Demanda en EEUU contra los principales fabricantes de TV por 'vigilar' a los usuarios

Cada noche, millones de ciudadanos se acomodan en el sofá para ver una peli, una serie, las noticias o un partido del deporte que sea, sin saber que sus teles también les están mirando o, para ser más precisos, registrando cada segundo de lo que ven, catalogando sus hábitos, construyendo un perfil comercial de su vida privada y, en algunos casos, enviando toda esa información a servidores que pueden estar a medio mundo de distancia.

Y no se trata solamente de plataformas de streaming (todo lo que esté conectado a la Red es susceptible de rastreo, monitorización, vigilancia), sino de todo lo demás.

Esta realidad, que suena a distopía futurista, lleva años operando en millones de hogares. Pero acaba de chocar con la justicia texana, cuyo fiscal general, Ken Paxton, ha demandado a cinco gigantes de la electrónica de consumo -Samsung, LG, Sony, Hisense y TCL-, a los que acusa de convertir los televisores inteligentes en dispositivos de espionaje comercial sin el consentimiento informado de sus usuarios.

La tecnología invisible que todo lo registra

En el centro de la polémica está el ACR, siglas en inglés de Reconocimiento Automático de Contenido. La tecnología es tan sofisticada como discreta: el televisor captura periódicamente lo que aparece en pantalla, analiza los patrones audiovisuales y transmite esa información a los fabricantes.

El resultado es un perfil de consumo inquietantemente preciso, que detalla no solo qué programas ve cada usuario, sino cuándo, durante cuánto tiempo y en qué secuencia. Un mapa completo de la vida cultural de cada hogar.

Pero la cosa no termina ahí. Según la acusación texana, esos perfiles no se quedan archivados sin más. Se monetizan, se venden, se convierten en materia prima de un negocio publicitario que trasciende con mucho el simple aparato de televisión. Los fabricantes han descubierto que vender datos puede ser más rentable que vender pantallas.

La intimidad del hogar, en venta

Texas sostiene que esta práctica vulnera un principio básico: la privacidad del hogar, y no es una cuestión menor. El salón, ese espacio donde tradicionalmente se baja la guardia, donde se permiten la intimidad y la desconexión, se ha transformado en un punto de extracción de datos.

Peor aún: en algunos casos, el sistema podría capturar información sensible que aparezca en pantalla -documentos, conversaciones privadas, contenidos personales- sin que el usuario sea consciente de ello.

Los fabricantes, naturalmente, ofrecen la opción de desactivar el ACR, pero no es fácil: el proceso está diseñado con una complejidad que parece deliberada.

Opciones enterradas en submenús de privacidad, términos ambiguos redactados en jerga legal, rutas de configuración que requieren paciencia y conocimientos técnicos que la inmensa mayoría de usuarios no posee.

El factor chino

La dimensión geopolítica añade otra capa de complejidad. Hisense y TCL, dos fabricantes chinos presentes en millones de hogares occidentales, operan bajo una legislación que obliga a las empresas a colaborar con las autoridades de Pekín cuando estas lo requieran.

Texas argumenta que eso convierte cada televisor de estas marcas en una potencial puerta de acceso para actores gubernamentales extranjeros y convierte lo que sería un litigio más sobre privacidad del consumidor en un asunto de seguridad nacional.

Una historia que se repite

Este patrón no es nuevo ni exclusivo de los televisores. En 2017, Vizio tuvo que pagar una multa millonaria a la Comisión Federal de Comercio de EEUU por prácticas similares. Amazon y Google han afrontado investigaciones por sus altavoces inteligentes, después de revelarse que fragmentos de conversaciones eran revisados por empleados humanos.

Incluso los fabricantes de automóviles han sido señalados por recopilar datos masivos de conducción y localización sin la transparencia adecuada. La vigilancia comercial se ha convertido en el modelo de negocio por defecto del internet de las cosas.

Qué puede pasar ahora

Lo que está en juego en Texas trasciende, y mucho, las fronteras de ese estado, e incluso las de Estados Unidos.

Si los tribunales dan la razón a la acusación, la industria podría verse obligada a rediseñar desde cero sus prácticas de recopilación de datos. Otros estados podrían seguir el ejemplo, creando una presión regulatoria que la industria ha logrado evadir hasta ahora con éxito.

Y lo más importante: podría establecerse un precedente sobre los límites de lo que las empresas pueden hacer con la información generada en el espacio más íntimo de las vidas de los usuarios.

Al final, el caso plantea una pregunta delicada: ¿cuánto control real tienen los ciudadanos sobre su privacidad cuando la conectividad se ha convertido en un estándar ineludible?

En un mundo donde incluso los electrodomésticos más básicos aspiran a conectarse a internet, la respuesta de los tribunales texanos podría ayudar a definir dónde termina la innovación tecnológica y dónde comienzan los límites que una sociedad democrática debe imponer a la extracción comercial de datos.