COAG denuncia un sobrecoste de 17 millones en una semana por la "subida especulativa" del gasóleo agrícola y los fertilizantes
Reclama una investigación de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la fijación de precios tras los incrementos del 41% y el 20% de ambos productos
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La organización agraria COAG denuncia que el sector acumula en la última semana un sobrecoste de 17 millones de euros, lo que equivale a 2,4 millones al día, por la “subida especulativa” de los precios del gasóleo agrícola y los fertilizantes registrada al hilo del conflicto bélico en Oriente Medio
De acuerdo con el informe elaborado por COAG, el precio del gasóleo agrícola se ha disparado en la última semana un 41%, desde los 0,85 euros el litro a 1,20 euros, mientras que la urea —,uno de los principales fertilizantes nitrogenados de uso agrícola— se ha incrementado un 20%, hasta situarse en los 600 euros por tonelada frente a los 500 euros anteriores.
Si esta situación se prolongara durante un año, el sobrecoste para el campo español ascendería a 890 millones de euros, de los que 700 millones corresponderían al gasóleo -con un consumo anual estimado de 2.000 litros- y otros 190 millones a la urea -1,9 millones de toneladas al año-.
El informe, elaborado a partir de datos de comercio exterior y el análisis de la cadena de suministro, sostiene que las subidas experimentadas en el mercado español carecen de justificación. En este sentido, COAG esgrime que tanto el gasóleo agrícola como los fertilizantes que importa España tienen una dependencia limitada del Golfo Pérsico.
Además, la organización considera que el encarecimiento responde a una dinámica especulativa, ya que el gasóleo y la urea a la venta en el mercado ya estaban en los almacenes antes del estallido del conflicto, por lo que no existiría una “escasez real”, sino “una anticipación especulativa”. A su juicio, los distribuidores están trasladando al agricultor el riesgo de posibles problemas de suministro futuros, cargando ese coste sobre el stock adquirido previamente a precio inferior.
"En menos de una semana no puede haber cambiado ni un litro de gasóleo en los depósitos españoles. El producto en los almacenes de los distribuidores llegó a España antes del conflicto, con contratos previos al conflicto”, señala el informe, que añada que “se necesitan entre 60 y 120 días para que un conflicto en el Estrecho de Ormuz tenga impacto en el suministro de carburante en España".
En este contexto, COAG reclama que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas. Asimismo, pide al Gobierno español y a las instituciones europeas que activen mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución, así como de alerta temprana del mercado energético y agrícola.
Encarecimiento injustificado
El informe también cuestiona el argumento del sector distribuidor sobre el encarecimiento de los combustibles en caso de un eventual bloqueo del Estrecho de Ormuz. Según los datos analizados, alrededor del 80% del crudo que importa España procede de países que no se verían afectados directamente por esa ruta, como Estados Unidos (entre el 22% y el 25%), Nigeria (12%-15%), México (8%-10%), Kazajistán (6%-8%) y otros productores como Angola, Brasil o Libia (20-30%).
Por el contrario, sólo entre el 17% y el 21% del crudo que entra en España —principalmente desde Arabia Saudí e Irak— transita por el Estrecho de Ormuz, una proporción que, a juicio de COAG, no justificaría un incremento del 41% en el precio del gasóleo agrícola.
COAG considera que el argumento para la subida de la urea es "menos sólido aun", ya que los grandes proveedores de fertilizantes nitrogenados para España son Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia y Biolorrusia, cuyas rutas comerciales tampoco atraviesan el Estrecho de Ormuz ni se ven afectadas directamente por el conflicto.
En este sentido, el informe señala que úñnicamente la cadena de suministro procedente de Irán y de Qatar se verían afectadas, aunque su participación en las importaciones españolas es “mínima”.
Por ello, COAG concluye que "el agricultor español está pagando una prima de guerra por un conflicto que no afecta directamente a su cadena real de suministro de fertilizantes".
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