El Gobierno lanza una consulta para definir la primera subasta de energía eólica marina en España

España prepara la orden para aprobar las bases de las primeras subastas para la instalación de parques eólicos marinos en sus aguas. Por eso, acaba de abrir consulta pública en la que plantea una serie de preguntas para definir elementos clave para el procedimiento administrativo, como la estimación del área o áreas de alto potencial que deben protagonizar la primera puja.

En España la eólica offshore necesita de tecnología flotante por contar con una costa de aguas profundas, una aplicación no tan madura como la fija, pero en la que el país tiene avances importantes que lo sitúan como primer desarrollador de protetipos. En ese contexto, las empresas del sector esperan desde hace un tiempo que se realizara la regulación administrativa que permitiera el primer procedimiento. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) planteaba unos plazos para que la orden ministerial fuera una realidad, así como la subasta, que ya se han superado con creces. Hablaba de abrir consulta antes de la Navidad de 2024, aprobar la norma en el primer trimestre de 2025, entablar conversaciones con los agentes económicos y sociales en abril y mayo y convocar la primera subasta antes de que finalizara el año.

El sector considera necesario que España tenga un mercado propio de energía eólica marina flotante para aprovechar su posición como referente internacional y ser competitivos comercialmente. Lo necesita para traccionar su cadena de valor, desde la construcción de plataformas, grandes aerogeneradores, la operación logística, el transporte de componentes y su instalación, entre otras muchas actividades. El país compite con Portugal, Francia, Reino Unido, Noruega, parte de Dinamarca y Holanda para liderar el desembarco en este tipo de energía renovable en los mercados comerciales.

La fuerza de la eólica marina

El director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez, apuntaba en un congreso celebrado en Cádiz en noviembre de 2024 a la aportación de la eólica offshore que podría llegar a 3 gigavatios (GW) instalados para cumplir los objetivos de 2030. Según los datos que manejaba la entidad entonces la eólica terrestre cubría el 25% de la energía consumida, dentro de que las renovables se sitúan entre el 50 y el 80%, lo que hace de España un país muy descarbonizado. El Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) plantea que la eólica cubra el 40% de la demanda. "Actualmente, la eólica tiene instalados algo más de 31.000 megavatios y tiene que llegar a 62.000 en 2030, de los cuales 3.000 megavatios podrían ser de eólica marina. Es muy difícil llegar, pero lo importante es lanzarlo", reconocía el dirigente. Actualmente, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Europa cuenta con 37 GW instalados.

Márquez ensalzaba la capacidad de producción de energía de la eólica marina. Comparaba el mayor parque eólico terrestre de España, situado en Galicia, y su producción equivalente a 4.800 horas al año, con las posibilidades de un parque offshore que podría superar las 5.500. "En algunos casos se acercan a las 6.000, que es lo que da una central nuclear con dos ciclos de recarga", puntualizaba. 

En España están definido 19 zonas en diferentes demarcaciones marítimas, las zonas ZAPER (Alto Potencial de Desarrollo de Energías Renovables), que están en Galicia, Cataluña, Baleares, en la zona del Levante español, Canarias o una parte de Andalucía, frente a las costas de Málaga y en el mar de Alborán, junto a la costa granadina. En el caso malagueño cuatro proyectos pugnan por instalarse.

Los trámites del Miteco

El Miteco acaba de abrir consulta previa antes de aprobar la orden que regulará el primer prodecimiento administrativo para instalar un parque eólica en España. Pide que los participantes interesados respondan a una serie de preguntas sobre las áreas de implantación, la potencia, los requisitos y criterios de valoración y el régimen económico.

Entre las cuestiones que plantea están:

• ¿Cuál o cuáles de las zonas de alto potencial identificadas en los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) deberían seleccionarse para desarrollar la eólica marina en este primer procedimiento de concurrencia competitiva?
• ¿Es deseable seleccionar varias áreas que competirán entre ellas?
• ¿Debería subastarse un único parque de mucha potencia en una zona o varios parques pequeños? ¿Qué potencia objetivo debería subastarse para un parque concreto?
• ¿Qué requisitos es deseable exigir a los sujetos que desean participar en el procedimiento de concurrencia competitiva, con el fin de asegurar una mayor tasa de ejecución de los proyectos en plazo?
• ¿Qué categoría de criterios han de priorizarse en la valoración de las ofertas en el proceso de concurrencia competitiva?
• ¿Existe interés en mecanismos de inversión ciudadana en estos proyectos, de modo que tanto la inversión como los retornos sean participados?
• ¿Qué requisitos tecnológicos podrían exigirse a las instalaciones que fueran ventajosas por cuestiones medioambientales o industriales?
• ¿Qué plazo máximo es conveniente establecer para la fecha de puesta en marcha de las instalaciones?
• ¿Qué duración debería tener el régimen económico? En particular, el parámetro conocido como plazo máximo de entrega, que, junto a la potencia y al número de horas anual permite calcular la energía mínima y la energía máxima de subasta que se exigirá a las instalaciones.
• ¿A qué parámetros (precio del acero, cobre, etc.) y con qué metodología tendría sentido indexar el precio de adjudicación entre la adjudicación y la puesta en marcha del parque?
• ¿Qué estrategias para minimizar el riesgo que suponen las horas a precio cero del mercado eléctrico podrían ser adecuadas?
• ¿De qué manera se puede asegurar el desmantelamiento del parque en fin de vida?

Los interesados en realizar su aportación deben rellenar el cuestionario en la sede electrónica del Gobierno. También pueden remitir sus respuesta en los distintos medios contemplados por la Ley 39/2015. Deberán están identificados con nombre completo y DNI y NIF, ya sea persona física o jurídica. Tienen de plazo hasta el 24 de febrero.