El Gobierno asegura que la CNMC supervisa las subidas de precios por la guerra de Irán de 12.000 gasolineras en España

El Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intensifique la vigilancia sobre la evolución de los precios de los carburantes en España ante el impacto que está teniendo la escalada del petróleo provocada por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó este martes tras el Consejo de Ministros que el pasado viernes remitió una carta a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, solicitando “maximizar la supervisión del impacto de esa subida de precios en los mercados mayoristas y minoristas energéticos”.

Según detalló la ministra, el organismo regulador ya realiza este seguimiento de manera habitual, pero ahora se reforzará en un contexto marcado por la volatilidad del crudo. En este sentido, recordó que la CNMC monitoriza de forma constante las 12.000 gasolineras que operan en España para detectar posibles comportamientos anómalos en la fijación de precios.

Aagesen subrayó que la institución independiente analizará si existe alguna actuación que se aleje de la normalidad en un escenario que calificó de “bastante complicado” por la tensión geopolítica internacional. Además, indicó que el regulador también está supervisando la evolución de los mercados eléctricos.

Patronales reclaman al Gobierno medidas

La decisión llega en plena subida del petróleo. La incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio provocó que el brent, de referencia en Europa, registrara el lunes su mayor ascenso intradiario al dispararse un 29% hasta los 119,50 dólares por barril, su nivel más alto desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

Este martes el crudo europeo moderaba su cotización y caía alrededor de un 8% hasta los 91 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque esa corrección no ha impedido que los precios en los surtidores continúen al alza.

De hecho, la organización de consumidores Facua ha denunciado que las gasolineras españolas han encarecido 8,4 céntimos el litro de gasóleo, por lo que ha pedido al Ejecutivo que establezca precios máximos para los combustibles.

En paralelo, varias organizaciones empresariales y de consumidores han reclamado al Gobierno medidas fiscales para frenar el impacto del encarecimiento del combustible. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solicitó una rebaja urgente del IVA de los carburantes o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, al recordar que ambos gravámenes representan aproximadamente el 50% del precio final.

Según sus cálculos, en apenas una semana la gasolina se ha encarecido un 8,4% y el diésel un 16%.

La petición también ha sido respaldada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha reclamado al Ejecutivo una bajada inmediata de los impuestos especiales ante la “situación compleja” derivada de la guerra.

Por su parte, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) propuso reducir el IVA de los combustibles de automoción del 21% al 10% o aplicar una reducción temporal del 50% en el impuesto especial del gasóleo para compensar el aumento de la recaudación derivado de los altos precios.

Ante este escenario, el Ejecutivo ha anunciado que abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar el impacto del conflicto internacional y estudiar posibles medidas destinadas a proteger a trabajadores, hogares y empresas frente al encarecimiento de la energía.