Recaudación y financiación autonómica

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. / Europa Press

27 de enero 2026 - 06:00

Para repartir sustancialmente fondos entre las autonomías hay que disponer de suficientes recursos estatales, lo que se ha conseguido aumentando la recaudación en un 8,4% para el último dato consolidado, y permite, además de una fuerte inversión estatal del 5,9% (dato de la Fundación BBVA), que las autonomías, contando liquidaciones pendientes, reciban un 15% más.

Otro principio básico es el de igualdad de los españoles, por lo que la financiación no responde a un criterio de reparto por recaudación, y se consideran variables demográficas, territoriales, y situación de partida. Aun así, es interesante recordar lo que recauda el Estado en una autonomía y lo que esta recibe; pese a que el Chat generativo utiliza dos años distintos para recaudación y reparto, conocemos que en la Comunidad de Madrid se recauda más que se recibe, pero es atípica por ser sede de grandes empresas y residir personas de elevadas rentas.

Entre las comunidades las diferencias son considerables. Extremadura recibe siete veces lo que se recauda en ella, y Murcia casi cinco; las dos Castillas 4,1 veces, y Galicia 3,5. Andalucía es también muy dependiente del Estado, pues transfiere 3,9 veces lo que este recauda en la comunidad. Solo Comunidad Valenciana y Cataluña tienen múltiplos relativamente bajos, de 1,7 y 1,2 veces, respectivamente.

Tres cuestiones para considerar son: primera, lo que reciben las comunidades tiene un efecto fiscal expansivo en otras cuando, por ejemplo, se pagan gastos sanitarios a compañías con sede en otra comunidad; es verdad que se gasta en beneficio de la población residente, pero el impacto fiscal repercute fuera. Segundo, desde esta perspectiva de los ingresos las comunidades tendrían interés en ser sedes de grandes empresas y residencia de personas físicas que pagaran impuestos altos; pero atraer a foráneos que no tributan en la comunidad por impuestos directos, es fiscalmente marginal. Tercero, la obsesión de algunas autonomías por bajar impuestos, evidencia que aunque la cesión de tributos estatales es una oportunidad, pone en un compromiso a quienes quieran bajarlos.

En fin, el razonamiento de reducir impuestos tiene su lógica, pero hay que verlo en una perspectiva distinta al oportunismo electoral o populista, ya que reducir impuestos en una comunidad es un agravio comparativo para otras con tipos más altos y exenciones más estrictas en impuestos cedidos como transmisiones, donaciones y herencias, y a sus habitantes le resultaría paradójico e irritante que otra comunidad cobre menos y pida más al Estado.

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