El enredo Montoro

En mayo de 2024, en el juicio del caso Bankia que llevó al banquillo a Rodrigo Rato por su gestión en la entidad financiera, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó el derecho a la última palabra y señaló a Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, ministros de Hacienda y Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, como responsables de fabricar la causa contra él. Y del primero, como quien no quiere la cosa, declaró que su “despacho privado” estaba al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre él y que un juzgado de Tarragona había abierto una investigación a esa sociedad por tráfico de influencias.

Rato, que se había acogido a la amnistía fiscal diseñada por Montoro en 2012, disparaba sin piedad contra el que consideraba el instigador de su detención por la policía judicial en su casa de Madrid aquel 16 de abril de 2015 que no olvidará. Rato sabía de qué hablaba y no se paró en barras para denunciar al que fuera subordinado suyo en el primer Gobierno de José María Aznar. El despacho privado al que se refería es Equipo Económico (EE), que Montoro fundó en 2006 con el nombre de Montoro y Asociados en el que integró a muchos de sus colaboradores en el ministerio, dando la dirección al ex secretario de Estado Ricardo Martínez Rico.

Ahora acaban de conocerse los resultados de una investigación que se remonta a 2018. Entonces, el juez de Tarragona comenzó a diseccionar las actuaciones del despacho a partir de unos correos electrónicos de una empresa gasista que proponía conectar con el bufete para lograr sus propósitos. Según ha trascendido, EE intermediaba en reformas legislativas para adaptarlas a las peticiones de los clientes que se acercaban a sus oficinas “como mero vehículo para acceder al ministerio” de Montoro. La sociedad cobraba como asesor para “dar apariencia legal a los ingresos”, según la investigación. Las actuaciones han llevado a imputar a Montoro y otros 27 colaboradores por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.

Montoro afirma que dejó EE cuando volvió a ser diputado nacional en 2008 después de cuatro años como eurodiputado. Sin embargo, su sombra era abundante. Para entonces, la Fiscalía Anticorrupción había abierto una investigación por unos contratos firmados con Madrid Network, empresa dependiente de la Comunidad de Madrid que entonces presidía Antonio Beteta, que también era consejero de Hacienda y que, cuando el PP volvió al poder en 2011 y Mariano Rajoy recuperó a Montoro para Hacienda, este le nombró secretario de Estado. También recuperó Montoro a Pilar Valiente como número dos de la Oficina Antifraude, un departamento de élite de la Administración que había tratado los casos Gürtel y Urdangarin, que salpicaban directamente al PP, y en el que el nuevo Gobierno de Rajoy (o sea, Montoro) se cargó a todo el equipo (cúpula y cargos técnicos) que habían investigado las tramas.

Valiente había dimitido en 2001 como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras estallar el caso Gescartera, uno de los escándalos más sonados de la democracia en el que también se vio enredado Montoro. Gescartera era una agencia de valores que había involucrado, en una estafa piramidal, a más de 4.000 inversores, entre ellos la Mutualidad de la Policía, los Huérfanos de la Guardia Civil, la ONCE y varios obispados y arzobispados. El asunto hizo tambalearse al Gobierno y puso al borde de la destitución a Montoro por la implicación de la Agencia Tributaria; pero se saldó con la dimisión de Valiente y Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda, cuya hermana Pilar presidía Gescartera. El asunto acabó en una comisión parlamentaria que el rodillo popular enterró convenientemente pese a los testimonios de los responsables de la CNMV.

No rodaron más cabezas. Montoro se libró y continuó al mando de la histórica cartera que Aznar le había encomendado en detrimento de Rato. El político, procedente del granero de la patronal, había sido en la anterior legislatura secretario de Estado de Economía con el superministro, pero Aznar consideró que era mejor que el control fiscal lo tuviera él. Y Montoro, con ese beneplácito presidencial, comenzó a hacer y deshacer.

Pero la inesperada derrota electoral del PP en 2004, atentados de Atocha mediante, dejó al ministro compuesto y sin ministerio. Se buscó la vida mientras ejercía de eurodiputado y creó la citada EE. Mariano Rajoy se lo devolvió en 2011. Tras la moción de censura en 2018, se erigió como el factótum económico de Soraya Sáenz de Santamaría en el equipo que optó a las primarias del PP que la exvicepresidenta perdió con Pablo Casado.

La imputación de Montoro y sus asociados vuelve a poner en el disparadero de la corrupción al PP. La dirección del partido trató de desvincularse rápidamente sin otro argumento más serio que atacar al bando contrario (“Aquí no hay mordidas, prostitutas, colocación de amigas o cátedras que no existen”). Reflejo de que es lo peor que les podía pasar. Ha roto el optimismo que se vivía en Génova 13 con los casos de corrupción del PSOE.

Montoro se dio de baja inmediatamente mientras afirmaba que había sido víctima de campañas en su contra. Pero el escrito del juez es tajante al afirmar que presuntamente se valió del cargo de ministro para beneficiar a los clientes de EE. El caso es que el cazador ha sido cazado; que quien se había erigido en abanderado de la lucha contra el fraude aparece involucrado en una trama criminal; que la persona que acusó a la prensa, a los actores y otros colectivos profesionales de trampear está bajo sospecha; que el ministro que subió impuestos en contra de la promesa electoral de su partido presuntamente ayudaba a evadirlos a clientes desde el despacho que había fundado; que el hombre que se responsabilizó de la Hacienda durante 11 años en dos etapas tenía una cara b.