El mercado de la vivienda y el del voto

El de la vivienda tiene todas las características de un mercado competitivo. Muchos oferentes y demandantes y ninguno de ellos con poder suficiente para imponer precios, aunque la realidad es bastante más compleja. En primer lugar, porque se trata de un mercado segmentado en el territorio (un aumento de la oferta en Córdoba no satisface el exceso de demanda en Málaga) y en segundo lugar porque las externalidades en la edificación (costes no asumidos por el promotor) son cuantiosas y en muchos casos irreversibles. El impacto sobre el paisaje, el tráfico o la conservación de espacios naturales son ejemplos que justifican sobradamente la regulación pública y el interés de los partidos políticos por llevar el asunto al terreno de las ideologías. Sobre todo tras el ascenso de la vivienda hasta la cúspide en la escala de preocupaciones de los españoles y su más que previsible impacto electoral.

El diagnóstico que no se discute es la insuficiencia de la oferta, pero se discrepa en las causas del problema y en las fórmulas para resolverlo. Al Gobierno corresponde la carga más pesada en la disputa electoral debido al fracaso en la gestión y al incumplimiento de los compromisos de campaña ante un ejército tan numeroso de damnificados que permite vislumbrar todo un festín de votos.

La propuesta de bonificaciones fiscales a los arrendadores supone un giro importante en la estrategia del Gobierno. Por un lado, porque tratándose de un mercado que, pese a la intervención, debe y puede funcionar en condiciones de competencia, el incentivo es preferible a la imposición coercitiva, a través del BOE, de la forma en que debe hacerlo. Por otro, porque supone aceptar que, al margen de las ayudas sociales, los incentivos han de dirigirse a la oferta, donde reside el problema de la insuficiencia, y no a la demanda, como exigen una parte del Gobierno y de sus socios de investidura.

El principal problema para el Gobierno es que el historial de decepciones perjudica seriamente la credibilidad de sus propuestas, pero no es el único. En primer lugar, porque también supone un beneficio fiscal sobrevenido para arrendadores en zonas no tensionadas, donde el precio de los alquileres crece a un ritmo razonable. Pero también porque no resuelve el principal obstáculo al crecimiento de la oferta, que no es otro que la inseguridad jurídica provocada por la sobreprotección al arrendatario y la indefensión del arrendador en la Ley de Vivienda de 2023.