Desorden económico mundial y desaceleración económica

Son muchos los analistas que afirman que avanzamos hacia un nuevo orden económico mundial, cuando en realidad estamos en el inicio de un desorden económico mundial. En tan solo dos años, el orden económico mundial ha desaparecido; Trump lo ha destruido. Ochenta años de construcción del orden económico mundial basado en reglas se han esfumado. Más que un nuevo orden económico mundial debemos hablar de un desorden económico mundial en el que el derecho internacional es atacado continuamente y en el que la única ley es la del más fuerte, la ley de la selva. Un mundo sin reglas en el que las principales potencias, EEUU, China y Rusia, están creando áreas de influencia en las que lo único que prevalece son sus propios intereses económicos y hegemónicos y por lo que están dispuestos a apropiarse de los recursos de otros países por la vía militar. Un ejemplo de esto es la invasión de Venezuela por EEUU para apropiarse de su petróleo por tiempo indefinido. Un mundo en el que cada vez hay menos democracias y más autocracias.

Iniciamos 2026 en un mar de incertidumbre. Las previsiones de los organismos internacionales auguran una desaceleración económica mundial.

En España, tras un 2025 de fuerte crecimiento del 2,9%, se prevé una fuerte desaceleración hasta el 2,1%. Esto es debido a un contexto internacional más adverso e inseguro que frenará el crecimiento y el comercio mundial, pero también a las debilidades internas de España que frenarán su crecimiento. Debilidades que se arrastran desde hace tiempo sin que se acometan las reformas estructurales para su eliminación. La principal debilidad que envuelve a todas las demás es un gobierno de coalición débil y en manos de los independentistas, lo cual ha llevado a que en 2026 España esté sin Presupuestos Generales del Estado, con unos presupuestos de 2023 prorrogados por tercer año consecutivo. Tres años consecutivos sin una planificación económica pública, sin planes ni prioridades definidas, es como conducir a un país con los ojos vendados y constituye el principal freno del crecimiento económico.

Durante estos tres últimos años, el gasto público y el consumo público han sido uno de los motores de crecimiento. Han sido años de bonanza económica en los que se podría haber reducido el déficit público estructural y la deuda pública, que están por encima del 100% del PIB. En definitiva, no se ha hecho un esfuerzo fiscal suficiente en años de bonanza económica, lo cual es impresentable, ya que la recaudación fiscal ha sido ingente. La Agencia Tributaria confirma que los ingresos por impuestos han alcanzado los 301.000 millones de euros en 2025. La parte negativa de esta cifra recaudatoria es que se debe principalmente a la subida de tipos, al aumento de la presión fiscal y a una inflación elevada, sin que se haya deflactado la escala impositiva. La carga fiscal (impuestos más cotizaciones) se ha incrementado en España 1,9 puntos del PIB desde 2019; para el resto de la Unión Europea, por el contrario, arroja un descenso de 0,9 puntos.

Otro problema importante del gasto público es el gasto en pensiones, que alcanzará los 189.000 millones de euros en 2026 y que, ante la insuficiencia de las cotizaciones, tendrá que ser financiado en parte con transferencias desde el Estado. Aun así, para el año próximo se ha aprobado una subida récord de las pensiones, tanto contributivas (2,7%) como del resto; las no contributivas se revisarán en porcentajes superiores. No obstante, todavía no se ha acometido una reforma sustancial que garantice que el sistema de pensiones sea sostenible.

Junto a este incremento de las pensiones hay que señalar que el salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido un 52% desde 2019 y que se pretende aumentar un 3,1% en 2026 si no tributa en el IRPF, o un 4,7% si tributa en el IRPF. Según la CEOE, esta subida del SMI incrementa los salarios un 25%.

El problema de la escasez de vivienda asequible constituye el principal problema de la economía española, con amplias repercusiones sociales, económicas y laborales. Es un problema estructural de escasez de oferta. El ritmo de creación de hogares alimenta una demanda de vivienda muy superior a la oferta. Existe un déficit de 600.000 viviendas anuales. En paralelo, el mercado del alquiler ha tenido una fuerte presión de precios, lo cual afecta a los más jóvenes y agrava el problema de escasez de vivienda residencial. Ambos mercados se retroalimentan. La escasez del mercado del alquiler y los altos precios desvían la demanda hacia la compraventa, metiendo más presión en los precios de venta y en la escasez de vivienda.

Uno de los motores económicos que más se va a contraer en 2026 es la inversión privada empresarial, inversión que ya en 2025 ha tenido una gran desaceleración, evolución ligada también a los retrasos en la gestión de los fondos Next Generation, que se han demorado mucho en su ejecución. La falta de mano de obra cualificada es otra de las debilidades de nuestro modelo de crecimiento. El alto nivel de desempleo juvenil es una de las grandes carencias del mercado de trabajo.

El turismo, desde el fin de la pandemia, se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento. Transcurridos unos años de bonanza, el turismo está volviendo a los niveles de crecimiento y aportación al PIB de antes de la pandemia. Lo mismo podemos decir del sector exterior: las exportaciones de servicios continúan creciendo, pero las de bienes están perdiendo aceleración. En el año 2025, el sector exterior ha tenido una aportación negativa del -0,6 % al PIB. Previsiblemente, este comportamiento se seguirá manteniendo en 2026, dado el contexto restrictivo de la economía global. Todas las debilidades mencionadas se resumen en un hecho: la productividad de la economía española se ha estancado y no converge con la europea.

En conclusión, los problemas geopolíticos de reconfiguración y fragmentación del comercio internacional auguran un proceso de desaceleración del crecimiento mundial. España no se libra de esta tendencia y la previsión es de un menor crecimiento del 2,1 %. Aun así, probablemente será de los países que más crezca de la eurozona, ante la crisis política y económica que padecen tanto Alemania como Francia e Italia. No obstante, el principal problema que tiene España es político y de pérdida de confianza de los ciudadanos y de los empresarios ante un gobierno y unos políticos inmersos en procesos judiciales por corrupción.