Gobernanza y corrupción

LA corrupción es inobservable en muchos casos porque discurre por caminos opacos, lo que dificulta, como también ocurre con la economía sumergida, la medición de su impacto económico. Esta forma de razonar era frecuente hasta finales del pasado siglo, pero el esfuerzo de estudiosos e instituciones permite avanzar en la oscuridad y obtener resultados orientadores, aunque también discutibles, de la dimensión del problema. Se necesitan desarrollos metodológicos, potencia analítica de multitud de datos y, lo más difícil de todo, voluntad política para un diagnóstico certero y el desarrollo de herramientas para combatirla, pero merece la pena. Recuerdo la referencia a la Rusia postcomunista, con un nivel de gobernanza muy bajo, que de conseguir elevarla hasta el nivel de países medios, podría triplicar el ingreso per cápita (Kauffman 2000).

El concepto de gobernanza, entendido de la forma más simple, hace referencia al ejercicio del poder en su relación con la sociedad civil, las instituciones formales e informales y los contrapoderes. Puesto que la corrupción implica alterar el equilibrio de intereses entre gobernantes y gobernados, la medición de la corrupción y su diagnóstico exige contar con la complicidad de todos, pero especialmente con la voluntad de los gobernantes de no obstaculizar el proceso.

BBVA e IVIE estimaban en 2018 que la corrupción en España resta un 1% de crecimiento anual a la economía (16.500 millones de €), lo que significa que si se pudiera erradicar en diez años, el PIB aumentaría en unos 150.000 millones de euros. Poco tiempo después, en plena pandemia, un estudio promovido por el grupo Verde de la Eurocámara estimó el coste anual de la corrupción en 904 mil millones de euros en el conjunto de la UE y en 90 mil millones en el caso de España, un 7,2% del PIB de 2020. Esta cifra era casi tres veces la del presupuesto de la Junta de Andalucía en ese mismo año (38,5 mil millones), también el triple que los intereses de la deuda pública y equivalente a ocho meses del gasto en pensiones.

Existe una relación inversa y contrastada entre nivel de desarrollo y corrupción, cuya cuantificación económica también resulta compleja. El encomiable esfuerzo en Naciones Unidas y Banco Mundial facilita la aproximación al problema y la elaboración de un diagnóstico con el que trabajar para erradicarla. Uno de los principales obstáculos es la cooperación imprescindible de quienes detentan el poder en cada momento.