con alta demanda turística, la reducción de oferta puede traducirse, a juicio del sector, en menor capacidad para absorber picos de visitantes en eventos como Semana Santa o grandes congresos, además de afectar al gasto indirecto en comercio, restauración y servicios locales.

Andalucía cuenta con 91.757 viviendas de uso turístico, según el INE (noviembre de 2025), tras un crecimiento interanual del 1,54%. La patronal defiende que se trata de un sector “maduro y profesionalizado” que complementa la planta hotelera y responde, especialmente, a la demanda familiar. Según estudios que maneja la asociación, el 50% de los usuarios no viajaría al destino si no existiera esta tipología alojativa, al facilitar estancias con cocina y espacios comunes.

Uno de los puntos que más preocupa es el efecto en el medio rural. AVVAPro sostiene que, en determinadas zonas del interior, hasta el 70% de la oferta podría quedar fuera del nuevo sistema, según estimaciones de la propia asociación, debido a los costes y plazos del procedimiento. En muchos municipios sin hoteles, subrayan, estas viviendas son la única infraestructura alojativa disponible y cumplen una función económica clave al generar ingresos familiares y contribuir a fijar población.

La patronal critica lo que considera una duplicidad de requisitos. En Andalucía, recuerdan, la legalidad viene determinada por la inscripción en el registro autonómico. El nuevo sistema estatal añade un segundo trámite que, según denuncian, exige documentación ya aportada a otras administraciones y está generando “excesos formalistas”, discrepancias interpretativas y retrasos. Desde la asociación sostienen que el modelo actual no responde al espíritu de la normativa europea, que persigue interoperabilidad entre registros, no la creación de barreras adicionales.

En paralelo, AVVAPro valoró el Proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía como “un buen punto de partida”, al incorporar por primera vez la vivienda turística con rango legal y reforzar la lucha contra la clandestinidad. No obstante, pidió que la regulación se adapte a la diversidad territorial -gran ciudad, litoral y ámbito rural- y que el régimen sancionador sea firme pero proporcionado.

Durante el encuentro también se abordó el impacto del reciente accidente ferroviario en la conexión Madrid-Andalucía. Según cálculos de la asociación, las viviendas turísticas han registrado cancelaciones cercanas al 8% y una caída del 30% en reservas nacionales, especialmente en Sevilla y Málaga, con pérdidas directas estimadas en 462,5 millones de euros, que podrían alcanzar los 1.500 millones en el conjunto de la cadena turística. La patronal reclamó apoyo institucional y medidas que refuercen la confianza en el destino.

En el ámbito local, AVVAPro señaló divergencias con el Ayuntamiento de Sevilla en torno a la Declaración de Cambio de Uso, al considerar que se está exigiendo un trámite no previsto en la modificación del planeamiento aprobada en 2022, lo que, a su juicio, añade tiempo, costes e inseguridad jurídica a proyectos que ya cumplen las condiciones urbanísticas.

Como conclusión, la asociación reiteró su disposición a colaborar con las administraciones para compatibilizar desarrollo turístico y convivencia vecinal, pero advirtió de que una sobrerregulación puede terminar reduciendo oferta legal y afectando a la competitividad de Andalucía como destino.