Un excargo del Miteco y el dueño de Forestalia, entre los seis detenidos en una operación sobre contratos irregulares de renovables

La Guardia Civil investiga la presunta manipulación de declaraciones de impacto ambiental para favorecer parques eólicos y solares en Teruel

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Fachada de la oficina de Forestalia en Zaragoza. / Europa Press
Agencias

Madrid / Zaragoza, 03 de marzo 2026 - 17:24

La ‘Operación Perserte’, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se ha saldado con seis detenidos en el marco de una investigación por presunta corrupción medioambiental vinculada a certificados para parques eólicos y fotovoltaicos. Entre los arrestados figuran un exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el empresario Fernando Samper, propietario de la compañía Forestalia.

El operativo ha incluido doce registros -diez en Madrid y dos en Zaragoza-, y la investigación gira en torno a los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la trama implicaría a una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quien se señala por haber podido influir de forma irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas. Fuentes del caso consultadas por Europa Press han confirmado que el exalto cargo detenido es Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental del citado ministerio. Junto a él ha sido arrestado también el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), documentos necesarios para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Los investigadores apuntan a irregularidades en su emisión y al posible cobro de comisiones a cambio de facilitar determinadas resoluciones favorables.

En concreto, el exresponsable de Transición Ecológica está siendo investigado por haber recibido presuntamente contraprestaciones económicas a cambio de su mediación en la tramitación de estos certificados ambientales.

Para mover el dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado diversas sociedades interpuestas, contando presuntamente con la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación, según ha detallado la Guardia Civil.

Asimismo, en relación con los proyectos analizados, la investigación examina si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, como la afección a avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Teruel, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel. Cabe recordar que otra unidad de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), ya registró anteriormente dependencias de Forestalia por su presunta relación con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Aagesen subraya que el detenido dejó el ministerio hace más de dos años

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha expresado la “máxima colaboración” del Ejecutivo con la Justicia tras la detención del exalto cargo de Transición Ecológica en el marco de esta operación.

En declaraciones a los periodistas en el Senado, Aagesen ha explicado que tuvo conocimiento de las detenciones a través de los medios de comunicación y que, por el momento, no dispone de más detalles sobre el caso. La vicepresidenta ha querido precisar, no obstante, que la persona arrestada “dejó de trabajar en el Ministerio hace más de dos años”, al tiempo que ha reiterado el “máximo respeto a las investigaciones y a los procedimientos policiales”.

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